El jueves 16 de julio, 49 legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron el proyecto para la adhesión al protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Antes de responder qué cambio genera que el protocolo se haya aprobado en la Legislatura porteña, hay que aclarar que el aborto en Argentina es legal por causales y es necesaria una regulación de la práctica.
El aborto es legal por causales desde antes que se aprobara el protocolo mencionado: en 1921, el artículo 86 del Código Penal estableció que el aborto no era punible si se hacía con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la persona gestante y/o en casos de violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Años después, específicamente en 2012, se establecieron pautas claras para garantizar el acceso a la ILE a través del Fallo F.A.L. Este fallo, entre otras cosas, determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no sería punible; también convocó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto que la ley no prohíbe y, además, exhortó al Estado Nacional y a provincias y municipios a establecer protocolos sanitarios para realizar la práctica de la mejor manera posible.
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Lejos de conformismos, en la actualidad la lucha por la ampliación de derechos continúa. Lo que se votó el jueves en la Legislatura porteña fue la adhesión al protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Este protocolo fue presentado por el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, el 13 de diciembre de 2019, luego de que el ex presidente Mauricio Macri derogara su actualización antes de terminar su mandato. El 19 de febrero de este año la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó en la Legislatura el proyecto para la adhesión al protocolo y, después de cinco meses de espera, se aprobó.
Todos los legisladores y legisladoras participaron de la sesión del jueves. Hubo 49 votos a favor, que pertenecían a casi todos los bloques políticos presentes; siete votos en contra- todos por parte de diputados del partido Vamos Juntos- y tres abstenciones. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia ahora que el protocolo se aprobó en Capital Federal?.
Qué establece el protocolo de ILE
Según contó a El Destape Patricia Bustamente, que es abogada feminista, migrante e integrante de la Comisión de Articulación Nacional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el protocolo nacional de ILE otorga un mayor y mejor acceso al derecho al aborto porque establece también seguridad jurídica para los profesionales y el personal de la salud. Desde el Ministerio de Salud de la Nación marcaron que el objetivo es ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplada en el marco jurídico argentino.
El protocolo establece el tratamiento de medicamentos con misoprostol o la AMEU (Aspiración Manual Endouterina) y reafirma que las causales seguirán siendo las mismas que figuran en el artículo 86 del Código Penal y en el fallo F.A.L, mencionadas anteriormente.
De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, "se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección". En cambio, las niñas menores de 13 años "podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado". Según contó la legisladora por el Frente de Todos, María Bielli a El Destape Radio, "en CABA hay 60 lugares que realizan la Interrupción Legal del Embarazo con el fallo FAL y con esta decisión se adhieren al protocolo nacional" y destacó que "una de las complicaciones más grandes era no contar con autorización de un mayor".
En cuanto a la objeción de conciencia por parte del personal médico, deberá ser individual y no podrá ejercerse si no existiera otro/a profesional disponible para realizar la práctica en el centro de salud u hospital. Es decir, que los profesionales de la salud podrán resistirse al protocolo en caso de contradecir sus propios principios morales, pero no se podrá recurrir a la objeción de conciencia institucionalmente. "Las personas jurídicas no tienen conciencia y de ser así, provocaría que sectores enteros se queden sin acceso al derecho del aborto", sostuvo Patricia Bustamante. Un ejemplo de esto es que, en países en donde se aprobó la objeción de conciencia institucional, las personas que vivían en determinadas localidades no tenían acceso al derecho porque no podían acercarse al lugar más cercano por ser objetor.
En el documento se destaca que para la realización de una ILE nunca será exigible la denuncia policial o judicial de violación. "Es muy importante marcar esto porque muchas veces se exige la denuncia y no es necesario: no es necesario judicializar nada, es una declaración jurada que hace una persona declarando que le pasó ésto", afirmó Bustamente.
Cómo era antes de la adhesión al protocolo
En la Ciudad de Buenos Aires existía un protocolo que en 2012 fue vetado por el jefe de Gobierno de ese entonces, Mauricio Macri. “Soy el jefe del veto”, dijo en su momento. En su lugar, se estableció un protocolo restrictivo, conocido como el protocolo “Lemus” por el nombre del ministro de Salud porteño de ese momento: Jorge Lemus. Significó un gran retroceso para la lucha por la ampliación de derechos para las personas gestantes, ya que el documento evitaba abordar la cuestión de fondo para acceder al derecho al aborto y ni siquiera cumplía con lo que figuraba en el artículo 86 del Código Penal. Patricia Bustamante recuerda que varias organizaciones de Derechos Humanos fueron en contra de este protocolo, que actualmente está judicializado, por lo tanto, no estaba siendo aplicado en Ciudad de Buenos Aires.
“Se garantizaba la ILE porque ya es legal el aborto por causales pero no había ningún protocolo de actuación. Algunos se regían por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, otros aplicaban el protocolo de Nación, pero no estaba esa certeza que necesitan los profesionales, por más de que lo tengan que garantizar igual porque es un derecho", admitió Bustamante.
Entonces, ¿para qué sirve el protocolo?
El protocolo de la ILE otorga seguridad jurídica para los profesionales de la salud y también para las personas gestantes que quieren hacerse un aborto. Básicamente, es tener algo a lo que poder consultar y con lo que poder manejarte para decir "yo hice esto porque está acá".
"Si no tienen protocolos no es que en esa provincia el aborto no es legal por causales, lo sigue siendo: solamente que no tiene el protocolo", afirmó Bustamante. Es sabido que muchas veces hay personal de la salud que es hostigado cuando se garantiza el derecho al aborto legal (por causales). Por este motivo, tener un protocolo para defenderse ante cualquier situación, es fundamental.
La Ciudad de Buenos Aires no es la única ni la primera en adherir al protocolo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. En la actualidad, son 13 las provincias que cumplen con el mismo: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis. Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, La Pampa y ahora, CABA.
Las provincias tienen la posibilidad de presentar sus propios protocolos, y eso hicieron en Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, Catamarca y Mendoza. Algunos son más restrictivos que otros. Pero también, aún existen provincias que no cuentan con ningún protocolo para el acceso a la ILE: Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, San Juan y Tucumán
La lucha sigue
Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de CABA ven la adhesión al protocolo como un logro, pero el objetivo mayor es que se apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue presentado en el Congreso de la Nación por octava vez en mayo de 2019.
Por este motivo, Bustamante dice que no alcanza con hablar de despenalización sino de legalización “porque la despenalización solo implica que salga del Código Penal y deje de ser un delito, mientras que las desigualdades entre las personas siguen y sólamente pueden acceder quienes puedan pagar un método seguro”.
El aborto es una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de justicia social; y la lucha no para hasta que sea ley.
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