Las y los congresistas de la Comisión de Constitución del Congreso peruano bloquearon la el debate sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo nacional para adelantar las elecciones a octubre. Según informó la prensa local, esta situación aleja cada vez más la posibilidad de que los comicios se realicen este año, tal como claman desde las calles desde hace casi dos meses. Para este sábado, organizaciones sociales, feministas, ambientalistas y pueblos originarios convocan a una nueva marcha y anunciaron una huelga nacional indefinida.
Los integrantes de la Comisión de Constitución no lograron los 14 votos que requerían con la excusa de que una propuesta similar ya se archivó en el pleno esta semana. Así, recién podrá verse en el próximo periodo anual de sesiones, que comienza en junio, reportó El Comercio.
Previo a ello, el ministro de Justicia, José Tello, había defendido la iniciativa del Gobierno de Dina Boluarte, cada vez más repudiado por la ola represiva con la que respondió a las manifestaciones que crecen desde el 7 de diciembre pasado cuando el expresidente Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial. También habían participado de la Comisión los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas; y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quienes hicieron propuestas.
El texto de reforma constitucional, presentado con carácter de urgencia, proponía que las elecciones se realizaran el domingo 8 de octubre y que el mandato de Boluarte concluyera el 31 de diciembre para que la nueva gestión asumiera el 31 de diciembre hasta el 28 de julio de 2028. Mientras, las funciones de los parlamentarios se preveía que culminaran el 29 de diciembre. El próximo Congreso, entonces, se presumía que asumira el 29 de diciembre próximo y hubieran concluido el 26 de julio del 2028. “Esto es importante dejarlo en claro: todo terminaría en el 2023″, remarcó José Tello, algo que al parecer no sentó bien entre las y los congresistas que buscan asentarse en el Congreso nacional.
En el caso del Parlamento Andino (parte de la Comunidad Andina), se proponía que terminasen sus funciones el 31 de diciembre de 2026. Y que el mandato de los nuevos representantes fuera del 1 de enero del 2027 hasta el 27 de julio 2028, por lo que las elecciones hubieran funcionado como complementarias.
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Las movilizaciones surgieron en el surandino, una zona históricamente relegada, de campesinos, campesinas e indígenas, en donde hay una mayoría que aún apoya a Castillo. Pero con el correr de las y los muertos por la represión -cuyas marcas de balas de plomo ya se pudo constatar más de una vez- la ola de repudio hacia el nuevo Gobierno se extendió y llegó al centro de Lima, en donde desde el pasado 19 de enero se lleva adelante un paro nacional indeterminado y las marchas y concentraciones con diarias que exigen elecciones inmediatas, el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta.
Del otro lado, desde la administración nacional, y desde los medios hegemónicos se ocuparon de señalar a quienes salen a las calles como "terrucos" o "terroristas".
La mayoría de la región reconoció a Boluarte luego que Castillo leyera en un mensaje a la Nación un decreto en el que cerraba el Congreso -pese a no cumplir con los requisitos constitucionales-, se comenzaba a gobernar por decreto en un estado de emergencia y se anunciaba una "reorganización" del Poder Judicial -algo que no permite la Constitución- y la convocatoria a una asamblea constituyente. Esto provocó que una mayoría en el Congreso lo destituyera, la Fiscalía lo detuviera y ahora se lo juzgue, en un proceso muy criticado por denuncias de faltas de garantías para el ex mandatario.
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