Los cálculos varían entre 46 y 50 muertos en apenas cinco semanas y ya nadie niega que la gran mayoría fallecieron por disparos de armas de fuego en medio de la represión policial. La presidenta Dina Boluarte -la vice de Pedro Castillo que asumió con el apoyo de sus ex enemigos políticos luego que destituyeran y detuvieran al mandatario- pidió perdón este fin de semana, pero no anunció ninguna medida concreta para garantizar que habrá verdad y justicia. Por eso, las protestas contra ella y el Congreso siguen creciendo y ya no se limitan solo al sur del país. Para evitar un bloqueo total también de la capital y la zona centro, el Gobierno decretó el estado de emergencia por 30 días en cuatro regiones, entre ellas la capital, Lima. Eso significa que podrá sacar a los militares a las calles.
El estado de emergencia se extenderá por un mes en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno. Sin embargo, aún después del anuncio, todavía había cerca de un centenar de bloqueos de rutas en 10 de las 24 regiones del país, según Télam. La gran incógnita es si el Gobierno desplegará a los militares de manera inmediata para levantar los cortes y, especialmente, evitar una gran marcha nacional hacia Lima.
El estado de emergencia contempla que "la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas", según el decreto del Poder Ejecutivo publicado por la gaceta oficial, citado por la agencia de noticias Andina. Además, suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.
Después de una semana muy violenta, en la que alrededor de una veintena de personas fallecieron, casi todos civiles desarmados, los manifestantes estaban convocando para movilizarse masivamente desde el sur del país hasta Lima desde este lunes y durante toda la semana. Para ello, el control de las rutas es crucial.
El Gobierno de Boluarte, que tuvo una primera muestra de una Lima movilizada en los últimos días, ya calificó esta posible marcha nacional a Lima como un intento de derrocar a la presidenta, quien nunca llegó a contar con apoyo popular para presidir el Ejecutivo, aunque sí logró tender puentes con muchas de las fuerzas y dirigentes opositores que durante todo el año y medio pasado intentaron derrocar de una manera u otra a Castillo, hasta que éste último intentó cometer su propia ruptura institucional el 7 de diciembre pasado, cerrando el Congreso y ordenando una "reconfiguración" del Poder Judicial.
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Desde que Boluarte lo sucedió a Castillo y este fue detenido en un proceso judicial que ya despierta sospechas por sus irregularidades y faltas de garantías, las protestas comenzaron a estallar, principalmente en las regiones más pobres y olvidadas del país, las mismas que habían encontrado en el docente rural y sindicalista la primera posibilidad de hacerse escuchar en Lima.
El Gobierno de Castillo no logró avanzar ninguna de las ambiciosas propuestas con las que asumió -por impericia propia y por el obstruccionismo de la oposición-, pero de todas maneras estos sectores históricamente rezagados no parecen estar dispuesto a volver a la vieja normalidad y, por eso, piden elecciones anticipadas ya, el cierre del Congreso -la institución con peor imagen del país hace tiempo- y la renuncia de Boluarte.
Desde su primer día, el flamante Gobierno respondió a las protestas que pedía un recambio total con represión: los cálculos varían según las fuentes y los medios de comunicación, pero oscilan entre los 46 y 50. Solo uno de ellos no era un civil, sino un policía que un grupo de en una protesta rodeó y prendió fuego.
Las protestas se han expresado sobre todo en tomas de instalaciones, aeropuertos y bloqueos de rutas. El sábado, por ejemplo, el país amaneció con más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después de que la presidenta Boluarte asegurara que no renunciará.
Las regiones del sur andino, de las más marginadas en Perú, están sumidas en una incesante convulsión social.
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En Cusco, meca del turismo internacional porque la región es sede de las ruinas de Machu Picchu, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad, medida con la que el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis. No obstante, los trenes a Machu Picchu, única vía para acceder a esta joya del turismo mundial, seguían suspendidos.
Las protestas se reactivaron la semana pasada después de una suerte de tregua de fin de año y se han concentrado en el sur andino, donde habitan comunidades quechuas y aymaras que, coinciden analistas, han sido históricamente marginadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó esta semana una visita al país, consideró que para superar definitivamente la crisis será necesario integrar a esas comunidades.
La misión internacional también consideró que los manifestantes estaban sufriendo, una vez más, de terruqueo y otras formas de deslegitimación por parte de los sectores más poderes del país, principalmente, de Lima. El terruqueo es la forma en la que, desde la época del fujimorismo, se deslegitima a cualquier expresión de izquierda vinculándola con el terrorismo, aún sin pruebas ni lógica alguna.
Como ya es costumbre entre la derecha y los sectores conservadores, el actual Gobierno volvió a echar mano de ese fantasma para criticar a las protestas.
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