Diputados y senadores franceses alcanzaron hoy un acuerdo sobre un controvertido proyecto de ley de inmigración impulsado por el Gobierno que refuerza las expulsiones y limita los beneficios sociales, tras recibir el apoyo de la ultraderecha en medio de arduas negociaciones.
La comisión mixta paritaria, formada por siete senadores y siete diputados, empezó las negociaciones para acordar una nueva versión del texto ayer y las retomó hoy luego de una noche marcada por desacuerdos de último minuto, sobre todo respecto a las ayudas sociales.
La Asamblea Nacional (Cámara baja) rechazó debatir el anterior proyecto el 11 de diciembre, infligiendo un revés al presidente Emmanuel Macron.
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El gobierno decidió mantener la reforma y convocó una comisión paritaria con el objetivo de buscar un compromiso entre el oficialismo y la oposición. El nuevo texto deberá ser ahora votado en ambas cámaras, previsiblemente hoy, informó la agencia de noticias AFP.
La primera ministra, Elisabeth Borne, insistió en que se trata de una reforma "necesaria" y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, cree que, aunque "no es el texto perfecto", sí supone un paso adelante "para proteger a los franceses", por lo que espera poder cubrir sin contratiempos los trámites en ciernes, según la emisora de radio francesa de informativos Franceinfo.
La presidenta de ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, destacó también el acuerdo y anunció que sus diputados votarían a favor del proyecto de ley.
"Podemos alegrarnos de un avance ideológico, de una victoria incluso ideológica de la Agrupación Nacional, ya que ahora la ley incluye la prioridad nacional, es decir, la ventaja concedida a los franceses sobre los extranjeros presentes en nuestro territorio para acceder a un número determinado de prestaciones sociales", escribió Le Pen.
"Es nuestro texto", reaccionó por su parte el presidente del partido de derecha Los Republicanos (LR), Éric Ciotti y consideró que "es un verdadero punto de inflexión" y reivindicó la influencia de su partido en las negociaciones, y prometió que su grupo también votará a favor del texto.
El jefe del grupo socialista en la Asamblea, Boris Vallaud, declaró, en cambio, que el acuerdo suponía "un gran momento de deshonra".
Las negociaciones finales se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular.
El Senado, controlado por la oposición de derecha, endureció el proyecto del Gobierno, que busca reforzar las expulsiones y mejorar la integración, y abogó por poner fin, por ejemplo, a una ayuda médica de emergencia para los migrantes.
Según fuentes parlamentarias, el compromiso sellado hoy incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios (que no sean ciudadanos de la Unión Europea) en función de si están o no "en situación de empleo".
Finalmente, este tipo de prestaciones, por ejemplo las destinadas a familias o a temas de vivienda, estarán condicionadas a que los extranjeros lleven al menos cinco años en Francia, en lugar de seis meses, como hasta ahora.
En caso de tener trabajo, se rebajan los plazos, a entre tres y 30 meses, en función del subsidio.
Además, el borrador incluye medidas de regularización de los inmigrantes que puedan trabajar en sectores con escasez de mano de obra, el endurecimiento de los requisitos para la reunificación familiar, la recuperación del delito de estancia ilegal, la prohibición de ingreso de menores en centros de reclusión administrativa o la retirada de la nacionalidad para quienes cometan delitos contra las fuerzas de seguridad.
Las nuevas restricciones no se aplican para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para los que disponen de una tarjeta de residencia.
En un comunicado conjunto, varias ONGs y sindicatos denunciaron el acuerdo alcanzado y describieron el proyecto de ley como el "más regresivo desde hace al menos 40 años" en Francia, que cuenta con 5,1 millones de extranjeros en situación regular, un 7,6% de la población, y acoge a más de medio millón de refugiados.
Asimismo, hay entre 600.000 y 700.000 migrantes en situación irregular, según las autoridades.
Con información de Télam
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