La guerra que el Gobierno de Nayib Bukele lanzó contra el crimen organizado produjo la ola de arrestos que el joven mandatairo había prometido. Este lunes la Policía nacional informó que detuvo en solo 50 días a más de 30.000 personas por considerarlas miembros de las pandillas que en el país y en toda Centroamérica se conocen como maras. Pero lo que las autoridades consideran es un éxito es una creciente preocupación para cientos, quizás miles de familias, que comenzaron a denunciar y protestar en las calles para defender la inocencia de sus seres queridos, quienes, sostienen, cayeron víctimas del frenesí de mano dura.
"536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo, fecha en la que se cumplieron 50 días de régimen de excepción. Total de capturas desde que inició la guerra contra pandillas es de 30.506", aseguró la Policía Nacional Civil (PNC) en Twitter, reportó la agencia de noticias AFP. Se trata del mayor "logro" anunciado por el Gobierno desde que Bukele declaró "la guerra" a las pandillas que operan en el país, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades atribuyen exclusivamente a las maras.
La guerra de Bukele incluye un estado de excepción que limita los derechos constitucionales de las personas, y facilitan las detenciones y procesamientos. Además, también fue aprobado una reforma del sistema carcelario para suspender varios derechos básicos de los presos, como recibir tres comidas diarias, y aumentar las penas.
El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que se creen que suman unos 70.000 miembros. Se supone que con esta última ola de detenciones, un poco más de 46.000 de ellos ya están presos, ahora en condiciones que las principales organizaciones de derechos humanos internacionales han calificado como ilegales.
Pero las crecientes denuncias y protestas de familiares de detenidos en este último mes y medio demuestran que el acoso a los presos en las cárceles no sería la única herramienta que atenta contra los derechos básicos de los salvadoreños.
La agencia Reuters entrevistó a cinco policías y militares de El Salvador que confirmaron las cientos de denuncias que siguen multiplicándose día a día: entre los miles de arrestados, muchas personas inocentes caen en las redadas para que las fuerzas de seguridad llegan a cumplir con presuntas cuotas impuestas por las autoridades.
"Hemos recibido unas 40-45 denuncias de diferentes áreas del país donde les exigen cuotas específicas de personas detenidas por patrulla. En algunos lugares les imponen seis (capturas) diarias, en otras cinco, en otras tres", dijo a esa agencia Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, que agrupa a uniformados de todo el país. Reyes, suspendido de la policía en 2017 por reclamar derechos laborales para los agentes, aseguró que media centena de los afiliados al movimiento, una especie de sindicato, le comentaron sobre las cuotas. El gremio cuenta con unos 3,000 policías, un 10% del total de los uniformados en El Salvador.
Además, un coronel de la Fuerza Armada, quien también solicitó el anonimato, aseguró a Reuters que los jefes militares pidieron 30 capturas diarias por brigada, destacamento o fuerza de tarea conjunta. Incluso le daban un incentivo de 10 dólares a cada soldado por captura. El Ministerio de Defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, la Policía negó las acusaciones y dijo que una orden de ese tipo se considera como una falta grave dentro de la institución, por lo que instó al personal a denunciarlas. "Es falso. Jamás ha salido tal tipo de orden. Si algún oficial jefe hiciera tal petición a su personal caería en una gravedad", aseguró la asesoría de la Dirección General de la Policía.
Con información de Télam y Reuters
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