Pese a todos los pronósticos, Dina Boluarte logró mantenerse en la presidencia de Perú. Con decenas de muertos en dos meses de represión, las acusaciones de traición de sus ex compañeros y un fuerte rechazo popular, la ex vicepresidenta sigue al frente del Ejecutivo y sin miras de adelantar las elecciones. Qué pasó para que la votación ya no forme parte de la agenda legislativa y quién sostiene a la mandataria que rechaza casi el 80% de los peruanos y peruanas, son algunos de los interrogantes que surgen de la actualidad del país vecino.
En contexto
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El 7 de diciembre pasado el mandatario hasta ese momento, Pedro Castillo, anunció de manera sorpresiva que disolvía el Congreso por considerar que los legisladores tenían como única intención destituirlo. Si bien el cierre legislativo es una herramienta constitucional, sostuvieron que no cumplía con los requisitos y acusaron al maestro rural de izquierda de dar un autogolpe. En pocos minutos, lo vacaron del Parlamento y lo detuvieron. El ex presidente sigue preso hasta hoy en la cárcel de Barbadillo, donde están también los ex mandatarios, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.
Mientras se desencadenaba toda la situación con Castillo, su vicepresidenta Boluarte y quien había jurado lealtad al maestro rural, no dudó en sostener que había sido un autogolpe y a los pocos minutos, se colocó la banda presidencial y afirmó que gobernaría hasta el 2026, fecha del mandato en el que debía terminar la administración del dirigente de izquierda. Toda esa fugaz situación de cambio de mando, generó que sectores campesinos e indígenas que se sentían representados por el mandatario, salieran a las calles a pedir la renuncia de esta mujer a quien comenzaban a llamar una traidora.
¿Hasta el 2026?
Acorralada por las críticas de la represión que dejó en las protestas de diciembre y enero un saldo de al menos 49 muertos, Boluarte comenzó a hablar de adelantar las elecciones para este año e incluso se lo pidió al Congreso. Sin embargo, desde algunos sectores legislativos de la derecha se negaron a cambiar la fecha y apoyaron su gestión, y parte de la izquierda dijo que si no se hacía junto a un referéndum constitucional tampoco apoyarían el proyecto para cambiar la fecha de votación. Por lo cual, hasta el momento, la presidenta sigue en su cargo.
Apenas unos meses después y pese a ser uno de los principales reclamos de las protestas, la discusión sobre el adelantamiento de las elecciones parece haber desaparecido. “Por intereses tanto del Gobierno y del Parlamento se ha sacado de la agenda política el adelantamiento de las elecciones. Si ella es vacada o renuncia, los parlamentarios tendrían que abandonar sus cargos y convocar a elecciones generales anticipadas, de esta forma perderán sus suculentos sueldos. El interés nacional está por debajo de los intereses partidarios y sobre todo del económico. Creo que ese es el aspecto más vergonzoso de la crisis, que por apetitos personales se privilegie la permanencia en el cargo tanto de Boluarte como de los parlamentarios”, explicó a El Destape, el ex premier de los gobiernos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra, y dirigente de Libertad Popular, Pedro Cateriano.
Para el ex presidente del consejo de ministros, la situación de la gobernabilidad de Boluarte es complicada en parte por la inexperiencia. “La mala administración pública, la ineficacia está complicando el manejo del país. Si bien es cierto que el tema económico, en el control de la inflación seguimos siendo uno de los países con tasas más bajas de América Latina, sí se han resentido las inversiones nacionales y extranjeras que son esenciales para el desarrollo del país. La inestabilidad política ha generado un ambiente de poca confianza en el exterior, y acaso en este momento ese sea uno de los principales problemas de la presidenta Boluarte”.
Impopular, ¿pero quién la sostiene?
De acuerdo a los sondeos, Boluarte llega a tener casi un 80% de desaprobación. Sale poco públicamente y cuando lo hace, es acompañada de un fuerte equipo de seguridad o a lugares donde sabe que va a estar resguardada. La próxima semana tendrá que presentarse ante la Fiscalía de la Nación para declarar por los muertos en las protestas, la investigan por los cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, aunque muchos analistas desconfían de lo que pueda avanzar la Fiscalía en esa materia.
