El reciente crimen contra un exmilitar venezolano asilado en Chile, que fue secuestrado y apareció muerto días después, tendría un móvil político ordenado desde Venezuela y el Gobierno exigirá a Caracas que colabore en su investigación y extradite a dos sospechosos, dijeron el viernes autoridades en Santiago.
La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, respaldó la hipótesis de la fiscalía, que ha descartado que el exmilitar Ronald Ojeda, sacado de su hogar en Santiago a fines de febrero, estuviera involucrado en actos ilícitos, que se tratara de un secuestro extorsivo o que el propio exteniente llevara adelante un autosecuestro.
"Aquí el crimen organizado está metido, fueron los hechores. El tema es cuál fue el móvil que tuvieron", dijo Tohá a periodistas. "La hipótesis más plausible es que haya habido algún móvil político", añadió.
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Tohá dijo que dos personas supuestamente involucradas en el crimen, que se fugaron a Venezuela, son las que tienen la "clave" del caso y que "son las que recibieron el encargo para hacer este secuestro".
La funcionaria dijo además que la decisión del jueves del presidente Gabriel Boric de llamar a consultas al embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, está vinculada a este caso.
La noche del jueves, en un reportaje de televisión, el fiscal Héctor Barros que coordina el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de Santiago dijo que "se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela".
En declaraciones a periodistas el viernes, el fiscal reafirmó que la organización que estuvo a cargo fue la banda criminal Tren de Aragua, un grupo que nació en una cárcel del centro de Venezuela y se extendió a varios países de la región actuando en secuestro, extorsión, narcotráfico, tráfico de personas, entre otros delitos.
"Estamos hablando de una víctima que ha participado en acciones en contra del gobierno venezolano, y en segundo lugar ha estado detenido nueve meses en Venezuela, se escapó y tiene asilo político en Chile. En atención al perfil que él tiene, no hay otra línea investigativa", afirmó el fiscal.
"Jamás se intentó pedir un rescate, fue una víctima que fue asesinada pocas horas después de haber sido secuestrada", acotó.
La madrugada del 21 de febrero, el exteniente de 32 años fue sacado en ropa interior desde su casa por hombres vestidos como policías civiles chilenos, según revelaron las cámaras de seguridad. Su cuerpo apareció el 2 de marzo dentro de una maleta, enterrado bajo una estructura de cemento a más de un metro de profundidad.
Hasta ahora solo hay un detenido por el caso, un menor de edad venezolano que está en Chile de manera irregular.
La fiscalía formuló un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela para que colabore con la detención de dos ciudadanos venezolanos sospechosos del crimen y que están en ese país, según dijo Barros.
La solicitud será respaldada por el Gobierno chileno "a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades y también participación con una voz muy clara y firme en los foros internacionales demandando la colaboración del Gobierno venezolano", dijo Tohá por su parte.
La ministra aclaró que si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de sus nacionales, existe un tratado de extradición vigente desde 1962 que no ha sido desahuciado ni por Venezuela ni por Chile.
En un reporte oficial divulgado en enero de este año por el ministerio venezolano de Defensa, Ojeda figura en una lista sobre "degradación y expulsión de profesionales militares de la FANB", la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El Gobierno venezolano no ha reaccionado hasta ahora sobre las declaraciones de autoridades chilenas.
Con información de Reuters
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