El pasado martes 17 de octubre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición, aglutinado en la Plataforma Unitaria, firmaron en Barbados y con la mediación de Noruega dos acuerdos parciales de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país durante el segundo semestre de 2024. Al día siguiente, el gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento por 6 meses de algunas Medidas Coercitivas Unilaterales que pesaban sobre la República Bolivariana.
MÁS INFO
Al anunciar la flexibilización del bloqueo el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, emitió un comunicado, en el que calificó el acuerdo como un “paso concreto hacia la resolución de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela”. Remarcó además que las medidas tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que permiten por seis meses transacciones comerciales en el sector petrolero, gasífero y minero y la negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA. Esto es es parte del compromiso de EEUU “de aliviar las sanciones estadounidenses en respuesta a medidas concretas encaminadas a lograr elecciones competitivas y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
De acuerdo con el comunicado, la flexibilización de una porción del bloqueo impuesto a Venezuela (bastante pequeña si se tiene en cuenta que en la actualidad pesan sobre la economía venezolana más de 900 medidas coercitivas unilaterales) estará condicionada a lo que resulte de la hoja de ruta fijada hacia las elecciones en 2024 que deberán realizarse bajo supervisión internacional.
Pero además, según lo expresado por Blinken, deberán cumplirse antes de noviembre “las expectativas” norteamericanas respecto de “la reinstalación acelerada de todos los candidatos”. “Todos -subraya el texto- los que quieran postularse” deberán tener la oportunidad, el resguardo y el derecho de hacerlo. El secretario pidió también que para la fecha señalada, deberán “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, reaccionó al comunicado afirmando que el gobierno estadounidense intenta imponer una matriz de opinión adversa a los acuerdos firmados en Barbados y expresó que, de ser necesario, revelarán el contenido de los diálogos sostenidos en Barbados.
“Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, releyó Rodríguez del texto de los acuerdos en una conferencia de prensa.
La discusión de fondo de este primer escollo con el que tropieza el acuerdo se refiere a realización, el pasado 22 de octubre, de unas cuestionadas elecciones primarias por parte de la oposición en las que resultó electa María Corina Machado, quien se encuentra inhabilitada por 15 años para el ejercicio de cargos públicos.
Quién es María Corina Machado
Machado es representante del ala más radicalizada de la oposición a Hugo Chávez y su legado. Ha participado activamente de varias de los planes golpistas a los que la plataforma opositora, llena de fracturas internas, se ha ido aventurando a lo largo de los años.
Podrían citarse como hitos de su carrera política la foto con George Bush en la Casa Oval que la catapultó a la galería de la fama opositora en 2005, y su firma estampada en el decreto del golpe de Estado 2002.
Sólo por hacer un corte temporal, a partir del fallecimiento de Hugo Chávez y tras la asunción en 2014 de Nicolás Maduro, Machado agitó a sus seguidores a volcarse violentamente a las calles bajo el plan denominado públicamente “La salida”. Lo hizo junto a Leopoldo López, otro representante de la ultraderecha venezolana. El gobierno hizo pública documentación que probaba el financiamiento económico externo y el pago a quienes sostuvieron los bloqueos en diferentes zonas del país. También se denunció la presencia de sicarios y paramilitares.
Entre febrero y mayo de ese año, el tiempo en que tardaron en perder adhesión popular (si es que la tuvieron) dichas protestas, murieron alrededor de 43 personas. En Caracas, epicentro, pero no único punto del país en el que se desarrollaron las llamadas guarimbas, establecieron una trinchera en la zona este, donde residen los sectores más acomodados. Quemaron gomas en las esquinas y bloquearon calles. También se propagaron los mensajes simbólicos y los actos de odio hacia el chavismo: muñecos y torsos desguazados colgando de árboles con la tradicional “franela” roja del chavismo, se quemaron centros de atención primaria de la salud de las misiones cubanas, se atentó contra edificios públicos y se lincharon personas, acusadas de simpatizar con la Revolución Bolivariana.
En diciembre de ese año, Machado fue acusada de participar de planes magnicidas contra Nicolás Maduro, cuando se exhibieron intercambios de mensaje vía mail con otros miembros de la oposición venezolana, en los que se hablaba de financiamiento “para aniquilar a Maduro”.
En 2019, cuando el autoproclamado presidente Juan Guaidó recibía respaldo externo disfrazado de ayuda humanitaria para Venezuela, Machado pidió públicamente una intervención militar extranjera.
