Álex Saab, un empresario colombiano de 49 años que es señalado por Estados Unidos como testaferro del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y será juzgado este año en Miami por lavado de activos, fue identificado hoy por documentos de un tribunal de justicia norteamericano como una "fuente confidencial" de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, a la que le entregó información y dinero durante un año, justo cuando se convertía en un prófugo en su país.
La figura de Saab tensa al máximo la ya mala relación entre Estados Unidos y Venezuela desde hace años. En 2019, el Departamento del Tesoro lo sumó a la lista de socios y familiares de Maduro sancionados por pertenecer a lo que Washington consideraba un esquema de corrupción que incluía, entre otras cosas, la importación de alimentos subsidiados. Mientras Washington señalaba este negocio como parte de un sistema ilegal, en Caracas el gobierno lo reivindicaba como una tarea patriótica en medio de las crecientes sanciones que limitaban el ingreso y pago de productos.
Se le imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada en la Justicia estadounidense. La acusación formal sostiene que Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos, algo que tanto el empresario como el gobierno de Maduro niegan.
A mitad de 2020, el colombiano, que desde 2018 estaba prófugo de la Justicia de su país por investigaciones similares, fue detenido en Cabo Verde cuando su avión hacía una escala para cargar nafta. Ese país africano ejecutó una orden de detención internacional pedida por Estados Unidos y, pese a los esfuerzos legales del ex juez español Baltazar Garzón y las amenazas del gobierno venezolano, fue extraditado a Estados Unidos.
El gobierno de Maduro argumentó que Saab, a quien le concedió la nacionalidad venezolana y el título de embajador, estaba en viaje a Irán para "una misión humanitaria" para garantizar envíos de combustible, una transacción sensible entre dos países que sufren un cúmulo importante de sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Cuando esta explicación no alcanzó, el presidente venezolano denunció que Saab fue "torturado" y dio la orden de retirarse del diálogo iniciado con la oposición antichavista en México, bajo el auspicio, entre otros, del bloque europeo.
Maduro acusó a Estados Unidos de "secuestrar" a Saab, mientras que Garzón calificó la detención y la extradición como "injustificadas".
Como parte del acuerdo con Cabo Verde, la Fiscalía eliminó todos los cargos menos el de lavado de activos, por lo que el colombiano enfrenta una pena máxima de hasta 20 años en la cárcel, si es condenado en el juicio que comienza en octubre próximo en Miami.
Hoy, el Departamento de Justricia difundió, con la luz verde del tribunal que lleva su causa, los documentos del proceso introductorio del juicio, entre el que aparecen páginas en las que Saab reconoce que entregó información y dinero que había ganado a través del lavado a la DEA como parte de un acuerdo que duró 12 meses en 2018 y que se rompió al año siguiente cuando no cumplió con su entrega voluntaria.
Según los documentos publicados, Saab entró en contacto por primera vez con la agencia estadounidense en 2016 y luego, dos años después, "cooperó con agentes de la DEA, proporcionó información sobre su actividad delictiva, participó en una cooperación proactiva como fuente confidencial " y "entregó dinero a los Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva".
Tras conocerse la noticia, el abogado de Saab, David Rivkin, confirmó la información pero indicó que la cooperación con las autoridades estadounidenses se llevó a cabo con pleno conocimiento del gobierno de Maduro.
"El señor Saab afirma en los términos más enérgicos posibles que cualquier presunto compromiso que tuvo lugar con el Departamento de Justicia y varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se llevó a cabo con pleno conocimiento y apoyo de la República Bolivariana de Venezuela", sostuvo, citado por la agencia de noticias Sputnik y acusó al gobierno de Estados Unidos de haber publicado los documentos como "un intento de dañar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela".
Esta acusación se debe a que, entre los documentos publicados, hay transcripciones de los pedidos del abogado defensor de Saab, Neil Schuster, para que la información no se hiciera pública porque el colombiano "tiene cinco hijos, algunos de los que son menores, y una esposa allí (en Venezuela), y están básicamente bajo el pulgar del gobierno. (...) Por favor no difundan los documentos 25 y 26 porque creo que creará una situación en la que la familia podría ser encarcelada o lastimada físicamente."
"Si el gobierno venezolano se entera de la extensión de lo que este individuo ha entregado, no tengo dudas de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos", agregó el abogado defensor, según la documentación publicada por Estados Unidos.
El juez Robert N. Scola, sin embargo, dio la luz verde para desclasificar los documentos por considerar que la defensa no presentó ningún argumento válido o prueba significativa que demuestre que la publicación ponía en peligro a la familia del acusado en Venezuela.
Con información de Télam
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