El nuevo Gobierno de Lula y el desafío de un Brasil más justo e inclusivo

Analistas, referentes políticas feministas e indígenas brasileñas visibilizaron las demandas y analizaron ante El Destape la coyuntura en la que asume el Gobierno de Lula.

31 de diciembre, 2022 | 20.00

El tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva llega tras varios años de retrocesos en materia de derechos que desde distintos sectores demandan enmendar en un escenario que se presenta con limitaciones: el bolsonarismo logró mayoría en el Congreso con el Partido Liberal. La balanza, en tanto, se intentará torcer desde el Ejecutivo, en donde el nuevo mandatario designó en los 37 ministerios a once mujeres -hecho inédito en la historia del país, aunque no se llega a la paridad- y activistas antirracistas e indígenas en las primeras líneas.

A continuación, un repaso por las demandas sociales y los desafíos que se deberán enfrentar en las voces de referentes, analistas y protagonistas.

La demanda de los feminismos por la lucha antirracista

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Los movimientos feministas, de mujeres, indígenas, LGBT+ y por los derechos humanos fueron los que opusieron resistencia al desgobierno de Jair Bolsonaro y a su propuesta fundamentalista. Como conocen el terreno, saben a qué se enfrentan y qué es lo que hace falta. Por eso, previo a que se conocieran todas las designaciones en el Ejecutivo nacional, la Articulación de Mujeres Brasileñas -una organización con más de 30 años y redes en todo el país- salió a marcar la cancha y publicó una proclama con una pregunta: ¿Dónde están las mujeres en el Gobierno de Lula?

Exigieron la presencia de mujeres comprometidas con la lucha feminista y antirracista e hicieron énfasis en la interseccionalidad de las demandas que se levantan desde distintos sectores en espejo con los más de 300 pueblos indígenas que habitan en el país y con el 50 por ciento de la población que se reconoce negra, según el último censo.

“La agenda por la paridad de género en la política es central para los movimientos feministas que luchan a diario en defensa de la ciudadanía y los derechos humanos”, indicaron y listaron seis puntos “innegociables”. Entre ellos, enfrentarse al racismo estructural, la lucha por la justicia socioambiental y la defensa de los pueblos indígenas, de los derechos sexuales y reproductivos con la legalización del aborto y acabar con el odio a la comunidad LGBT+. ¿Cómo cumplir estos objetivos? La diputada nacional por el PSOL Taliria Petrone adelantó una respuesta en diálogo con El Destape: “La demarcación de los territorios indígenas, el control de armas y municiones para enfrentar el genocidio indígena y de la población negra, así como la prohibición de operativos en las favelas”.

Para ella, el mayor desafío del Ministerio de la Mujer -que será comandado por Cida Gonçalves- será el fin de la violencia contra las mujeres y niñas en el país, especialmente contra las mujeres negras. Para ello, propuso “pensar en políticas que estén conectadas con áreas como la seguridad pública y la educación, para la prevención y la protección de las personas”. En paralelo, consideró que el movimiento feminista tendrá la tarea de entablar un diálogo con la sociedad “para poder avanzar, por ejemplo, con el aborto en los casos previstos por la ley”.

“Realmente nos da esperanza para la reconstrucción que nuestro país necesita, solo así se podrá avanzar en un país más democrático y justo”, dijo Petrone para celebrar los nombramientos de Sonia Guajajara, Anielle Franco, Margareth Menezes, Nísia Trindade y Silvio Almeida en distintos ministerios. Lula, por su parte, al anunciar su Gabinete completo se comprometió a que se termine "esa historia de que las mujeres cobren menos que los hombres".

Pueblos indígenas en defensa del territorio y de la Amazonía

“Estoy feliz porque nunca en la historia de Brasil tuvimos una indígena como ministra de los Pueblos Indígenas”, dijo Lula mientras tomaba de la mano a Sonia Guajajara, electa diputada nacional y designada al frente de esa cartera. La activista y lideresa de la Amazonía e integrante del PSOL de San Pablo fue uno de los nombres propuestos por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), creada en 2005 con representación en todos los estados.

Desde APIB ya habían entregado un documento a la mesa de transición con once puntos en los que proponen la derogación de leyes y decretos "anti-indígenas", presupuestos para los organismos indígenas y la protección de líderes y lideresas amenazados. “Este informe retrata los problemas actuales y más graves que enfrentan los pueblos indígenas y que necesitan ser resueltos en estos primeros 100 días de gobierno”, contó a El Destape coordinadora de la Secretaria de Género de la organización indígena MATPHA, profesora y pedagoga del estado de Acre, Gracinha Manchineri.

El énfasis está puesto en la demarcación de las tierras como política central para la protección del territorio y cerrar el paso a grileiros (ladrones de tierras públicas), mineros y madereros ilegales que destruyen la Amazonia. Por esta razón, APIB denunció a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por ecocidio y genocidio: sostienen que ignoró la Constitución de 1988, que garantiza la protección de las comunidades y el derecho a sus territorios. También, reclaman la participación social en los consejos de salud indígena, de donde fueron excluidos durante el último gobierno.