Machado se define a sí misma -y a su partido, Vente Venezuela- como “liberal” -o neoliberal-. Casi como un espejo de los muchos movimientos políticos que alcanzaron el gobierno en latinoamérica, propone reducir las políticas públicas y el tamaño del Estado, que deben ser reemplazados por el libre mercado y la promoción de un empresariado que abone a la creación de riqueza y la generación de empleo. “Su visión de gobierno tiene un sesgo manchesteriano, no muy diferente al que habrían podido tener Margaret Thatcher, Ronald Reagan o, en América Latina, Sebastián Piñera”, escribe sobre ella el diario español El País.
Según denuncia la investigadora colombo-venezolana María Fernanda Barreto, en 2020, el partido Vente Venezuela, al que representa María Corina Machado, firmó un convenio con el partido israelí de ultraderecha Likud, la plataforma política del radicalizado Benjamin Netanyahu. El acuerdo se dió para asesoría, no sólo en áreas políticas sino también en materia de seguridad.
Este miércoles, tras denunciar el falseamiento de la identidad de más de 2 millones de personas durante las elecciones primarias en las que la líder opositora resultó electa como candidata a presidenta, el Ministerio Público anunció la designación de fiscales para iniciar una investigación respecto del proceso, que será investigado por “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
El telón de fondo de los acuerdos
Un artículo en el sitio web Misión Verdad, expone diferentes elementos del contexto, que ayudan a explicar por qué se logró ahora el acuerdo entre gobierno y oposición y no en México en 2021 o a finales de 2022, cuando la detención y extradición por parte de EEUU del diplomático venezolano Alex Saab dinamitó la mesa de diálogo.
Del lado del gobierno venezolano señalan una mejoría en la situación económica, tras el repunte de la actividad petrolera y la promoción de la actividad productiva por parte del estado. Destacan también ciertos hechos políticos, que legitiman el accionar de la Asamblea Nacional venezolana, así como el recambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral, que le han dado aire al debate político interno y han contribuido con la estabilidad institucional. A estas cuestiones, agregan que la crisis interna de la mesa opositora, que presenta diferencias profundas en cuanto a los modos de vincularse con el gobierno (un arcoiris que incluye desde las fracciones golpistas hasta las dialoguistas).
Finalmente, señalan la crisis energética como un factor particularmente influyente en la disposición de EEUU a dialogar (aunque formalmente no se sentó a la mesa).
Recientemente el conflicto entre Palestina e Israel escaló en una magnitud tal que llevó a la mayoría de los países árabes (principalmente su población, además de muchos de sus gobiernos) se pronuncien y se movilicen en contra de Israel y sus aliados.
La semana pasada, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) convocada por Arabia Saudí, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, pidió “un inmediato y completo boicot a Israel por parte de los países islámicos, que incluya el embargo de petróleo y la expulsión de los embajadores israelíes”. Israel, como es sabido, es para el mundo árabe la mano estadounidense en la región.
La potencia norteamericana es apuntada como principal responsable de la tragedia humanitaria con la que se doblega al pueblo palestino. Si los países árabes, entre los que se encuentran algunos de los más grandes productores de gas y petróleo del mundo, principalmente Arabia Saudí, de donde proviene gran parte de las importaciones de petróleo estadounidense, finalmente deciden dejar de proveer (o recortar la provisión) a Estados Unidos como aliado israelí, la crisis energética que atraviesa el país podría agravarse. A esto se suma no sólo la estrategia llevada a cabo este año de recortes de producción por parte de la OPEP+ en la que participó activamente Arabia Saudí, sino también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el mencionado país e Irán, propiciado por China.
Estos acontecimientos se solapan a la crisis preexistente, causada por el conflicto entre Rusia y (la OTAN en) Ucrania, que llevó a EEUU a buscar fuentes alternas para la provisión de crudo.
Casi como una casualidad, es en este contexto que Estados Unidos encuentra un escenario conveniente, al menos temporalmente, en el levantamiento de las restricciones para comerciar con Venezuela para la provisión de petróleo y gas, uno de sus principales intereses en el país caribeño.
No es para nada nueva la injerencia estadounidense en la política venezolana, ni la permanente actualización de la doctrina Monroe cuando el fantasma de la crisis interna así lo demanda.
La positiva novedad para Venezuela es que la crisis global abrió el juego a otros escenarios. Además, aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos libre contra el país una guerra multidimensional, el mapa geopolítico de la región aún se encuentra en disputa. Esto se expresa en la emergencia de mandatarios y mandatarias interesados en la integración, en favor de la soberanía, y la justicia social. El escenario es abierto y la memoria histórica popular, siempre aparece cuando menos se la espera.
Cerrar sesión