“El gobierno de Boluarte es claramente un cogobierno con el fujimorismo y la ultraderecha de Renovación Popular, los dos partidos que perdieron las elecciones. Se ha reunido públicamente ya dos veces con Keiko Fujimori y es su bancada la que la sostiene en el Congreso. Es un Gobierno asediado, ilegítimo, una presidenta que no sale del Palacio. Apenas sale la gente la rechaza, le dicen asesina”, explicó a El Destape, la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del gobierno de Castillo, Anahí Durand, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, instituto educativo donde en enero pasado irrumpieron las fuerzas de seguridad y se llevaron a decenas de personas detenidas durante las protestas.
Desde un ángulo político opuesto al del ex premier consultado, Durand también coincidió en que el adelantamiento de las elecciones se bajó de la agenda por intereses personales tanto de los legisladores de derecha a quienes considera que Boluarte lleva adelante su programa de gobierno, como de izquierda de quienes asegura que no quieren irse. La ex ministra se refirió a quien considera que respalda al Gobierno: “El sector empresarial es el que la sostiene, están con ella, con Keiko y la ultraderecha, que decía que Castillo era comunismo. Ella se entregó a esos poderes. El actor fundamental es la Sociedad Nacional de Minería que está queriendo sacar proyectos que han generado conflicto antes. Es un gobierno restaurador, orientado a profundizar todo el tema neoliberal y no quieren esperar a las nuevas elecciones, ella ya está avanzando con eso”.
Una dirigencia devaluada
“Boluarte tiene una crisis de legitimidad y de gobernabilidad muy grande, su aprobación no pasa del 20%, según la última medición es del 16%. No es popular ella, ni ningún político de Perú. Hay poco interés del peruano promedio, que se muestra harto de la política”, afirmó a El Destape, el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli. El especialista también coincidió que el sostén político de Boluarte está dado por el fujimorismo, por Avanza País y por la ultraderecha de Renovación Popular, espacio político del alcalde Lima, Rafael López Aliaga, quien llegó a tener notoriedad internacional cuando contó que para mantenerse en celibato pensaba en la Virgen María.
Según el último estudio de Ipsos, el rechazo a Boluarte es del 75%. Su premier, Alberto Otárola, tiene una aprobación de apenas el 14% y una desaprobación del 67% y algo similar sucede con los otros poderes del Estado. El Congreso tiene una imagen positiva del 13% y una negativa del 79%, mientras que la Justicia el 22% la aprueba y el 68% lo desaprueba. Los hechos de corrupción en los que se vieron envueltos prácticamente todos los últimos mandatarios del Perú, con un hecho inédito de tener presos en la misma cárcel a tres expresidentes, más el accionar de legisladores y la falta de justicia, explica parte del desencanto.
“Boluarte ha nombrado a ministros más técnicos, eso hace que sean más serios y le da cierta tranquilidad o estabilidad y calma”, agregó el director de Ipsos. Al ser consultado acerca de los números de Keiko Fujimori o qué explica que no haya tenido interés en adelantar las elecciones cuando en la última votación quedó a pocos miles de votos de la presidencia, Loli sostuvo: “El fujimorismo existe, tiene una base de un 10% o 15% pero en Perú la principal corriente se llama antifujimorismo”.
¿Qué viene?
Los consultados coincidieron también en que las protestas se dispersaron en primer orden por la fuerte represión, pero también por la necesidad económica. Sectores muy turísticos como Cusco, y pese a ser uno de los lugares de más respaldo a las protestas, se vieron muy afectados por la paralización de esa actividad. Desde la dirigencia política se aprovechó esa desmovilización para sacar de la agenda las demandas como las elecciones e incluso de los sectores que piden un cambio constitucional. También se aprovechó para aprobar otras medidas no muy populares como la llegada de tropas estadounidenses para entrenar a las fuerzas de seguridad.
Una de las incógnitas actuales es si la actual calma peruana va a llevar a que finalmente Boluarte gobierne hasta el 2026. Parece algo muy difícil de predecir en un país que ha tenido más de cinco mandatarios en los últimos años. Además, se suma la impopularidad de la mandataria, la espera de que los manifestantes puedan volver las protestas en julio y que avance la investigación por las muertes en represión, por la cual también podría ir a la cárcel. Todo esto indica que el futuro político de la mandataria aún pende de un hilo, y de uno muy delgado.
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