La crisis hídrica terminó en Uruguay pero el debate por el acceso al agua continúa

“Ante el escenario actual, se estima oportuno y conveniente (…) determinar el cese de la emergencia hídrica”, decretó del Gobierno de Uruguay. Con su firma, el presidente, Luis Lacalle Pou, dio por finalizado el “peor déficit hídrico en 74 años” que impactó sobre más de la mitad de la población del país entre mayo y agosto de este año debido al desabastecimiento de la principal represa de agua que nutre a la zona metropolitana (Montevideo, San José y Canelones) del país vecino. En esos meses, el agua de la canilla se volvió intomable, salada y turbia. Con el principal embalse por sobre el 50% de su capacidad gracias a las lluvias, lo que queda es el debate por el acceso al agua como derecho humano, garantizado en la Constitución. Organizaciones ambientalistas, sociales y académicas denuncian que el Gobierno abrió la puerta a la privatización.

El último informe

Con esta decisión, el Gobierno de Lacalle Pou publicó su último informe diario. Allí, se puede ver un ascenso de la reserva de Paso Severino -que abastece al área metropolitana-, que alcanzó el 58% del caudal, cuyo máximo es de 67.000.000 metros cúbicos. Además, los niveles de sodio se registraron entre los 27 y 29 miligramos por litro y de cloruro entre los 15 y 16, valores que habían sido ampliamente superados a pedido del Ministerio de Salud Pública, como medida excepcional para afrontar la crisis. Pese a ello, cuentan desde Uruguay, que la población aún sigue comprando agua embotellada para no beber de la canilla.

​​​​​​Tras firmar el decreto presidencial el pasado 23 de agosto, Lacalle Pou sostuvo ante la prensa que su Gobierno cerrará con “obras terminadas y otras iniciadas” que harán que el pueblo uruguayo tenga “cierta tranquilidad para los tiempos que vienen, sabiendo todos que el tema del agua en todos sus usos, es un tema que llegó para quedarse”.

En paralelo, en un documento emitido ese mismo día por la Presidencia se detallan las distintas gestiones que el Gobierno emprendió en estos meses. Entre ellos, se menciona la licitación del proyecto Azaratí, más conocido como Neptuno, adjudicado el mismo día en que se levantó la emergencia hídrica al consorcio conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, agrupadas bajo el nombre Aguas de Montevideo. Para ese momento, organizaciones ambientales y sociales ya habían presentado recursos de amparo y repudiado públicamente por considerarla una iniciativa privada e inconstitucional.

El acceso al agua como derecho humano en Uruguay

En 2004, el 62 por ciento de la población uruguaya votó declarar el acceso al agua potable como derecho humano y, así, lo incorporó en el artículo 47 de la Constitución nacional, en un plebiscito que se llevó a cabo por el impulso social y en especial, desde la Comisión Nacional por el Agua y la Vida. 

“El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”, establece el artículo y, también, determina que el servicio público de saneamiento como de abastecimiento “serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

El proyecto Azaratí-Neptuno

La iniciativa del Gobierno de Lacalle Pou es la construcción de una planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, sobre el Río de la Plata, es privada y su licitación fue anunciada por el mismo mandatario en noviembre pasado. Garantizará “una cantidad ilimitada de agua potable”, sostuvo el presidente en su discurso, sobre este recurso que, se sabe, es agotable. 

Según se difundió en la prensa uruguaya, la adjudicación de la obra implica una inversión de 304 millones de dólares para la construcción de una planta potabilizadora, toma de agua, reserva de agua dulce, trazado de la tubería, entre otros. Para Obras Sanitarias del Estado (OSE) –encargada de la distribución del agua- el proyecto tendrá un costo de aproximadamente 890 millones de dólares, con pago anual al consorcio privado de 50.6 millones de dólares, durante casi 18 años. Ese, es uno de los tantos puntos en los que dirigentes, organizaciones sociales, funcionaries y ambientalistas coinciden en repudiar, pero no es el único. 

Antes de que fuera aceptada la licitación, desde Redes Amigos de la Tierra presentaron al Ministerio de Ambiente una respuesta al informe de viabilidad ambiental realizado por OSE, al que El Destape tuvo acceso. Encontraron 43 puntos en los que señalan que ese trabajo es impreciso y carente de fundamentos ambientales y biológicos. "En líneas generales, no responde de forma contundente al por qué de las localizaciones elegidas para el proyecto", sostienen. Allí, también destacan, que "el agua del Río de la Plata no siempre se puede potabilizar por sus altos niveles de salinidad y por las floraciones de cianobacterias". 

