Perú, la otra crisis en la región que se recalienta con más muertos y represión

Dina Boluarte, la dirigente que fue la vice del docente rural y sindical depuesto y detenido Pedro Castillo, asumió hace poco más de un mes y ya carga con 46 fallecidos, casi todos civiles desarmados que protestaban en las calles. Pedían su renuncia, el cierre del Congreso, el adelantamiento de las elecciones y, en algunos casos, la liberación de su ex compañero de fórmula. En varias entrevistas, prometió que la Policía no usaría armas de fuego contra los manifestantes, pero el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chavez Cotrina, confirmó este miércoles que todas las muertes de civiles del lunes fueron causadas por proyectiles de armas de fuego.

Pero la situación podría ser aún más grave. Manifestantes y medios locales denunciaron que las fuerzas de seguridad también usaron las llamadas balas dundum, un tipo que no provoca una herida de salida porque se expanden dentro del cuerpo, ocasionando, claro, mucho más daño. Por eso, están prohibidas en la guerra. 

Crisis sin solución

Después de un par de semanas de relativa tranquilidad, las protestas y los bloqueos contra el nuevo Gobierno volvieron a activarse. Comenzaron en la región de Puno, fronteriza con Bolivia y una de las más pobres del país, con niveles siempre más altos que la media nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La feroz represión policial y la muerte de 17 civiles -y un policía-, entre ellos un menor de edad y un médico que atendía a los manifestantes, generó inmediatamente la solidaridad entre las regiones vecinas, donde también hay comunidades indígenas y suelen compartir el reclamo, político y económico, de discriminación y desprecio del Gobierno central de Lima. Declararon paro, bloquearon rutas y no temen en enfrentarse a la Policía.

"Las grandes regiones del Sur se levantaron en solidaridad con los hermanos de Puno: Arequipa, Cusco, Moquegua, Ayacucho también pusieron muertos desde la asunción de Boluarte y por eso el Sur se está levantando. Ya no es un conflicto puntual, es un levantamiento popular y están preparando una mega marcha hacia Lima para el sábado 14 o el domingo 15 para llevar su indignación allá y pedir el cierre del Congreso, la renuncia Boluarte, el adelantamiento de las elecciones y un referéndum constituyente", explicó en diálogo con El Destape el analista político peruano y experto en Políticas Públicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas.

El miércoles por la noche, se confirmó un manifestante muerto en las protestas en Cusco. Nuevamente, por un disparo. 

El académico, que vive en Lima, destacó una movilización hacia la capital podría cambiar el escenario. La distancia -geográfica, pero también cultural, política y económica- entre Lima y el Sur y las regiones andinas del centro y norte del país es histórica y es la mejor postal del hipercentralismo que caracteriza a Perú. "En Lima hoy se ve prácticamente nada, todo está tranquilo. Todo sigue igual. Por eso, creo que los dirigentes del Sur dijeron vamos a Lima. Ahí si se va a sentir la indignación porque hasta ahora parece como si las muertes no existieran. Esto se debe a que, para mi Perú, es uno de los países más centralistas, discriminador y racista de América Latina, contra los indígenas y campesinos.Y no lo digo yo solamente, esta caldera de odio está acreditada por los grandes escritores peruanos. Esto es lo que origina todo lo demás, la incapacidad de entenderse", aseguró. 

La represión, la invisibilización interna y los reclamos externos

Las imágenes de la represión policial que en el último mes provocó al menos 46 muertos y decenas de heridos, y las historias y los reclamos de las personas que están saliendo a las calles prácticamente no aparecen en los grandes medios nacionales o de Lima. Además, ni el Gobierno parece estar dispuesto a cambiar el rumbo ni los otros dos poderes del Estado lo está presionando para que ponga fin a la crisis.

Desde el Gobierno, el primer ministro Otárola mantiene sus ataques a los manifestantes. El martes, tras la violenta jornada en que 17 civiles y un policía fallecieron en Puno y mientras las autoridades locales pedían frenar la violencia, el ministro nacional denunció: "Hoy, más de 9.000 personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2.000 de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema." Una y otra vez, los responsables de la violencia, para el Ejecutivo que surgió de la destitución de Castillo, son los que protestan.

En tanto, desde el Congreso, la institución con peor imagen del país, las pocas voces que desde las instituciones en Lima denuncian "un baño de sangre" desde la izquierda fueron algunas de las que garantizaron esta semana que no se inhabilitara a Freddy Díaz un diputado acusado de drogar, secuestrar y violar a una de sus empleadas en el mismo edificio del Congreso, destacó Cárdenas. Tampoco están acompañando las protestas en las calles ni parecen estar poniéndose al frente de ellas.

Finalmente, desde el Poder Judicial, solo surgió una iniciativa que, para Cárdenas, es más show que otra cosa. El martes la fiscal nacional Patricia Benavides abrió una investigación contra la presidenta Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por "genocidio", un delito con una pena máxima de 20 años y que supone la matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial. "Es una denuncia para que no pase nada. El delito de genocidio es casi imposible de probar. La Fiscalía está muy cuestionada por su cercanía con la extrema derecha y porque la hermana de la fiscal está siendo investigada por liberar narcotraficante y ella decidió remover a quienes la investigaban", explicó. 

Sin nadie realmente reaccionando desde el Estado y con Lima sumida es una pseudo normalidad, la sensación de abandono se acentúa en el Sur.

De hecho, las voces políticas que más fuerte están denunciando lo que sucede y pidiendo el fin de la represión son algunas autoridades regionales recién asumidas -como los jefes de Gobierno de Puno, Arequipa y Cusco, quienes ya pidieron públicamente la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- y dirigentes internacionales como los presidentes de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro, respectivamente; y el ex mandatario de Bolivia Evo Morales.

Además, este miércoles llegó al país una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y se quedará hasta el viernes para analizar la situación de derechos humanos, especialmente en relación a las protestas. La expectativa de los que denuncian la violencia en Perú es poder acercarle pruebas de lo que algunos ya califican como presuntos crímenes de lesa humanidad. 

Tanto Boric como Petro apoyaron la llegada del Cidh y pidieron frenar la represión a civiles. "Es inaceptable y doloroso ver la cantidad de personas que han muertos en enfrentamientos con la policía en el sur del Perú", alertó el chileno, mientras que el colombiano fue más contundente y habló de "una masacre contra la población". "Es imprescindible una salida política y pacífica. detener la muerte y sentarse a hablar", pidió. 

La primera voz internacional que se había alzado en contra de la represión en Perú fue la del ex presidente boliviano Morales. Desató la furia de los sectores que apoyan directa o indirectamente al Gobierno de Boluarte en el Congreso y en los medios. El contraataque fue rápido y contundente, y terminó con una sanción. Migraciones prohibió la entrada al país de nueve ciudadanos de Bolivia, entre ellos Morales, bajo el argumento de que incurrieron en actividades "de índole proselitista", al visitar el sur del territorio y apoyar a los manifestantes. Desde entonces, el líder boliviano ha redoblado sus denuncias. 

Sin presiones internas y externas difícilmente el Estado peruano cambie su rumbo y trate de buscar una salida a esta crisis en apariencia interminable que no sea ni la represión de las protestas en las calles ni la sucesión de Gobiernos y Congresos que no pueden ni quieren responder a los reclamos sociales, económicos y políticos de una parte olvidada del país que, el año pasado, soñó con finalmente ser escuchada con la llegada al poder de uno de los suyos, Castillo.