El rey Carlos III de Inglaterra abrió las sesiones en el Parlamento británico con una serie de anuncios que hacen parte del programa del flamante gobierno del Partido Laborista: propuestas estrellas que hacen parte de una serie de iniciativas para impulsar la economía con eje en el fortalecimiento del Estado. Entre las distintas medidas, el monarca informó el plan para renacionalizar el sistema de ferrocarriles. La privatización de los trenes -como de otras tantas empresas estatales británicas- fueron parte del combo de entrega de "las joyas de la abuela", que llevó adelante la ex primera ministra Margaret Thatcher.
Los últimos años, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT por sus siglas en inglés) llevó adelante varias huelgas en reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales, que se dieron en el marco de una fuerte retracción económica que comenzó con el Brexit -cuando la isla decidió retirarse de la Unión Europea- y siguió con los efectos colaterales de la guerra en Ucrania.
El monarca y su esposa, la reina consorte Camila, llegaron al Palacio de Westminster, sede del Legislativo británico, para dar a conocer la agenda del Gobierno de Starmer, triunfador de las elecciones parlamentarias anticipadas celebradas a comienzos de julio, donde se impuso por abrumadora mayoría al Partido Conservador. "Este gobierno fue electo para entregar nada menos que una renovación nacional para parar el caso de los últimos 14 años (en los que gobernaron los conservadores), dar vuelta la página de la era de la política de la performance escandalosa para que vuelva a ser un servicio público y empezar el trabajo de reconstruir nuestro país", dijo Starmer, a su turno.
La renacionalización de los trenes después de 40 años
Entre las principales propuestas, el Discurso del Rey -redactado por el Gobierno y no por el monarca, precisó Europa Press- se destacó la de la creación del Great British Railways, un organismo público estatal encargado de supervisar el transporte ferroviario en la isla de Gran Bretaña. Así, los operadores de trenes pasarán a ser de propiedad pública y también se permitirá a los gobiernos locales "tomar el control" de los servicios de autobuses municipales, precisaron mientras en las afueras del palacio se llevaban a cabo movilizaciones encabezadas, como en otros años, por Youth Demand, en contra de la corona como del Legislativo.
RTM, el sindicato británico que representa a las y los trabajadores de los trenes, fue una clave fundamental contra los gobiernos conservadores. A fines de 2022, incluso, llegaron a afectar varios puntos de las islas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se unieron al sindicato de enfermeras, paramédicos, trabajadores del correo, bomberos, choferes del transporte público y universitarios, que también llevaron a cabo protestas en esa época. En 2023, también fueron una gran molestia para los fanáticos del fútbol durante las finales de la FA Cup -la competencia más añeja del mundo-. Los reclamos que levantaron entonces fue por mejoras salariales y de condiciones laborales.
"La propiedad pública del ferrocarril puede ahorrarnos aproximadamente 1.500 millones de libras al año debido a la reducción de beneficios y a la ineficiencia inherente a la fragmentación", sostuvo por su parte el referente de la organización "We Own it" ("Es nuestro", en inglés), Johnbosco Nwogbo, cuyo lema es "después de 40 años, la privatización de nuestro sevicio público falló. Es tiempo de que sea nuestro. Nosotros lo usamos, lo pagamos, es nuestro".
Por otro lado, el compromiso de Starmer se centró en fortalecer el papel de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, encargado de examinar adecuadamente los anuncios fiscales del Ejecutivo y que se asegurará de que el dinero de los contribuyentes es "respetado", según dijo el propio Gobierno en un comunicado sobre las conclusiones del discurso del monarca.
En cuestión migratoria, uno de los principales temas abordados por el anterior gobierno de Rishi Sunak --que llegó incluso a firmar un acuerdo con Ruanda para la deportación de inmigrantes irregulares--, Carlos III anunció que el Gobierno pretende "modernizar" el sistema de asilo e inmigración con un nuevo Comando de Seguridad Fronteriza.
MÁS INFO
"El Comando desplegará más policías e investigadores para desmantelar las bandas criminales de contrabando, abordando el problema desde su origen", dijo al respecto Downing Street, que señaló que el proyecto de ley contempla el brindar a las fuerzas de seguridad "nuevos poderes mejorados" para acabar con el "modelo comercial perverso de la trata de personas".
Carlos III también informó sobre la creación de la empresa pública Great British Energy, encargada de invertir en energía renovable para hacer de las islas una "superpotencia en materia de energía limpia para 2030", así como impulsar la seguridad energética, crear empleos y construir cadenas de suministro en todo el país.
Por último, el Rey precisó que el Gobierno se comprometió a reformar los procedimientos de edificación y "acelerar" la construcción de viviendas sociales a lo largo de todo el país. En este sentido, los laboristas han prometido también brindar "mayores derechos y protecciones" a los inquilinos así como un plan para evitar los desalojos.
La re-estatización de la empresa del agua
En junio del año pasado, en medio de un fuerte escándalo económico y de deudas, comenzó a circular la idea de renacionalizar la mayor proveedora de agua del país. Se trata de Thames Water que entró en crisis en medio de un colapso financiero revelado por el diario Finantial Times. La empresa se ocupa del alcantarillado y del abastecimiento de agua para unas 15 millones de personas en Londres y en el sureste de Inglaterra, la cuarta parte de la población británica. Esta, también fue una de las tantas empresas nacionales que cayó en la ola de las privatizaciones encabezadas por la entonces primera ministra, Thatcher, cuando ya llegaba al final de su mandato, en 1989.
Tuvo varios cambios de manos que la llevaron al desfinanciamiento y, en la actualidad, es copropiedad de una serie de fondos de pensiones y gobiernos extranjeros. Ahora tiene una deuda de unos 17 mil millones de dólares. Mientras busca fondos en sus accionistas para solventarse, el Gobierno piensa planes para su salvataje, entre ellas, la nacionalización.
Con información de EuropaPress.
Cerrar sesión