En un sorpresivo mensaje al país que pronunció al filo de la medianoche, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará a su gabinete ministerial tras aceptar la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres, causada por una nueva pugna con el Congreso. El renunciante es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo y será el quinto Gabinete desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses.
"Habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su trabajo por el país, renovaré el gabinete", dijo Castillo en su mensaje transmitido desde Palacio de Gobierno por la televisora estatal. La renuncia de Torres se produjo en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de izquierda y el Legislativo, controlado por las bancadas de derecha.
Horas antes de que se anunciara la renuncia, el jefe del Congreso, José Williams, había anunciado que "la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza" planteada por el renunciante primer ministro hace una semana. El mecanismo constitucional que plantea el Poder Ejecutivo de manera obligatoria cuando solicita la investidura del Presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete ante el Congreso de la República.
El responsable del parlamento alegó que la decisión se tomó sin necesidad de que el pleno debata la propuesta del gobierno "por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema", según la ley, reflejaron las agencias de noticias AFP y Europa Press.
El gobierno recurrió a la figura del voto de confianza respecto a un proyecto de ley del Ejecutivo en el que proponía un referendo, sin pasar por el filtro del Congreso.
Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero, había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre el referendo.
Castillo quiere promover una consulta sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna (1993) que promueve el libre mercado y convirtió a Perú en una de las economía más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad. Ahora, el Presidente peruano deberá nombrar un quinto gabinete en los próximos días, en momentos que enfrenta seis investigaciones de la fiscalía por supuesta corrupción y colusión.
¿Cómo es el procedimiento ante la cuestión de confianza?
Es tradición en Perú que todos los ministros pongan sus cargos a disposición del Presidente cuando dimite el primer ministro, quien es el encargado de la coordinación entre los miembros del gabinete y de llevar las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del Estado. El nuevo jefe de gabinete debe ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días a partir del día de su designación, en caso de que el Congreso niegue el voto de confianza al nuevo gabinete, el Gobierno considera que está habilitado legalmente para disolver el Congreso, de acuerdo con la Constitución de Perú. No obstante, el asesor jurídico de mandatario, Ronald Atencio; y el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, aseguraron que Castillo no contempla esa alternativa. "No existe la intención del presidente Castillo de disolver el Congreso, lo que se está buscando son los entendimientos políticos y la restitución del derecho de los ciudadanos", afirmó Atencio a la Radio Nacional.
Salas, por su parte, dijo al portal peruano de noticias RPP que la intención del Gobierno se circunscribe a encontrar consensos y lograr un "campo de equilibrio de poderes" con el Congreso. "El Gabinete que se espera debe ser fuerte, sólido, que logre ayudar a las buenas relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, no que fuerce una denegatoria de una próxima cuestión de confianza (...). Y decir al Parlamento que es hora de trabajar juntos, eso es lo que se está buscando desde hace tiempo", indicó y agregó: "El Presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al poder ejecutivo y es por eso que va a renovar el gabinete y sobre base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier", dijo agregó el habitual vocero del Gobierno.
Esta aclaración abre las puertas a una interpretación pues el Congreso ha dicho que no le ha negado la confianza a Torres sino que su pedido era rechazado por improcedente, razón por la cual no se debatió en el pleno.
Torres acompañó a Castillo desde su época de candidato a la presidencia y fue designado ministro de Justicia en el primer gabinete del Gobierno, cargo que desempeñó hasta febrero. Además del cerco judicial, Castillo ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso y cuenta una desaprobación de 66% según los sondeos.
Esa creciente tensión llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana. En el marco de la crisis política e institucional, una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes.
La nueva crisis política estalla el mismo día que una comisión del Congreso acordó tramitar una imputación de la fiscalía contra Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo. El mandatario, en el poder desde julio de 2021, ya enfrentó dos intentos de destitución en el Congreso. Alega, además, que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.
Lo que dice la ley que impulsa el Gobierno
El pasado 10 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que la convocatoria a referéndum para aprobar una reforma constitucional no puede hacerse directamente y necesariamente requiere su aprobación en el Congreso de la República, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Así quedó establecido en la Ley N° 31399, aprobada por insistencia el pasado 21 de enero, que modificó los artículos 40 y 44 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N° 26300) y que el mandatario propone modificar.
De acuerdo con estos cambios no procede la convocatoria a un referéndum para reformar la Constitución si es que no se tramita según el procedimiento definido en el primer párrafo del artículo 206 de la Carta Magna.
Además, se señala que la convocatoria a referéndum por reforma constitucional corresponde al Presidente de la República por disposición del Congreso, según el procedimiento establecido en el artículo previamente mencionado. Durante su exposición, el primer ministro, Aníbal Torres, resaltó la importancia de que el referéndum se pueda aplicar desde la ciudadanía sin restricción alguna ya que limitar este derecho atentaría contra la Constitución.
Con información de Télam.
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