En otras palabras, lo explicó Achkar: "En los momentos en los que haga falta agua, va aumentar la salinidad y va a haber problemas de bacterias, si lo tratan de resolver con productos químicos va a ser un desastre".

A este punto se sumaron desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización social Los Tucu Tucu en la medida cautelar de no innovar presentada ante la Justicia el 16 de agosto. Según reportó el portal Caras y Caretas, la intención de utilizar agua del Río de la Plata para el consumo humano hace más de 50 años que se viene estudiando.

"Esta propuesta fue descartada en varias ocasiones", insistieron y a continuación hicieron el respectivo racconto: en 1970, el Estudio de la OEA la descartó; en el 2000, fue dejada de lado por el Plan Director de Agua Potable. Volvió a ser descartada en 2013 por un estudio de OSE encargado a Aguasur. Finalmente, en 2017, una consultoría llevada a cabo por la firma internacional Hazen & Sawyer y la consultora nacional Seinco también la rechazó. ¿Qué dijeron? Consideraron a la alternativa "demasiado costosa" y sin posibilidad de asegurar "que en determinado momento del año no se produzcan intrusiones de salina que impidan su potabilización con la tecnología estándar".

"OSE se financia con el producido de la tarifa y el presupuesto no obtiene superávit, pero ahora va a haber que considerar que, a lo largo de 17 años, vamos a tener que pagar 890 millones de dólares", explicó a MDV Noticias el abogado de la Universidad de la República (Udelar), Juan Ceretta. Desde el estudio jurídico de la universidad, también presentaron un recurso de amparo que todavía espera respuesta.

Las voces en contra del proyecto se multiplican si se ahonda en la consulta: la Intersocial denunció que se trata de un "avance del proceso privatizador que lleva adelante el gobierno nacional" y además rechazaron “la judicialización de la lucha social” tras la imputación que se presentó contra el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Federico Kreimerman, por haber participado de una movilización contra Neptuno.

El representante del Frente Amplio en el Directorio de OSE, Edgardo Ortuño, denunció que la empresa pública que provee agua va a quedar “desfinanciada” con el proyecto Neptuno. “Las opciones para cubrir el déficit generado por la instrumentación de ambos proyectos de iniciativa privada son aumento de tarifa, aportes del gobierno central o endeudamiento, que es el camino elegido en el presupuesto aprobado”, señaló.

La salida 

“Hay un principio fundamental que es que los territorios sanos producen mayor cantidad de agua y de mayor calidad”, sostuvo Achkar. En ese sentido, la estrategia que plantea se basa en recuperar la calidad ambiental del río Santa Lucía. Según explicó, esa tarea es posible de llevar a cabo y Uruguay ya tiene experiencia en esos procesos. ¿Cómo se hace? Ordenando las actividades productivas, respetando las fajas, el monte nativo y recuperando los suelos. “Para todo eso es necesario programas de trabajo con los productores, no se debería aumentar el área forestada en las nacientes. Hoy la cuenca del Santa Lucía -el río que abastece al embalse Paso Severino- tiene 15 por ciento de su superficie deforestada, pero el 17 por ciento son áreas de prioridad forestal y debería hacerse una moratoria para que no avance la forestación”, dijo. 

También sugirió descentralizar las tomas de agua de OSE y recuperar algunas que habían funcionado y ya no están, así como recuperar las cañerías de distribución -teniendo en cuenta que las pérdidas por roturas llegan al 50%, según información de la misma empresa-, además de una campaña para aprender a racionalizar el consumo a nivel doméstico e industrial. Todo ello, con participación del conjunto de la sociedad. 

Achkar en lo que hace énfasis es en que “la ocurrencia de eventos severos, tanto de sequías como de inundaciones parece estar aumentando su frecuencia”, por lo que lo necesario es “acelerar en la gestión de los territorios a nivel de cuencas pensando en la producción de agua compatibilizada con la producción agropecuaria". Es que para él, que también integra Redes Amigos de la Tierra, esas no son actividades contrapuestas como se instaló desde proyectos neoliberales: "Se puede aumentar el nivel de proucción de comida, pero no con la lógica del agronegocio, con grandes cantidades de agroquímicos, con corrimiento de la frontera agropecuaria, destruyendo todo, degradación de suelos y el monte nativo. En América del Sur es una carrera contra el tiempo. Prácticamente en Uruguay no tenemos problemas ambientales que sean irreversibles, pero es cuestión de tiempo".