Está claro que la noticia sobre la militarización intensiva que Washington está propiciando en Perú está siendo silenciada ex profeso. ¿Por qué un hecho tan grave como el incremento de tropas del Comando Sur en un país que atraviesa un peligroso proceso antidemocrático, con protestas y represiones, es minimizada?
Todos los hechos apuntan a un cuidadoso plan de Estados Unidos para reorganizar su hegemonía continental, en un momento muy delicado de su historia y, fundamentalmente, por lo que significa para su esquema imperial el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. En ese nuevo tablero estratégico, un Perú sumiso resulta ser una pieza clave no sólo por su rica biodiversidad y recursos naturales (disputados por China) sino por su frontera común con tres países con gobiernos progresistas: Brasil, Colombia y Bolivia.
El 19 de mayo, el Congreso peruano (muy desprestigiado a partir de las maniobras destituyentes contra el presidente Pedro Castillo y el reconocimiento en su lugar de Dina Boluarte) aprobó el ingreso del ejército estadounidenses para hacer actividades de cooperación y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Con 70 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones, los legisladores peruanos autorizaron a que 1.237 militares del Comando Sur con armas de guerra, aeronaves y barcos participaran en ejercicios conjuntos y entrenamientos en 11 regiones peruanas, 5 de las cuales fueron escenarios de grandes protestas por la destitución de Castillo. Del 1 de junio al 30 de septiembre la “asistencia" será con los militares peruanos y, desde el 1 de octubre al 30 de diciembre de 2023, con la policía.
También hubo extremo sigilo mediático en relación a las “donaciones” que EEUU hizo a Perú. La doctora en Ciencias Sociales, Tamara Lajtman, quien ha investigado el tema en profundidad, asegura que “en lo que va del mandato de Joseph Biden, el Departamento de Estado y el de Justicia han entregado al país andino 40 millones de dólares en carácter de asistencia para la seguridad”.
El 23 de mayo el Comando Sur entregó 100 mil dólares más y la polémica agencia USAID 800 mil dólares para el área militar peruana. La embajadora de EEUU en Lima, Lisa Kenna, junto a Dina Boluarte (la “usurpadora” como la llamó alguna vez el presidente de México Andrés Manuel López Obrador) sellaron el acuerdo con un apretón de manos, según registra una foto de la embajada de EEUU en Lima. No olvidar que la embajadora Kenna, ex agente de la CIA y veterana del Pentágono, fue una activa participante del operativo que terminó con Castillo en la cárcel. El 6 de diciembre de 2022, un día antes del derrocamiento, los militares que lo apresaron estuvieron reunidos con ella.
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La oposición peruana en peligro
El pacto peruano-estadounidense es, claramente, de beneficio mutuo tanto para Washington como para el régimen ilegal de Lima, sostenido por las Fuerzas Armadas, el empresariado, los medios hegemónicos de comunicación, una parte del Congreso y el Poder Judicial. Desde diciembre pasado, decenas de miles de peruanos protestan en las calles pidiendo el regreso de Castillo, el presidente elegido legalmente por las mayorías. Boluarte calificó a los manifestantes de “terroristas”. Esta estigmatización sirvió de justificativo para que militares y policías desataran una brutal represión con munición real contra personas desarmadas.
Hoy, además de la inaceptable injerencia extranjera, la oposición peruana teme que los próximos entrenamientos del Comando Sur apunten a perfeccionar las persecuciones y crímenes contra rivales o disidentes. “Es obvio que la presencia de esos militares es un disuasivo. Es parte de una política de atemorizamiento contra el pueblo peruano que acaba de anunciar nuevas protestas para el próximo mes de julio”, aseguró el ex canciller peruano Héctor Béjar.
