Panamá: ¿Mulino al Gobierno, Martinelli al poder?

José Raúl Mulino, ya en transición pautada con Laurentino Cortizo, asumirá en julio de este año como presidente de Panamá. Según dictan los resultados electorales del pasado domingo 5 de mayo, Mulino obtuvo más de 34% de los votos (casi 10 puntos de diferencia sobre su rival más cercano) y se consagró como presidente electo con un 78% de participación electoral. 

El nuevo mandatario, que se había declarado fuera del escenario político hace seis meses, ahora gobernará el país, luego de haberse erigido, en muy poco tiempo, como el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM), tras la inhabilitación por parte del Tribunal Electoral (TE) del ex presidente y poderoso empresario de los alimentos, Ricardo Martinelli (2009-2014).

Su campaña política, de hecho, se realizó en vilo, frente a la amenaza permanente de una inhabilitación judicial que se resolvió a su favor el viernes previo a las elecciones.

El principal interrogante es el rol que tendrá la figura de Martinelli, muy presente en la campaña de Mulino bajo el lema “Todos con el loco (en alusión al apodo del ex presidente), todos con Mulino”. Pero algunas señales indican que la transferencia del caudal de votos, clave del éxito electoral, será retribuida. Así lo demostró Mulino al visitar a Martinelli, luego de emitir su voto el domingo.  La prensa se pregunta, además, si el nuevo mandatario otorgará un salvo conducto a Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua y condenado a 11 años de prisión por lavado de activos. 

José Raúl Mulino es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí de la región occidental de Panamá, limítrofe con Costa Rica. Es Abogado especialista en derecho marítimo y, durante el gobierno de Martinelli, se desempeñó como responsable del Ministerio de Gobierno y Justicia, y de Seguridad.

Al frente del ministerio de Gobierno y Justicia, fue el encargado de presentar en la Asamblea Nacional, en junio de 2010, el proyecto de Ley 177, apodada Ley Chorizo por las organizaciones que se opusieron a ella y promulgada finalmente por Ricardo Martinelli como Ley 30, a pesar de las fuertes protestas populares. 

La norma fue presentada inicialmente con el propósito de “promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial en Panamá” pero proponía la modificación de tres códigos y seis leyes, lo que implicaba reformas en cuestiones laborales, judiciales, ambientales y también vinculados a la Policía Nacional.

En el plano laboral establecía la posibilidad de suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para garantizar la "protección" de la empresa, para garantizar su operatividad. También estableció que a un policía no se le pueda detener de forma preventiva por delitos cometidos en horario de servicio ni que pueda ser suspendido en el cargo durante la investigación. Además eliminó  el requisito de estudio de impacto ambiental de obras del Estado "declaradas de interés social", entre otras muchas disposiciones.

Como ministro de Seguridad, Mulino se arrogó la expulsión “de grupos guerrilleros” de la selva del Darién, la región que limita con Colombia, por donde el año pasado pasaron cerca de 500 mil migrantes, con destino a EEUU.

Otro antecedente importante del presidente electo es que fue uno de los dirigentes de la opositora Cruzada Civilista que aceleró la caída del general Manuel Antonio Noriega (gobierno de facto entre 1983 y 1989) quien finalmente fue derrocado y capturado por las tropas estadounidenses que invadieron Panamá el 20 de diciembre de 1989. Algo que denota estrechos vínculos con el país del norte. A partir de allí Mulino se hace visible en la vida política del país ocupando cargos en diferentes estamentos del estado panameño.

En 1990 se incorporó como viceministro de Relaciones Exteriores al Gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), que se instaló tras la invasión estadounidense, pasando a ser titular de esta cartera al suceder a Julio Linares, fallecido días antes de una enfermedad cardíaca. Luego, entre 1994 y 1996 fue magistrado suplente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema.

En julio de 2009, Martinelli lo había nombrado como ministro de Gobierno (Interior) y Justicia, pero en abril de 2010 pasó a ser ministro de Seguridad Pública, posición  en la que llevó adelante una dura gestión, recordada por la represión en julio de 2010 a protestas de trabajadores bananeros en la región de Bocas del Toro (Caribe), con un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

Con este historial Mulino llega al poder, ungido por el recuerdo del gobierno de Martinelli, quien se vió beneficiado por período de muy alto crecimiento económico y supo combinar esto con la inversión en políticas sociales (subsidios y obras públicas), leyes ajustadas a los intereses de las corporaciones y represión. Pero, a diferencia de su jefe político José Raúl Mulino, asumirá su mandato en medio de una recesión económica causada por múltiples factores, entre ellos la crisis financiera, crisis en el sistema de salud, escasez de agua, un drama migratorio y un movimiento popular que a fuerza de los conflictos en 2022 y en 2023, se ha ido robusteciendo en articulación y acción callejera. 

