La Fiscalía de Barcelona apeló hoy la decisión de una jueza de la ciudad española que no hizo lugar a una querella presentada por un sindicalista que denuncia haber sido torturado mientras estuvo detenido durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
El sindicalista, Carles Vallejo, dice que fue sometido a torturas en 1970 y 1971 durante su detención en una comisaría de Barcelona, la capital de la norteña región española de Cataluña.
La de Vallejo fue la primera querella presentada en virtud de la Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022, que establece la obligación del Estado español de investigar crímenes del franquismo y la desaparición de decenas de miles de personas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Una jueza de primera instancia de Barcelona, sin embargo, rechazó la querella por considerar que el presunto delito de torturas denunciado por Vallejo no es de lesa humanidad y estaría amparado por la Ley de Amnistía de 1977 y, en todo caso, prescrito.
La Fiscalía dice que la investigación debe realizarse en virtud de la LMD y que decidió apelar la decisión judicial en coordinación con la nueva unidad de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a cargo de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado.
En un comunicado, el Ministerio Público explicó que la medida del juzgado de primera instancia que no admitió la demanda de Vallejo "resulta prematura, puesto que, tras la entrada en vigor de la LMD, no cabe el rechazo de plano de la querella".
"Es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento", agregó la Fiscalía en su argumentación.
Además, recordó que "la doctrina jurisprudencial alegada en el auto recurrido corresponde a un marco jurídico anterior a la LMD", informó la agencia de noticias española Europa Press.
Agregó que "se trata de aplicar el derecho a la justicia integradora y una interpretación con enfoque de Derechos Humanos y respetuosa con los principios vertebradores del derecho internacional de los derechos humanos y de los tratados y convenios sobre la materia".
Entidades denunciaron que "la negativa a investigar los crímenes del franquismo supone una vulneración del derecho a la verdad, la justicia y la reparación", así como "la continuidad y permisibilidad del modelo de impunidad basado en el silencio y el olvido aún vigente en el Estado español".
En 1977, con los primeros pasos de la democracia española, se aprobó una ley de amnistía, con la que se hizo borrón y cuenta nueva de los delitos políticos cometidos bajo la dictadura de Francisco Franco, tanto los del régimen como los de la oposición.
Otra denuncia presentada en Madrid sí fue aceptada a trámite por la justicia y sigue su curso, y su presunta víctima, Julio Pacheco Yepes, que fue detenido cuando era un estudiante y torturado, se convirtió en septiembre en el primero en declarar ante un juez en democracia por presuntos delitos del franquismo.
Con información de Télam
Cerrar sesión