Como dato, en 2021 el presupuesto de los organismos públicos de conservación ambiental se redujo un 71% con respecto a 2014, según la Universidad Federal de Río de Janeiro, indicó Télam. Por eso, para Manchineri, el principal reto de Lula es “reestructurar a un país que hoy es reconocido como el que más deforesta porque el Gobierno de Bolsonaro terminó con la Amazonia”. De hecho, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) detectó entre enero y agosto pasados un aumento de los incendios del 16% respecto al mismo periodo de 2021, la cifra más alta en 12 años.

Chirley Pankara, lideresa del pueblo pernambucano pankara, diputada estadual de la bancada colectiva del PSOL por el estado de San Pablo, antropóloga y educadora, sumó un eje más: la situación de la población indígena en contextos urbanos. “El desafío siempre será la desigualdad”, señaló ante este medio y sostuvo que “es un error” asumir que las y los indígenas que viven en las ciudades “están adaptados”.

Foto: Julianite Calcagno

Ella, que habita hace 24 años en una de los centros urbanos más grandes del mundo, contó que “se tiende a invisibilizar a los pueblos indígenas que viven en la ciudad” cuando alegan que pierden sus costumbres y los obligan a acreditar su ancestralidad. “Nosotros tenemos relación con nuestros territorios, con nuestra fuerza ancestral y con nuestra cultura, tenemos 523 años de resistencia. Es una gran violencia que nos nieguen políticas públicas y es genocidio cuando nos dicen que nosotros dejamos de ser indígenas por estar en la ciudad”.

Para Pankara, que compartió lista de candidatos con Guajajara en las últimas elecciones –aunque no resultó electa-, el Ministerio de los Pueblos Indígenas es un “hito histórico”. “Nos da ánimo y esperanza para que la demarcación de tierra suceda con más facilidad, que no tengamos retrocesos o invasores en nuestros territorios, seremos nosotros hablando por nosotros mismos”, dijo. En consonancia, se manifestó Manchineri. Para ella, esta cartera es “el reconocimiento de que el Estado necesita hacer reparaciones históricas a los pueblos indígenas que sufrieron durante todo este tiempo la imposición de un Estado colonial, que les negó sus derechos y los relegó a la pobreza extrema”.

El evangelismo y las iglesias

El evangelismo sostiene, en la actualidad, a unas 70 millones de personas, que representan al 30 por ciento de la población, según datos publicados por Datafolha, y Bolsonaro cosecha entre sus adeptos gran parte de ese sector. Para hablarle a esa comunidad, de cara a la segunda vuelta, el equipo de Lula trabajó en conjunto con la agencia BaseLab. En diálogo con El Destape, el cofundador de la empresa y coordinador de la campaña en el campo digital y las redes sociales, Paulo Loiola, contó el trabajo hecho, los límites y los desafíos. En menos de un mes, abrieron una conversación, crearon comunidades para que pudieran hablar entre ellxs y espacios de contención para que pudieran despejar dudas. Además, trabajaron contra las fake news.

Para Loiola hacer este trabajo implicó identificar progresistas entre los evangelistas que no se sienten con la seguridad de hablar en sus espacios de fe y compilar información para la creación de políticas públicas dirigidas a ese sector. También, reconocer que las iglesias -no sólo las evangelistas- son una estructura social de protección para los pobres, dan empleo y son el espacio donde la gente conoce a sus parejas y reciben el perdón. “No creo que sea posible para ningún partido hacer políticas públicas sin las iglesias”, aseguró y apuntó que “tener las iglesias con uno puede ser muy bueno para frenar la extrema derecha y para la lucha de los próximos años y décadas”.

En esa línea, opinó que “el nuevo gobierno va a ser de centro o centro derecha”, dado el amplio espectro que conforma la administración actual: sólo en el Ejecutivo hay nueve partidos de un amplio espectro político que abarca a sectores como el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y por las implicancias de la amplia alianza conformada para llegar al poder. Destacó, aun así, una diferencia fundamental: desde ahora, “no se perseguirá” a mujeres, feministas, a la población negra e indígena desde las instituciones.

La alerta permanece encendida a causa de la persistencia de la extrema derecha que votó por Bolsonaro y consolidó al Partido Liberal en el Congreso nacional como la principal fuerza en ambas cámaras. La falta de pronunciamiento y el difuso reconocimiento de la derrota por parte del mandatario saliente estuvieron acompañados por los bloqueos de rutas de camioneros e, incluso intentos de atentados con explosivos en Brasilia.

“Hay algunas personas que están descontentas en las calles, pero también hay una estructura fascista que está pagando para que esto suceda. Esto para mí es lo más preocupante”, advirtió Loiola.

La extrema derecha en el gigante sudamericano, según Loiola, tiene una organización que no se vio, por ejemplo, en el periodo de la dictadura brasileña. Antes, explicó, circundaba más bien el ámbito local, a nivel territorial, con empresarios locales, la iglesia y familias tradicionales. “Lo que lo que nosotros hicimos en 30 años, ellos lo hicieron en 10 en términos de alcance de votos, de llegar al poder y de número de personas en Brasil”, precisó.

La clave para dar vuelta las cuentas y tener éxito electoral en los próximos años, para el analista, es informar y dar la batallar en el ámbito de la comunicación: “Que las personas sepan que estás haciendo algo bueno por ellas para no perder la guerra de la narrativa en las redes”.