La Ley Monzón fue aprobada en el estado de Puebla, México, luego de sortear diversos obstáculos en el Congreso. Su principal objetivo es proteger a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, quitándole la patria potestad a sus exparejas en caso de que estos sean imputados por el crimen. A través de dicha acción, se modificará el código civil y el código penal de dicho estado para que se suspenda de forma inmediata la potestad sobre los hijos de víctima y victimario.
Esta iniciativa fue impulsada el 20 de julio pasado por Mónica Silva Ruiz, diputada del PT de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Su nombre fue puesto en honor al recordado caso de femicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada presuntamente por su expareja y por el cual la familia de la víctima reclamó en diversas ocasiones la guardia potestad y custodia del niño que tuvo con su agresor.
A partir de dicha normativa, los derechos de custodia se suspenderán de manera automática para estos padres que sean imputados. Por otro lado expone que en cuanto el femicida reciba sentencia condenatoria, sus derechos de la patria potestad, tutela, guardia y custodia se disolverán de forma definitiva. De esta manera, se defenderán los derechos de niños, niñas y adolescentes que atraviesen una situación de violencia y trauma.
De esta manera, el pasado 3 de marzo, Puebla se convirtió en el primer estado mexicano en aprobar -por unanimidad- la Ley Monzón. Aquellos padres vinculados a un proceso penal o por una condena dictaminada de femicidio perderán la potestad de los infantes y esta será otorgada de forma inmediata a los familiares de la víctima. Esto se aplicará tanto en casos de femicidio como también en casos de tentativa.
En esa línea, además de la quita de tutela para los responsables de femicidio, la nueva ley contempla una pena de ocho años para aquellos funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, sumado a diez (10) años de inhabilitación en los cargos. Esto último se debe a que, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Pueblo, en el femicidio de Monzón estuvieron involucrados al menos dos exfuncionarios.
El caso de Monzón y el pedido de justicia por parte de la familia
Cecilia Monzón, abogada especializada en temas de perspectiva de género y dedicada a representar a mujeres víctimas de violencia familiar, fue asesinada en mayo del año pasado. Las primeras versiones indicaron que sufrió un ataque directo por parte de dos sujetos armados, que la siguieron en moto mientras ella manejaba su automóvil por una autopista del municipio San Pedro Cholula. Al interceptarla, le dispararon seis veces con una pistola 9 milímetros. Los implicados huyeron y se ocultaron en Chiapas y Veracruz.
En junio del 2022, luego de que la Fiscalía General del Estado clasificara su caso como "femicidio", detuvieron a Javier López Zavala y Santiago Bárcena -exfuncionarios estatales-, involucrados en el hecho. Previamente, Monzón había presentado una demanda contra el primero de ellos -Zavala, además era su expareja y Bárcena, su secretario-, para exigir que cumpliera con la pensión alimenticia para el hijo de ambos.
La abogada y hermana de la víctima, Helena Monzón, levantó una queja legal ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de dicho estado por el aplazo del juicio contra Zavala. La audiencia tendría que haberse realizado el 27 de febrero pasado pero se pospuso, por decisión del Juez de Control, hasta el 22 de marzo. "Máxima preocupación por la calidad de la justicia del Edo. de Puebla. Acabo de ser informada (inhábil), de que la Audiencia Intermedia de Javier N. será pospuesta, porque el nuevo Juez de Control no tiene tiempo el lunes. No hay tiempo para #JusticiaParaCeciliaMonzón...", lanzó en sus redes.
Monzón se reunió con el magistrado y la autoridad le recriminó el haber hecho una manifestación pública sobre el tiempo que le dedicaba al caso y sostuvo que no es que no tuviera tiempo sino que el femicidio de su hermana "no era el único en la lista". A su vez, denunció que intentó silenciarla en el procedimiento siendo esto "una grave vulneración a su derecho a la tutela judicial efectiva". Hasta el momento, según la propia Helena, no hubo respuestas ante la queja.
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