Crisis en Perú: Estado de emergencia, siete muertos y Castillo quiere dar pelea

Perú ya vio esta postal antes: pueblos, ciudades y regiones enteras del interior en caos, con protestas, tomas de fábricas, aeropuertos y rutas cortadas -en definitiva, en pie de guerra-. y del otro lado, el poder político en Lima respondiendo con represión, desdén a los reclamos. Tras cuatro días de creciente conflictividad, los muertos ya suman siete, los heridos se cuentan por decenas, tres regiones ya fueron declaradas bajo estado de emergencia -es decir, se limitan las garantías constitucionales y los militares pueden actuar con la policía-, y el presidente destituido Pedro Castillo abandonó el silencio y publicó una carta desde la cárcel: "No renunciaré ni abandonaré mis altos y sagradas funciones."

Mientras se conocían las noticias de nuevas víctimas de la represión y de la toma del aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país, en Lima, miembros del flamante Gobierno comparecían en el Congreso para explicar cómo están gestionando la crisis, que estalló ni bien asumieron. "El caos y el desorden no convienen a nuestro país. La Policía Nacional con apoyo de las FF.AA. restablecen el orden interno. Los derechos de protestas están garantizados", aseguró el ministro del Interior, César Cervantes Cárdenas. Pero el nuevo Gobierno de Dina Boluarte no se limitó solo a defender a las fuerzas de seguridad, sino que atacó directamente a los manifestantes: "Parece que se ha empleado dinero del Estado en pagar azuzadores", sentenció el jefe de Gabinete, Pedro Angulo, quien apuntó a los representantes del Ejecutivo nacional en las regiones y ciudades de todo el territorio. "Entre los azuzadores había prefectos y subprefectos," dijo para justificar la suspensión de todos estos funcionarios, designados durante el mandato de Castillo.

Ya el domingo, Angulo había acusado a los manifestantes de estar realizando "un segundo momento del golpe", en referencia al intento de disolución del Congreso y "reorganización" del Poder Judicial de Castillo del miércoles pasado, la decisión que selló su destitución.

"Angulo dijo al principio: 'Todo esto es culpa de los azuzadores, es la izquierda que se está alzando'. Es todo lo contrario a lo que debería estar haciendo el Gobierno que es tender puentes para abrir un diálogo con la población y convocar a actores fuera del Estado. En cambio, es confrontacional. El problema es que el descontento de la población es gigantesco, principalmente contra el Congreso. Muchos piden que se cierre pero eso legalmente no se puede hacer y, además es contradictorio con el pedido de elecciones anticipadas, porque es el Congreso el que debe convocarlas, según la Constitución. La verdad yo no veo una situación tan diferente a la de Guatemala en 2020, cuando el Congreso terminó incendiado", advirtió en diálogo con El Destape el analista político peruano y experto en Políticas Públicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas.

Prueba de esta escalada es que el propio Angulo dio marcha atrás y anunció este lunes que mañana martes los ministros del nuevo Gobierno viajarán a las regiones epicentros de la movilización para intentar abrir un diálogo. 

Por ahora, hay protestas, cortes de rutas y tomas en la mayoría del sur y parte del centro del país. Además, ya son cinco los gobernadores que piden un adelanto inmediato de las elecciones: Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho y Puno, según el portal de noticias Ojo Público. El Gobierno regional de Puno, fronterizo con Bolivia,  fue uno de los más contundentes: "Primero: rechazar categóricamente la represión policial frente al derecho de protesta emprendida por los pueblos del Perú profundo. Segundo: exigimos la conformación de una Asamblea Constituyente para la elaboración de una Nueva Constitución que debe permitirnos refundar nuestro país. Tercero: Consideramos la vacancia (destitución) del presidente de la República Pedro Castillo ha sido ilegal e irregular en relación a la Constitución y el debido proceso. Cuatro: Solicitamos a las autoridades del Estado atender a las demandas justas del pueblo: cerrar el Congreso, restitución del presidente Pedro Castillo y adelanto de elecciones en el plazo más breve," firmó el gobernador Alejo Apaza. 

"Vivimos una especie de fuenteovejuna andino. Como el país está tan desinstitucionalizado, las demandas se entremezclan: hay una demanda de restituir al presidente, otra para cerrar al congreso, otra para sacar a la presidenta actual Dina Boluarte, otra para adelantar a las elecciones y otra para una asamblea constituyente. Algunos de estos pedidos son contradictorios entre sí. Pero ese es el escenario. Todo está desbordado", explicó Cárdenas y agregó que este jueves los estudiantes universitarios se movilizarán en todo el país y, especialmente en Lima, la capital que salvo algunas manifestaciones que terminaron con una cruenta represión en el centro de la ciudad, ha escapado hasta ahora al caos del sur y centro del territorio. 

