En medio de una crisis pocas veces vista en Israel, que incluyó huelgas y protestas multitudinarias organizadas en apenas unas horas, el primer ministro Benjamin Netanyahu cedió a la presión popular este lunes y ordenó tomarse "un tiempo" en el proceso legislativo en el que avanzaba su cuestionada reforma judicial para "darle una chance real a un verdadero diálogo" y evitar lo que calificó como "una guerra civil". El debate en la Knesset (Parlamento) se retomaría después del receso de la primera mitad de abril.
Netanyahu no ordenó archivar la reforma como le demandan por estas horas y hace tres meses en las calles, sino que solamente postergó su debate y aprobación en el congreso. E incluso aclaró, sin abandonar su tono beligerante: "Una cosa que no voy a aceptar es que hay una minoría de extremistas que están dispuestos a destruir en pedazos a nuestro país...llevarlo a una guerra civil e instar a no servir en el ejército, lo que es un crimen terrible."
De esta manera hacía referencia a los numerosos reservistas, incluso de cuerpos de élites de las fuerzas armadas, que en los últimos meses se negaron a responder si eran convocados en rechazo a lo que consideraban una ofensiva inédita contra el Poder Judicial y un deterioro grave de la democracia israelí. Fue tan crítica esta oposición para un país construido alrededor de su servicio militar, que forzó al entonces ministro de Defensa a romper el consenso del oficialismo y salir a pedir públicamente que se postergue la reforma judicial. Acto seguido, Netanyahu lo removió de su cargo y esa decisión fue la que terminó de desatar la escalada popular de las últimas horas.
Una pausa a cambio de...
Desde el domingo a la noche, cuando explotaron las protestas, cortes de ruta y las convocatorias a huelgas masivas, se rumoreaba en la prensa que Netanyahu cedería a la presión. Sin embargo, le tomó todo un día de ásperas negociaciones con sus aliados de Gobierno -es decir los partidos que le garantizan la mayoría en el congreso para seguir en el poder- para conseguir anunciar una prórroga de la reforma sin romper la coalición oficialista.
Según un comunicado firmado por Netanyahu y su ministro de Seguridad Nacional y principal referente de la extrema derecha en su Gobierno, Itamar Ben Gvir, el debate parlamentario de la reforma judicial se retrasará unas semanas o, como máximo un par de meses. A cambio, la cartera de Seguridad pasará a controlar directamente la Guardia Nacional, en vez de estar a cargo de la Policía, como hasta ahora.
El intercambio, lejos de calmar el humor político, encendió aún más alarmas. "Una cosa sabemos: el primer ministro pone en peligro la seguridad del país y la democracia cuando permite que Itamar Ben Gvir establezca una milicia", denunció el diputado laborista y rabino reformista Gilad Kariv, apenas minutos después del anuncio de Netanyahu.
Una jornada de lucha histórica
El paro afectó este lunes los vuelos en el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, según dijo la vocera de la autoridad aeroportuaria de ese país, Liza Dvir. También el Colegio de Médicos anunció rápidamente una "huelga total en el sistema sanitario", que impactó en los hospitales públicos. Y Arnon Bar-David, el jefe de la gran central sindical de Israel -Histadrut-, se sumó a la presión y llamó a un paro general inmediato. "Tenemos la misión de detener este proceso legislativo, y lo haremos", disparó el dirigente sindical en un mensaje difundido por televisión.
Hasta el propio presidente Isaac Herzog aseguró: "Toda la nación está profundamente preocupada. Nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra sociedad están amenazadas. En nombre de la unidad del pueblo de Israel (...) los llamó a detener inmediatamente el proceso legislativo".
En ese contexto y luego que el domingo renunciara el cónsul general israelí en Nueva York, la embajada de Israel en Estados Unidos, amaneció cerrada al público. En un mensaje en Twitter, el portavoz de la embajada, Elad Strohmayer, dijo que la sede diplomática iba a permanecer clausurada este lunes hasta "nuevo aviso", por lo que no iba a proporcionar servicios consulares. De acuerdo al vocero, el llamado al paro de Histadrut abarca también a todos los empleados gubernamentales, incluidas las misiones diplomáticas alrededor del mundo.
Qué propone la cuestionada reforma
Entre los principales cambios que propone el proyecto de reforma oficialista se destaca limitar el poder de la Corte Suprema para fallar contra una decisión de los poderes Ejecutivo o Legislativo. Según este artículo, el congreso israelí podría anular una decisión del máximo tribunal del país solo con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados, es decir, la misma cantidad que necesita un Gobierno para poder asumir.
Otra modificación propuesta es que la Corte Suprema no pueda revisar la legalidad de las llamadas Leyes Básicas de Israel, un conjunto de normas que forman un marco legal similar al de una Constitución. Finalmente, la reforma, que sin dudas tiene en la mira al máximo tribunal, cambia la forma en que los magistrados que la integran son elegidos. Actualmente los políticos y jueces que participan de los paneles que los designan deben ponerse de acuerdo. La idea es que los políticos -y en consecuencia el Gobierno- tengan más peso en la decisión.
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