Las autoridades argentinas, encabezadas por la Cancillería, acudirán a los organismos internacionales para reclamar contra Venezuela por prohibir el uso de su espacio aéreo. La medida afecta a la aerolínea nacional y, también, a las empresas que operan en el país. "Esto forma parte de una represalia", sostuvo el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, por la decisión del Ejecutivo de haber aceptado la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, "vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".
La medida afecta desde hace un mes a los vuelos que la línea aérea de bandera realiza a Punta Cana o Nueva York y se encargó de notificar a la Cancillería de la problemática. También impacta sobre vuelos privados.
Según confirmó la Cancillería argentina a El Destape, por esa situación las autoridades citaron a la embajadora venezolana en Argentina, Stela Lugo, para protestar por la decisión unilateral y, a falta de una respuesta, informaron que tomarán "las medidas necesarias" ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas. El organismo se ocupa de desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional.
La información fue difundida esta mañana en conferencia de prensa por Adorni, que se refirió al mandatario Nicolás Maduro como "dictador". Según dijo, la decisión venezolana genera "perjuicio" al país y, señaló, que la situación se da como modo de "represalia" luego que el Gobierno nacional aceptara la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, "vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán". En su mensaje, cerró: "Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo".
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La respuesta por parte de Venezuela no demoró en llegar e hizo evidente la confrontación diplomática entre ambos países. El canciller, Yvan Gil, catalogó al Gobierno argentino como "sumiso y obediente con su amo imperial". Para Venezuela, Argentina "desconoce las consecuencias de sus actos de piratería y robo", en referencia al avión, las cuales -afirmó- "fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra el avión "Emtrasur".
"Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo, y reitera que ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte", escribió en sus redes sociales. El Gobierno de Javier Milei, por su parte, tampoco se ocupó de designar embajador en ese país ni invitó a ningún funcionario de ese país al traspaso de mando el pasado 10 de diciembre.
¿Qué pasó con el Boeing 747?
El 12 de febrero pasado, al cabo de casi dos años de estar retenido en Ezeiza, el avión 747-300 fue entregado a Estados Unidos. El país que había solicitado que sea decomisado tras denunciar "la transferencia irregular por parte de la compañía aérea iraní Mahan Air a Emtrasur, filial de la empresa estatal venezolana Conviasa". El visto bueno estuvo a manos del el juez federal Federico Villena y de la fiscal Cecilia Incardona.
El magistrado aceptó el pedido del Tribunal para el Distrito de Columbia, que fue quien solicitó la incautación porque, según consideran, "el avión está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air".
El avión había llegado al país el 6 de junio de 2022 transportando autopartes de Volkswagen y dos días después intentó volar a Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Según publicó El Destape en ese momento, también transportó cigarrillos de Tabesa, la empresa del expresidente de Paraguay Horacio Cartes, de fuerte contacto con el ex mandatario Mauricio Macri.
En aquel entonces la Justicia argentina retuvo a la tripulación de la nave, integrada por 15 ciudadanos venezolanos y cuatro iraníes, al tiempo que las entidades judías DAIA y AMIA denunciaron que el avión "está vinculado a la compañía iraní Mahan Sur, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas", por lo que exigieron el esclarecimiento del hecho.
También advirtieron que la aeronave voló entre Córdoba y Buenos Aires “con el transponder apagado, como si no quisiera ser localizado”. Cuando se determinó que no cometieron ningún delito fueron liberados por falta de mérito. El gobierno de Maduro rechazó el decomiso del avión venezolano-iraní a Estados Unidos.
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