En medio de este contexto y luego de ser desaforado por el Congreso, Castillo volvió al centro de la caótica escena política en Perú, luego de cuatro días de ser detenido por la Fiscalía y su propia escolta cuando se dirigía a la embajada mexicana para convertirse en un asilado político. Publicó una carta que escribió de puño y letra, en la que prometió: "No renunciaré ni abandonaré mis altos y sagradas funciones". Calificó a Boluarte, quien fue su vice durante poco más de un año, como "una usurpadora" y describió a su discurso como flamante mandataria como "los mismos mocos y babas de la derecha golpista". "Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. ¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!", concluyó.

El mandatario no se refirió a su decreto que buscaba cerrar el Congreso y "reorganizar" -nunca quedó claro qué significa eso- todo el Poder Judicial, pese a que personas de su entorno e incluso uno de sus abogados había asegurado que podría haber estado drogado en el momento que leyó el decreto y no recordaba nada. Este lunes, otro de sus abogados, Miguel Pérez, desmintió esta versión, dijo que Castillo recuerda todo y que "no es una persona que sea inimputable". Además, cuestionó los cargos que pesan sobre él: “¿Hay un delito de golpe de estado? ¿Hay un delito de disolución del Congreso? Dicen que hay rebelión, pero en el código penal no calza de manera exacta, cuando hables de delito se tiene que calzar en el código penal”, aseguró. Poco después, renunció a la defensa de Castillo por "discrepancias en cuanto al enfoque de la defensa", según explicó al Canal N. "Yo soy una defensa técnica, jurídica y no voy a entrar jamás en temas políticos ni justificar temas políticos, ese es el punto central", agregó.

"Los actores en este escenario político no son racionales. Estamos en Macondo y, por eso, una medida autodestructiva como dar un golpe de estado puede convertirse en una maniobra brillante de ajedrez: las acusaciones contra Castillo están violando todo el debido proceso y lo están convirtiendo en un mártir. Y hoy quién puede decir que no puede volver", sostuvo Cárdenas. 

Para el académico, el Gobierno actual "no tiene liderazgo" y cometió dos errores: Primero, elegir a Angulo como jefe de gabinete -"El nuevo Gobierno fue definido a partir de un pacto político con el Congreso, sobre todo los puestos claves. Fue un error, el Congreso hoy es radioactivo. ¿Por qué (el ex presidente Martín) Vizcarra fue tan popular? Porque se enfrentó al Congreso y eso le permitió por un tiempo compensar la falta de una bancada propia", explicó-; y segundo, "Boluarte se equivocó al no anunciar el adelantamiento de las elecciones para 2024 en su primer discurso, cuando asumió."

Solo se requiere una chispa para que todo termine de explotar y la dirigencia peruana lo sabe porque ha visto esta película más veces de lo que desearía en los últimos seis años.

La región empieza a reaccionar con más fuerza

Los países vecinos también lo saben y, por eso, este lunes, los Gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia y México emitieron un comunicado conjunto para "expresar su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú". Pidieron que se "priorice la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas" y destacaron: "Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".

Finalmente, recogieron las acusaciones que ya señalan irregularidades en los procesos contra el mandatario destituido: "Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado".

En un primer momento, la reacción de los presidentes de izquierda o centro-izquierda de la región fue cauta. El decreto de Castillo de cerrar el Congreso sin cumplir los requisitos constitucionales y de querer "reorganizar" al otro poder del Estado los había descolocado. El colombiano Gustavo Petro fue uno de los más contundentes y aseguró: "La antidemocracia no se combate con antidemocracia". En Brasil, el electo Luiz Inácio Lula da Silva calificó la destitución de Castillo como una medida tomada dentro "del marco constitucional". Pero pronto, el mexicano Andrés Manuel López Obrador comenzó a endurecer su mensaje y ya para el jueves pasado calificaba lo sucedido como "un golpe blando". Luego, desde Bolivia, el ex presidente Evo Morales se sumó a esta interpretación. 

Este lunes, finalmente, los mandatarios en ejercicio que desde hace meses funcionan como una suerte de alianza de centro-izquierda regional decidieron unificar el discurso para darle más fuerza a su reclamo. Aunque el texto no incluyó la palabra "golpe de Estado" o "quiebre del orden constitucional", sí quedó claro que piden la restitución de Castillo, al que siguen refiriéndose como "presidente".