La fiscal superior de Perú citó a Boluarte (que hoy cuenta con el 16% de aprobación popular) para el próximo 8 de junio. Debe declarar por las casi 70 muertes y cientos de heridos que dejó como saldo la represión. La investigación habla de “presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves”. No obstante, organismos de derechos humanos sugieren que la investigación es una farsa porque desde diciembre hasta hoy la Fiscalía no ha interrogado ni a un solo miembro de las fuerzas de seguridad implicado en los homicidios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia en su informe sobre el “uso excesivo, indiscriminado y letal de la fuerza” contra los manifestantes. En el mismo sentido el relator especial de la ONU, Nyaletsossi Voule, que estuvo diez días investigando el tema en Perú, concluyó que “el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza provocó la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes durante las protestas que comenzaron en diciembre de 2022 (...) Los responsables de violaciones de los derechos humanos durante las protestas deben rendir cuentas de manera efectiva”.
El “nuevo orden” sudamericano
EEUU viene incrementando ininterrumpidamente su atención en las capacidades defensiva de nuestra región. “Esto se ha materializado – dice Lajtman en su artículo “La militarización low profile de Estados Unidos en el Perú”- en flujos de cooperación, en reformas y en prácticas en distintos países, que suponen una amplia red de infraestructuras militares ("bases tradicionales", centros de operaciones de avanzada, centros de operaciones de emergencia, etc.), acuerdos regionales de seguridad, patrullajes navales constantes, misiones humanitarias, ejercicios conjuntos y entrenamiento que naturalizan la presencia militar estadounidense”.
La fusión de relatos –tanto de los supuestos desastres climatológicos como del “narcoterrorismo”- sirve para justificar, en Perú, la constante afluencia de asesoría militar norteamericana. Esta militarización no es nueva. Lajtman releva la presencia del Pentágono desde 1952 hasta hoy, con altos y bajos. Se incrementó en 2007 con la decisión del entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, de no renovar el contrato del Comando Sur por la base de Manta y también por “el populismo resurgente” como calificó el ex jefe del Comando Sur, Douglas M. Fraser, en 2009, a los gobiernos progresistas de la región, según un cable filtrado por Wikileaks.
Los datos le permiten asegurar a la doctora Lajtman –investigadora del prestigioso centro Celag- que “Perú se configuró, junto a Colombia, como eje de contención (al avance del progresismo) en la subregión andina”. Pero “mientras las bases en Colombia implicaban una permanencia de 800 a 900 militares estadounidense en este país, en 2004, Perú ya había superado largamente esta cifra con 2.390 militares”.
Para la analista, la documentación “revela que la presencia militar es mucho mayor (en términos cuantitativos) de lo que se suele considerar, pero, también que está profundamente arraigada de forma institucional, y facilitada por los sucesivos gobiernos que, de la mano de la implementación de una política neoliberal radical, han puesto el territorio nacional a disposición de las FFAA estadounidenses”.
Colombia ha sido históricamente conocida como “la Israel de Sudamérica” por ser para EEUU la plataforma desde la cual opera estratégica y militarmente en nuestra región. Sólo basta recordar las operaciones realizadas para derrocar a los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en las últimas décadas. Por esta razón, Colombia es el principal destinatario de dinero para asistencia militar y policial y el principal receptor de entrenamiento.
Sigue México, el país vecino y la zona que representa el punto más vulnerable para el imperio. En tercer lugar, se ubica Perú, país donde se incrementa la “asistencia” y los entrenamientos en lo que va del siglo XXI. Además, Perú es uno de los países que más militares ha enviado a la remozada Escuela de las Américas –rebautizada Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental- con su historia de formación de escuadrones de la muerte, genocidas y golpistas. “Por lo menos 23.212 miembros de las fuerzas de seguridad peruanas fueron entrenados por EEUU entre 2000 y 2019”, asegura la analista.
Para Lajtman, “el caso peruano muestra una forma distinta a la clásica colocación de bases militares por parte de EEUU (…) Perú muestra una vía de militarización "tercerizada" que ha sido silenciosa en lo que va del siglo”. La investigadora acuerda con que, desde “una mirada geopolítica regional”, el país andino es una herramienta fundamental del rediseño hegemónico que ha emprendido el imperio.
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