Mientras las calles de América Latina se tiñeron de violeta y verde en el marco del Paro Internacional de Mujeres, dos noticias recuerdan el avance constante, y nada silencioso, de los representantes antiderechos en la región.
Por un lado, el Congreso de Guatemala endureció aún más su política antiabortista, al ampliar las penas de cárcel por las interrupciones de embarazos, pero también reforzó las medidas contra toda la comunidad LGBT+, al prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace apenas unos días, el mismo presidente Alejandro Giammattei declaró a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.
Por otro lado, en Colombia, donde hace muy poco el colectivo verde celebró la despenalización del aborto, fueron amenazados por un grupo paramilitar los jueces que estuvieron detrás de esa ampliación de derechos.
Guatemala, la Capital Iberoamericana Provida
La norma sancionada en Guatemala, que lleva el nombre de "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", sanciona con hasta 10 años de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause", mientras en la ley actual la pena máxima era hasta el momento de tres años.
El texto además castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un "aborto calificado"
"Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca", dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.
La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala. Igualmente "prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer".
"No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios", afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
Colombia, donde los paramilitares también presionan contra el derecho al aborto
La Corte Constitucional de Colombia recibió el 4 de marzo una amenaza de puño y letra firmada por las Águilas Negras, un reconocido grupo paramilitar en ese país.
La amenaza señalaba que los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas, José Fernando Reyes y Julio Ossa tenían la opción de revocar el fallo o se “entenderían por las balas”. Los paramilitares dejaron en claro también que conocían los horarios, domicilios y vehículos en los que se movilizaban los magistrados.
“Estos no son amenazas ni bromas, sino que cuando pelemos al primero se comprueba lo prometido. ¿A ustedes les hubiera gustado que su mamá los hubiera abortado a los seis meses de gestación? (...) Solamente les quedan dos opciones: revocar la orden de asesinar niños a los seis meses de gestación o aplicaremos el objetivo militar”, dice el panfleto.
La Corte Constitucional de Colombia amplió el 21 de febrero la práctica del aborto libre y legal hasta la semana 24 de gestación luego de cerca de 500 días de controversias y discusiones.
La decisión implicó la entrada en vigor de un modelo mixto para realizar la interrupción del embarazo: será libre y legal hasta los seis meses de gestación por cualquier motivo y tras ese período seguirán vigentes las tres causas que regían desde 2006 y que permiten hacer un aborto legal cuando el embarazo es un riesgo para la salud física o mental de la mujer, fue fruto de abuso sexual o hay malformación del feto incompatible con la vida.
Cerrar sesión