Nada indica que la crisis política y social en Perú esté cerca de resolverse. Por un lado, la declaración de un estado de emergencia en todo el país que habilitó un despliegue militar en las calles, solo enervó más a los manifestantes, aún si la represión recrudeció en las últimas horas y se impuso un toque de queda en 15 provincias. Por otro lado, el Congreso -la misma institución que destituyó al ahora ex presidente Pedro Castillo hace nueve días y que posee la peor imagen pública del país- no consiguió aprobar este viernes el proyecto de ley que impulsó la nueva mandataria, Dina Boluarte, para adelantar las elecciones a finales de 2023.
El adelantamiento de las elecciones y el cierre del Congreso son dos de los principales reclamos que se escuchan por estos días en las calles de Perú. Eso sí, el adelantamiento electoral que se pide es inmediato, no para dentro de un año, lo que demuestra el nivel de hartazgo popular. Además, otro pedido que se escucha fuerte en las protestas -aunque no en todas- es la restitución en el poder de Castillo, un dirigente que, sin embargo, no reúne el apoyo de todos los que hoy protestan ya que horas antes de su destitución intentó cerrar el Congreso sin pasar por las condiciones dictadas por la Constitución y hasta "reorganizar" el otro poder del Estado, el Judicial.
Por eso, mientras para algunos manifestantes, Castillo fue destituido por un golpe de Estado legislativo, para otros tanto él como el Congreso cometieron acciones antidemocráticas.
En este complejo contexto, las protestas no paran de crecer y también la represión. Aeropuertos cerrados, fábricas e instalaciones energéticas tomadas o bloqueadas y regiones enteras en pie de guerra contra el poder en Lima, que por ahora responde con la Policía y los militares. La tensión escaló tanto que el flamante Gobierno sufrió este viernes las primeras bajas a menos de 10 días de haber asumido: la ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, y su par de Cultura, Jair Pérez, presentaron su renuncia al cargo en repudio a los muertos en las calles.
"Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas", aseguró Correa en un comunicado.
Tras una noche de extrema violencia, los muertos ya ascienden a 20, si se tiene en cuenta también los fallecidos en accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos de rutas y por la imposibilidad de traslados a centros de salud.
Mientras la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, informó más temprano de 18 los muertos, el sitio del diario La República y la agencia de noticias AFP hablaron de otras seis víctimas fatales en accidentes relacionados con cortes de rutas. Al no haber un registro centralizado, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras. A finales de la tarde, el director regional de Salud de Junín, Luis Zuñiga Villacresis, informó de otros dos fallecidos por represión y disturbios en la provincia de Chanchamayo, según el portal RPP.
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Hasta acá parece claro que las situaciones más graves se dieron en Ayacucho, donde este jueves a la noche hubo ocho muertos en el intento de toma del aeropuerto, y en Apurímac, donde se llevan contabilizados 6 fallecidos. Los números varían luego en La Libertad, Arequipa y Huancavelica.
El hecho que parece encaminado a marcar una bisagra en las manifestaciones fue el de Ayacucho, en el intento de tomar el aeropuerto, que estaba bajo control del Ejército. “Al verse rodeados y que la masa se iba acercando, lo que señalan (los reportes) es que habrían dado la orden de 'alto' (antes de disparar); primero disparos al aire, pero después han sido disparos al cuerpo", explicó a la agencia AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Detalló que los manifestantes portaban hondas y piedras. "Esto amerita una investigación penal; estás personas han fallecido por impacto de bala", consideró. El Gobierno regional, en tanto, exigió “el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú” y condenó “todo acto de vandalismo".
La Policía Nacional del Perú respondió con un llamado a los habitantes de Ayacucho para "evitar acciones contra el orden democrático" y volvió a culpar de todo a los manifestantes. "Exhortamos a la población ayacuchana a evitar acciones que vayan contra la tranquilidad pública y el orden democrático, no dejándose convencer por azuzadores y violentos quienes, con sus acciones, inducen a otros a enfrentarse a las fuerzas del orden", tuiteó la fuerza de seguridad.
En tanto, la presidenta Dina Boluarte trasladó su más sentido pésame a las familias de los fallecidos, un mensaje que se repite pese a su decisión de mantener el despliegue militar y la posibilidad de limitar las garantías constitucionales: "Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos".
Ahora resta ver cómo reaccionará Boluarte luego que el Congreso, en donde no posee ni un diputado propio, no aprobara su proyecto de adelantamiento de las elecciones, su única propuesta concreta no represiva para salir de esta crisis política y social.
Con información de Télam
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