El lunes por la noche, el presidente Donald Trump pidió al Departamento de Estado que designara a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras", una medida que aumenta el alcance de la aplicación de la ley estadounidense sobre los grupos criminales, pero corre el riesgo de complicar los negocios internacionales, restringir las solicitudes de asilo y tensar las relaciones con México, según analistas.
La medida apunta a dos promesas clave de Trump -enfrentar la migración y el narcotráfico- y busca poner a cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la par de organizaciones terroristas designadas como Al-Qaeda, Boko Haram, Hezbolá y el Estado Islámico.
Analistas entrevistados por Reuters dijeron que es poco probable que la designación cambie las reglas del juego en la guerra contra las drogas y no altera drásticamente los poderes existentes otorgados a las autoridades estadounidenses para perseguir a los cárteles. La Kingpin Act, que data de la década de 1990, permite, por ejemplo, imponer sanciones internacionales y perseguir a los estadounidenses que ayuden a los cárteles.
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Sin embargo, según los analistas, la ley amplía la red de persecución de personas o grupos sospechosos de ayudar a los grupos criminales, y facilita la persecución de los miembros de los cárteles que operan en el extranjero bajo la ley estadounidense.
"Estados Unidos ya cuenta con muchas herramientas para perseguir a los cárteles", dijo María Calderón, del Wilson Center, en Washington DC. "Pero la cláusula de 'apoyo material' sí abre la puerta a más posibles enjuiciamientos", agregó.
La designación no facilita -desde una perspectiva legal- la acción militar en México, pero algunos analistas dijeron que podría servir como un trampolín político hacia alguna forma de intervención militar al ayudar a construir una justificación para ello.
"No hay nada en el lenguaje de la ley detrás de una designación FTO (organizaciones terroristas internacionales) que autorice cualquier acción militar", dijo Elisabeth Malkin, subdirectora del programa para América Latina de International Crisis Group. "Pero podría cambiar la mentalidad en Washington".
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, dijo en un comunicado en respuesta a las preguntas de Reuters que "después de las herramientas adicionales que esta designación proporciona al presidente Trump y a su Gobierno, envía un mensaje claro a los cárteles que amenazan a los ciudadanos estadounidenses".
México se ha opuesto durante mucho tiempo a la medida, argumentando que los cárteles no están motivados por fines políticos como otros en la lista terrorista, sino por el lucro.
El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó un tono menos confrontacional, diciendo que los dos países necesitaban trabajar juntos respetando la soberanía mexicana.
"Todos queremos combatir a los cárteles de la droga, eso es evidente. Entonces, ¿qué hay que hacer?, hay que coordinar esfuerzos, hay que colaborar, ellos (Estados Unidos) en su territorio, nosotros en nuestro territorio", dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.
La orden también podría afectar a los migrantes, a los que los traficantes de personas extorsionan regularmente para obtener dinero por protección o les obligan a pagar rescates por secuestros, por considerar que "apoyan" a una organización terrorista, lo que les impediría solicitar asilo en Estados Unidos.
"Esto hace que sea prácticamente imposible conseguir asilo para cualquier migrante que se vea obligado a pagar (...) a los cárteles", afirmó Vanda Felbab-Brown, experta de la Brookings Institution.
Los cárteles mexicanos ganan millones con el rentable negocio del tráfico de personas. Controlan franjas de territorio en la frontera y a través de las rutas migratorias, zonas en las que a menudo exigen un pago para cruzar y secuestran habitualmente a migrantes para pedir rescate.
También podría tener el efecto contrario, ya que huir de organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos en ciertos casos podría reforzar las solicitudes de asilo de los migrantes, señalaron Felbab-Brown y otros, que añadieron que la forma en que se interprete dependerá de la voluntad política.
RIESGO PARA EL COMERCIO
Una designación también podría afectar al comercio, según los expertos. La legislación estadounidense estipula que prestar apoyo material a estas organizaciones puede dar lugar a la confiscación de bienes, cargos penales y multas sustanciales.
Las empresas estadounidenses y multinacionales que operan en muchas partes de México suelen pagar extorsiones y otros pagos a personas afiliadas a los cárteles para poder producir, transportar y vender mercancías. Según los analistas, esta designación podría complicar el comercio y dificultar el cumplimiento de las normas.
"Podría tener un efecto amedrentador para las empresas estadounidenses en todo México", dijo Brian Philips, experto en seguridad en México de la Universidad de Essex, pero añadió: "tendremos que ver si las autoridades estadounidenses realmente persiguen a las empresas por pagar extorsiones".
Un estudio de 2024 de la Cámara de Comercio Americana en México (Amcham) mostró que el 45% de más de 200 empresas había recibido demandas por pagos de protección y el 12% dijo que el crimen organizado había "tomado el control parcial de las ventas, distribución y/o fijación de precios de sus bienes".
La designación también podría complicar el cumplimiento de la normativa para las empresas de transferencia de dinero que procesan pagos transfronterizos y operan en zonas controladas por los cárteles, añadieron Philips y otros analistas.
El plan inicial para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas surgió de la promesa de Trump de "librar una guerra" frente los cárteles mexicanos en un esfuerzo por frenar la crisis de fentanilo que asola a las comunidades estadounidenses.
Pero quizás más importante, dicen algunos, es el aumento de la influencia sobre la clase política mexicana.
"Un gran número de personas en posiciones de poder en México -gobernadores y alcaldes corruptos, miembros de las fuerzas de seguridad, banqueros- van a ser procesables o al menos intocables (para trabajar) para el gobierno de Estados Unidos", dijo Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Con información de Reuters
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