En medio de una escalada de sus acciones, que incluyó un allanamiento inédito a la Casa de Gobierno, la Fiscalía General de Perú abrió una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo, la quinta desde que asumió hace poco más de un año y la sexta en total.
"La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda, por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal. El objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima", tuiteó el Ministerio Público este jueves.
Se trata de la quinta investigación contra Castillo desde que asumió la Presidencia, pero se suma una más por presunto plagio previa a la asunción.
Según explicó el diario El Comercio, la etapa de investigación durará hasta 36 meses y buscará determinar si hubo irregularidades en la realización de obras en Anguía, en la provincia de Chota y Gondor, en el departamento de Lima. Ambas obras, de acuerdo a la denuncia, habrían sido otorgadas a empresas privadas a cambio de sobornos a través de una presunta organización que integrarían el jefe de Estado y Alvarado, ministro de Vivienda en 2021.
La presunta organización criminal también estaría integrada por Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, así como por empresarios y exfuncionarios del actual Gobierno, según Télam.
La situación judicial de Castillo pareció agravarse esta semana, cuando el abogado Benji Espinoza anunció que renunciaba a la defensa del mandatario y su esposa -decisión que finalmente se revirtió- y su cuñada Yenifer Paredes, objeto de varios allanamientos.
Castillo, por su parte, denunció el allanamiento a la Casa de Gobierno como un "show mediático": "Palacio y la casa presidencial han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno." Según el mandatario, la ofensiva judicial es fruto de "una confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa" para "desestabilizar el orden democrático", y la emparejó con otras acciones en su contra, como la pretensión de algunos congresistas de suspenderlo del cargo por supuestamente haber planteado una entrega de salida al mar para Bolivia.
En paralelo, la Policía de Perú extendía la búsqueda de la cuñada del presidente a la casa familiar del mandatario, en la provincia andina de Chota, lo que elevó aún más la tensión política.
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