Un terremoto político con terminales en el narcotráfico sacude al gobierno derechista de Uruguay. Todo comenzó con la solicitud del uruguayo, Sebastián Marset (32), de obtener un pasaporte. Parece un simple trámite, salvo por el detalle de que Sebastián Marset no es un ciudadano uruguayo cualquiera sino un prófugo buscado internacionalmente por Interpol y estrechamente vinculado al narcotráfico, a la mafia de fútbol y a la alta política, en varios países del Cono Sur.
Cuando pidió el pasaporte, los antecedentes de Marset ya eran lo suficientemente oscuros como para investigar el tema y, dado el caso, denunciarlo ante aquellos organismos y autoridades que pedían su captura. Sin embargo, en enero de 2022, altos cargos del gobierno de Lacalle Pou, hicieron la vista gorda y el delincuente, que estaba preso desde septiembre de 2021 en una cárcel de Dubai por viajar con documentación paraguaya falsa, recibió el anhelado documento y salió en libertad.
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La primera funcionaria en renunciar fue la entonces vicecancillera Carolina Ache, comprometidísima con la gestión del pasaporte. Meses antes de emitir el documento, ella había sido advertida sobre los antecedentes de Marset. “Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubai por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado”, le escribió. en noviembre de 2021, el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, por Whatsapp. Cuando el periódico uruguayo “ladiaria” publicó este mensaje, Ache -que ya no podía seguir fingiendo que desconocía el prontuario de Marset- no sólo renunció a su cargo (diciembre de 2022) sino que presentó, ante la fiscalía, pruebas que comprometían a varios otros funcionarios del gabinete de Lacalle Pou.
Una de esas pruebas fue un audio donde su jefe, el canciller Francisco Bustillo le pedía que ocultara a la justicia las evidencias de que todos sabían quién era el narco Marset, es decir, que “perdiera el celular” donde se encontraba el mensaje de whatsapp en el que Maciel le advertía que el delincuente era peligroso.
“Perdé el celular. Estoy imaginando escenarios que, honestamente, no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular…”, se escucha a Bustillo decirle a Carolina Ache, según reveló el semanario uruguayo “Búsqueda”. Ella le recuerda que el chat también está en el celular de quien le envió el mensaje: el viceministro Maciel. Y Bustillo insiste: “Yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Se pegaría un tiro en el pie (…) Maciel no zafa si te manda al frente (…) Porque la responsabilidad primaria… Los únicos que podían detener la emisión del pasaporte son los del Ministerio del Interior”.
Cuando se conoció este audio, el canciller Bustillo, obviamente, renunció (1 de noviembre). No obstante, el escándalo político no se amortiguó. El presidente Lacalle Pou, estaba en Washington feliz de sacarse una foto con su par Joseph Biden, pero tuvo que adelantar su regreso para controlar los daños. Al regresar, aceptó la renuncia del ministro de Interior Luis Alberto Heber; de su vice, el mencionado Guillermo Maciel y del asesor presidencial en Comunicación Roberto Lafluf, quien trabaja también para el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez. Domínguez tiene vínculos directos con el presidente uruguayo.
Lafluf recibía órdenes directas de Lacalle Pou y, según denunció Carolina Ache, fue ese asesor quien destruyó la documentación probatoria que Cancillería ya tenía lista para presentar, a pedido de la Justicia, por el caso del narco. Existe un whataspp en el que Lafluf le dice a Ache “me pide el Presidente que tenga una reunión contigo”. Por este mensaje tan comprometedor, la fiscalía analiza citar a declarar a Lacalle Pou por presunta destrucción de documentos.
El narco peligroso y los políticos
Declarar que no sabían quién era Sebastián Marset, era tomar a todos por tontos. En agosto de 2022, los medios internacionales difundieron un mensaje del presidente colombiano Gustavo Petro donde acusaba, directamente, a Marset de haber asesinado al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. “La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”, dice el tuit publicado por Petro el 12 de agosto de 2022.
El fiscal asesinado dirigía la megainvestigación “A Ultranza Py” que perseguía al uruguayo como líder de una banda trasncontinental de tráfico de drogas y lavado de dinero. En mayo de 2022, Pecci fue acribillado a balazos, en plena luna de miel, mientras tomaba sol junto a su esposa, en una playa de Cartagena de Indias.
La biografía de Marset lo vincula al crimen organizado desde muy joven. En 2013, cuando tenía 21 años, fue procesado en Uruguay por ser parte de una banda (donde también había brasileños y paraguayos) que traficaban marihuana. Quedó libre en 2018 y se marchó del país, luego de haber sido procesado sin prisión por un homicidio.
En esos años de cárcel se vinculó con el Primer Comando de la Capital (PCC) una organización mafiosa de Brasil, según el diario El Observador. Con este grupo nace la idea de crear su propia organización el Primer Cartel Uruguayo (PCU), un sofisticado grupo delictivo con terminales políticas en Brasil, Uruguay y Paraguay. Según la fundación dedicada a investigar el crimen organizado en nuestra región, Insight Crime, el PCU hoy tendría ramificaciones que llegan al ex presidente paraguayo Horacio Cartes, amigo muy cercano del ex presidente Mauricio Macri.
Margareth Chacón procesada por el homicidio del fiscal Pecci en la playa colombiana aseguró que los autores intelectuales del crimen eran el ex presidente Cartes y Miguel Angel Insfrán, alias Tío Rico, perteneciente a un clan paraguayo con fuerte vínculos en la polìtica y en la Iglesia Católica.
Luego de salir de la cárcel uruguaya, Marset vivió varios años en Paraguay. El fútbol y la producción de espectáculos fueron sus pantallas para lavar el dinero narco. En Paraguay se relacionó con Deportivo Capiatá y más tarde, en Bolivia, con Los Leones El Torno, club del que figura como dueño, pero bajo la identidad falsa de Luis Amorim.
La última noticia sobre el criminal uruguayo fue en julio pasado cuando su mansión en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue cercada por unos 2000 policías. A pesar del megaoperativo, el narco, su esposa y sus tres hijos huyeron sin mayores dificultades. Pocos días después de haber escapado, el mismo Marset se encargó de difundir que pudo fugarse gracias a que, minutos antes de la redada, había sido alertado por varios altos funcionarios bolivianos entre otros el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, el coronel Ismael Villca.
Tanto Villca como el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, negaron los dichos del delincuente uruguayo y los consideraron una estrategia para demonizar y "descabezar" a las fuerzas de seguridad. No obstante, la fuga cinematográfica de Marset deja dudas. Ahora también el terremoto por presunta connivencia entre funcionarios y el narco uruguayo sacude a Bolivia.
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