Por Gonzalo Ruiz Tovar
El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrentará este lunes en el Congreso un intento de vacancia, o destitución, del que se da casi por hecho que saldrá airoso, aunque más desgastado por la permanente ofensiva de la oposición de derecha.
Para que la vacancia prospere, 87 de los 130 congresistas deben apoyarla. Como el gobierno tiene 42 legisladores, la moción tendría que sumar el voto de todos los no oficialistas, lo que por correlación de fuerzas luce remoto.
De hecho, Raúl Huamán, de Fuerza Popular (FP) -el partido fujimorista que está siempre en primera fila en las acciones contra Castillo-, sorprendió al anunciar que votará contra la destitución, porque "el presidente fue elegido para cinco años y debe terminar su mandato".
En los partidos de centroderecha o centro Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú, Podemos y Partido Morado, convertidos en fiel de la balanza entre el oficialismo y la derecha, son varios los que le dirán no a la moción, lo que evidencia que Castillo no se irá a su casa, al menos por esta vez.
De hecho, voceros de FP y de los otros dos partidos que impulsan la vacancia, Renovación Popular (RP) y Avanza País, ya dejaron entrever que será vencidos, ante la cual anunciaron nuevos intentos.
La moción se sustenta en cerca de 20 puntos, que incluyen presuntos casos de corrupción en el entorno presidencial, nombramiento de funcionarios ineptos, incapacidad reconocida por el propio gobernante en entrevistas y hasta una "traición a la patria" por supuestamente favorecer a Bolivia en su búsqueda de salida al mar.
Para el constitucionalista Omar Cairo, esos fundamentos son jurídicamente "insostenibles", porque no apuntan a un problema mental del mandatario, que es lo que determina la "incapacidad moral", causal para que un mandatario sea defenestrado.
"Son imputaciones que se realizan a otras personas, en las que no existe ninguna decisión del Poder Judicial. El presidente no puede responder por terceros", sostuvo Cairo sobre la supuesta corrupción, que es el tema más manejado por FP, RP y Avanza País.
El debate estará rodeado por el pedido del gobierno de que esté presente la Organización de Estados Americanos (OEA), por la iniciativa de que los ciudadanos presionen la salida de Castillo y los congresistas y por un tema ajeno: la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori.
"Si (los de la OEA) quieren ver el debate, que prendan sus televisores", dijo el parlamentario de RP Jorge Montoya -el rostro representativo de las acciones contra Castillo- al oponerse al pedido hecho por el canciller César Landa y que ya es atendido por el organismo continental.
"Coincidirá usted en la importancia de que el debate se lleve a cabo con la mayor transparencia ante la ciudadanía y la comunidad internacional, dada la trascendencia para la gobernabilidad del país y la plena vigencia de la democracia", dijo Landa en una carta a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva.
Por lo pronto, la OEA pidió formalmente -sin que haya aún respuesta- que se permita entrar a sus secretarios de Asuntos Jurídicos y de Equidad, Jean Arrighi y Maricarmen Plata, respectivamente, y al delegado en Perú, Miguel Ángel Trinidad. En 2018, cuando el Congreso vacó al presidente Pedro Pablo Kuczynski, hubo una delegación similar.
En medio de la convicción ciudadana de que Castillo no será vacado y la situación seguirá empantanada, en la semana causó revuelo la idea del expresidente Francisco Sagasti de reunir las 75.600 firmas necesarias para exigir el adelanto de las elecciones generales originalmente previstas para 2026.
"Si (el Gobierno y el Congreso) no cambian de actitud, lo que podemos hacer los ciudadanos es ejercer el derecho a plantear modificaciones constitucionales", dijo el centrista Sagasti, quien se alguna manera se hizo eco del creciente lema popular de "que se vayan todos".
Aunque las encuestas demuestran insatisfacción popular con Castillo, a quien rechaza más de un 60%, la vacancia no entusiasma, lo que según analistas deriva de que los mismos sondeos indican que el Congreso que impulsa la destitución es aún más impopular.
Tras la argumentación de Sagasti, parlamentarios oficialistas y opositores coincidieron pronto en el rechazo a la idea que significaría para todos el final anticipado del período.
El hecho de que es muy difícil que la vacancia prospere ha derivado en que la expectación para mañana sea pobre entre el peruano común, harto de peleas a las que culpa de que no se avance en la solución de problemas sociales y económicos.
Castillo tendría que presentarse en la sesión, pero fuentes gubernamentales anticiparon que no lo hará, porque ya estuvo voluntariamente en el Congreso hace dos semanas para presentar descargos y porque la ley lo faculta a hacerse representar por un abogado.
La otra fuente de tensión, la próxima liberación de Fujimori
Mientras tanto, el país estará atento en simultáneo a la posible excarcelación de Fujimori, quien, aunque al margen de la política desde hace años, es percibido como el faro ideológico de la derecha radical que se opone a Castillo.
Fujimori, que desde 2007 paga 25 años de cárcel como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros, fue beneficiado por un fallo del tribunal Constitucional que validó el indulto que le dio Kuczynski en 2017 y que fue revocado en 2018 por la Justicia por irregularidades.
Aunque el caso no tiene nada que ver con la vacancia, genera suspenso porque Castillo tiene que hilar fino en medio de movilizaciones populares contra la excarcelación y de advertencias de la OEA de que los casos de derechos humanos no deben recibir beneficios. El tema está en stand by mientras se revisan todas las implicaciones.
Si Castillo fuera destituido, tendría que asumir en su reemplazo la vicepresidenta Dina Boluarte, actual ministra de Inclusión, pero pesquisas de prensa dicen que la intención de los opositores es también removerla a ella para que ascienda Alva, su supuesta aliada, en calidad de presidenta del Congreso.
Con información de Télam
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