La licitación de 5G en Uruguay reveló una trama que incluye una reducción de 19 millones de dólares en el precio que va a pagar Telefónica Uruguay, operadora de Movistar, y la intención del Grupo Clarín de Argentina de quedarse con esa empresa que, según la oposición del país vecino, viene siendo favorecida por el Gobierno de Luis Lacalle Pou.
No es la primera inversión del Grupo Clarín en la Banda Oriental. En el rubro de la televisión para abonados el grupo tiene dos empresas, Bersabel SA en Montevideo y Visión Satelital en Canelones, junto con otras cinco licencias para televisión para abonados por cable: Space Energy Tech con autorización para Salto y Rivera, Tracel en Paso de los Toros, Reiford en Tacuarembó y Dolfycor en Artigas. Esto excede el número de tres licencias permitidas que estableció la ley de medios de 2014, por lo que Clarín incumple con esta norma desde 2019.
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Ahora parece que busca ampliar sus negocios en un rubro clave: el 5G. Según publicó el Semanario Búsqueda, “representantes de Telecom y el Grupo Clarín” manifestaron su intención de ”aumentar considerablemente sus inversiones en Uruguay” y de “adquirir la filial local de Movistar”. Esto sería viable teniendo en cuenta el camino de vender sus activos en Latinoamérica que ha tomado Telefónica.
Durante el primer año del gobierno de Lacalle Pou llegaron a Uruguay cuatro directivos de Clarín que se reunieron con integrantes del Poder Ejecutivo -entre los que se encontraba el presidente uruguayo- para manifestar sus intenciones de expandir sus negocios allí. Luego de esto, el gigante de la comunicación argentina espera por un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para modificar la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pedro López Matheu, vocero de Telecom Argentina, le dijo a El Observador que están esperando “que se apruebe porque hay que flexibilizar al sector para invertir más en Uruguay” y ratificó que ese fue el mensaje que transmitieron los ejecutivos de la empresa a Lacalle Pou.
El cuestionado accionar del Gobierno uruguayo en renovaciones y subastas que involucran a Telefónica
Desde los años 2002 y 2004 Telefónica Uruguay utiliza bandas para operar (en este caso 4G) que fueron adquiridas por un monto de 6 millones de dólares por un plazo de 20 años. Al cumplirse las dos décadas y a través del decreto presidencial 377 del año 2022, se estableció que por la renovación de estas bandas abonarán el “mismo precio” que “cuando se les asignó”. O sea, 20 años después, con un mercado gigante de telefonía móvil y un tráfico de datos impensado en el comienzo de este siglo, Telefónica vuelve a pagar los mismos 6 millones de dólares que a principios de los 2000.
Además, se dieron una serie de curiosidades alrededor de la subasta de una banda para operar en la nueva tecnología 5G que se dará en poco tiempo. Este proceso, según borradores enviados a los empresarios en 2021 y 2022 por el ministro de Industria, Omar Paganini, y por el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, tenía un valor de base de 50 millones de dólares. Sin embargo, en el decreto final y conjuntamente con la desaparición del 85% del espectro a subastar, el precio base para las empresas cayó unos 19 millones de dólares.
La decisión del Gobierno fue inmediatamente denunciada por la oposición. El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez se preguntó en Twitter si el plan del gobierno era “romper las matemáticas”. “¿Cómo van a explicar que perder 19 millones de dólares es ganar? Demasiados ex funcionarios de Movistar en el gobierno de (Luis) Lacalle Pou”, completó. Su colega, el diputado Mauricio Guarinoni, también sumó: “¿Cuál será la razón por la que le regalamos tantos millones de dólares a las empresas privadas ? Este gobierno está lejos de lo que debería ser un gobierno que defiende los intereses del país y fortalece el Estado para desarrollar mejor políticas públicas.”
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La sospecha principal surgió porque la actual presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, fue Jefa de Relaciones Institucionales en Movistar Uruguay durante 6 años antes de asumir en su cargo público.
Como consecuencia de este decreto que habilita la licitación, la otra multinacional que opera en el país, Claro, y la empresa nacional Dedicado, presentarán recursos para impugnar este proceso. La empresa uruguaya plantea que la subasta está diseñada para excluir a los prestadores locales, por lo que se da una entrega de soberanía a través de la extranjerización del espectro por 50 años. Y relacionado a la mencionada renovación automática del uso del espectro 4G al mismo precio que hace 20 años, la multinacional Claro afirma que los precios no acompañan la evolución del negocio ni las características de cada empresa.
Desde 2021, el Frente Amplio, la principal fuerza opositora, viene denunciando algo similar desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec). Además, el director en representación del Frente Amplio en ANTEL (la empresa estatal de telecomunicaciones), Daniel Larrosa, sostuvo a fines del año pasado que la empresa pública ya estaba en condiciones de implementar su red de 5G, pero se lo estaba retrasando a propósito para beneficiar a las transnacionales.
¿Se expandirá Clarín en Uruguay?
De continuar estos procesos licitatorios de esta manera y concretarse la expansión del Grupo Clarín en Uruguay a través de la adquisición de Telefónica, contará con una empresa con su espectro 4G recién renovado por 20 años y bandas para operar en 5G a un precio 19 millones de dólares inferior al publicado en los borradores originales.
A su vez, de llegar a aprobarse una nueva Ley de Medios que está en los planes del actual gobierno, no habrá un límite de licencias en el servicio de televisión para abonados y los licenciatarios de televisión por cable estarán habilitados a solicitar permisos para brindar servicio de internet.
De esta manera, Clarín podría pasar a vender servicios de cable, internet y telefonía móvil del otro lado del Río de la Plata.
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