La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no halló indicios en Perú de que los manifestantes que colman las calles del Sur del país desde la caída del presidente Pedro Castillo -y ahora también de Lima- respondan a "algún tipo de organización", como denunció el Gobierno de Dina Boluarte, sin presentar evidencias: "No encontramos algo que dijera que están respondiendo a algún tipo de organización, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente", dijo el jefe de la comitiva de la CIDH, Stuardo Ralón, a quien le tocó visitar Juliaca, la ciudad que más muertos acumula por represión estatal desde que asumió Boluarte. En cambio, denunció que "algunos funcionarios alimentan la violencia".
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay 50 personas fallecidas y 1140 heridas. Para Ralón, lo que hay en la sureña Juliaca es "una manifestación auténtica por el abandono" que vive la ciudad, a la que la clase política ofrece "muchas cosas" en épocas electorales, pero "posteriormente no cumple". "Sigue siendo una región (que) pareciera estar muy desconectada, digamos en un nivel de pobreza muy distinto al que (...) uno encuentra en la capital", contó Ralón citado por el diario peruano La República.
Agregó que en lugar de ver "manipulación" por parte de "elementos externos", vio "mucho dolor y tristeza" en la gente. También percibió "un ambiente de estigmatización generalizada", en el que se "pretende indicar que todas las personas que pueden estar manifestando su inconformidad podrían ser calificadas como terroristas", apelando a un recurso discursivo que invalida a los manifestantes arbitrariamente, quitándole su condición de humano y volviéndolo un objetivo de la insurgencia a eliminar.
"Lo que hay en el ambiente es una generalización en el discurso, en las declaraciones de algunos funcionarios que alimentan un ambiente de molestia, indignación, que no ayudan a pacificar la situación, sino alimentan la violencia", afirmó Ralón en contraposición al discurso del Gobierno.
Desde el inicio de las protestas que reclaman la salida de Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones anticipadas, la narrativa del Gobierno ha sido que los manifestantes son manipulados desde el exterior y se llegó a acusar al expresidente de Bolivia Evo Morales de injerencista. "Terruquear" o tratar de "terrucos" o, en otras palabras, "terroristas" es la acción que llevan a cabo la mandataria y sus funcionarios para estigmatizar al pueblo que decidió salir a las calles pese a la feroz represión.
Tanto Boluarte como su primer ministro, Alberto Otárola, insisten, sin pruebas, en que se "ingresó armamento desde Bolivia" para equipar a los manifestantes. En este contexto, el 11 de enero llegó la comisión de la CIDH. Junto con Ralón llegaron el comisionado Joel Hernández; la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido; y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. El grupo se dividió para visitar Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco.
"La Asamblea Constituyente es un pretexto para seguir bloqueando carreteras"
En medio de la crisis política, social e institucional que asedia al país y de las protestas en su contra, la presidenta, Dina Boluarte, insistió en que "no corresponde" al Ejecutivo promover una Asamblea Constituyente, como se reclama en las calles.
En contraposición a lo planteado por la CIDH, Boluarte consideró que quienes son parte de las manifestaciones "están siendo engañados", reportó el periódico La República.
“Cuando el Estado de derecho se sostiene en sus instituciones, mal o bien, pero democráticamente, tenemos que respetar esa institucionalidad y una de ellas es el Congreso. (...) Cuando dicen ‘cierren el Congreso’, no se puede cerrar por arte de magia porque sería ponernos al margen de la ley. Lo que va a suceder con el adelanto de elecciones es que este Congreso se va a ir, nos vamos a ir todos”, sostuvo la mandataria. Para ella, las demandas plasmadas en pancartas y en cánticos son "pretextos".
En tanto, respecto a la posibilidad de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución opinió que "no es (un tema que se da) de la noche a la mañana, hermanos y hermanas del sur del Perú, es un trabajo que tiene que hacer la misma población. Ustedes que están allí, ustedes organícense para que puedan tener esa asamblea constituyente, no corresponde a Dina Boluarte, no corresponde al Ejecutivo. Los están engañando cuando dicen que es Dina Boluarte la que tiene que resolver el tema de la asamblea constituyente. Eso no es cierto”, concluyó.
Con información de Télam.
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