Una agenda pro empresa y pro represión

El flamante presidente electo manifestó que si bien impulsará un gobierno proempresa privada y enfocado en la inversión extranjera tendrá en cuenta las necesidades de los sectores rezagados. Sin embargo, el movimiento popular panameño se prepara para una nueva etapa represiva.

A esto se suma el inicio de una crisis para el partido político más grande e históricamente dominante en Panamá, el PRD, una herencia de la dictadura militar de Noriega, con hegemonía intacta durante años en la Asamblea Nacional. El país que deja Cortizo, es un país golpeado por el mal manejo de la pandemia, el aumento de la deuda externa, la corrupción y una contundente derrota en el conflicto con organizaciones populares por la Ley sobre minería. 

La situación en Panamá se ve influenciada por diversos temas que abarcan desde la migración irregular a través de la región del Darién hasta la crisis hídrica en el Canal de Panamá, que ha impactado negativamente en la economía. En particular el cauce interoceánico, que mueve el 6% del comercio marítimo mundial, redujo en el 2023 el tránsito de buques debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, circulando ahora 27 naves al día, en vez de las 39 y reduciendo el calado de los buques a 44 pies (13,4 metros), dos menos de lo permitido anteriormente.

Además, en 2023 el conflicto minero causó un proceso de amplias protestas sociales y culminó en la orden del entonces presidente Laurentino Cortizo, del cierre de una de sus principales minas de cobre. Un asunto que lega al próximo gobierno una fuente menos de recursos y 4 puntos más en el porcentaje de desempleados.

Este año, el país ha sido señalado como un paraíso fiscal para el lavado de dinero lo que añade una capa adicional de complejidad a la realidad panameña. Según la OCDE el equivalente al 27% de la riqueza financiera de la región está desviada en sociedades offshore. Son activos financieros, propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos. 

A su vez, el fenómeno migratorio presenta cifras alarmantes. Migrantes de países como Venezuela, Haití, Ecuador, Chile, Brasil, China, India, Afganistán, Camerún, Somalia y Bangladesh atraviesan la selva de más de 5 mil kilómetros cuadrados que separa a Colombia de Panamá. Según datos recopilados, desde el año 2021 se ha registrado un aumento significativo en el desplazamiento de personas: en ese año, más de 133.000 individuos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Esta tendencia ascendente continuó en el 2022, con un total de 248.000 desplazados, y en el 2023 alcanzó la cifra más preocupante hasta el momento, con 520.085 personas afectadas. Aunque en el año 2024 se observó una disminución en comparación con el año anterior, con 136.523 desplazados, las cifras siguen siendo motivo de preocupación para las autoridades y organizaciones dedicadas a atender esta crisis humanitaria. 

Para solucionar este tema, Mulino amenaza con cerrar el Darién y promete también -por más contradictorio que suene- hacerlo “respetando los derechos humanos”. 

Entre otras propuestas, la plataforma de Mulino propone reformas constitucionales a través de una constituyente. Además, aboga por el fomento de inversiones por parte de empresas internacionales de tecnología, así como el desarrollo de servicios ligados al blockchain, las fintech, agritech y biotecnología, evidenciando un enfoque hacia la innovación y la modernización en el ámbito económico y tecnológico. Asimismo, pone especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico y en la implementación de un modelo de Policía Comunitaria y un Programa de Vecinos Vigilantes para fortalecer la seguridad ciudadana.

La judicialización de la política

En la última década asistimos en la región al recurrente fenómeno de la guerra jurídica (o lawfare), como una de las formas que toma la guerra multidimensional a la que asistimos. El poder judicial, se configura así como un actor de gran relevancia en países latinoamericanos y en sus procesos políticos democráticos, que interviene, expresando intereses. Sin ir muy lejos podemos observar lo que sucedió en Guatemala, en donde la Corte Constitucional de ese país negó el amparo solicitado por el Movimiento Semilla, el partido del electo presidente Bernardo Arévalo, para continuar con el proceso de asunción de Arévalo como presidente. Así los dispositivos del Poder Judicial aparecen ahora como brazos ejecutores de intereses vinculados a diferentes sectores de poder local, relacionados a su vez con diferentes fracciones de poder, en el caso panameño, de Estados Unidos que, como va quedando claro, mantiene más que vigente la aplicación de la Doctrina Monroe, que define a América Latina como su “patio trasero”. Una doctrina que se ha ido actualizando en los últimos años, frente al avance  y afianzamiento de China en la región. 

La contienda de fallos e inhabilitaciones que emprendió la justicia panameña en la previa de estas elecciones fue relacionada por Richard Morales, candidato a vicepresidente en la fórmula de libre postulación de Maribel Gordón Calderón, a una “muy agudizada pugna interburguesa”. Según narró Morales, en una entrevista con el programa de streaming Nodal Se Prende, “la oposición siempre ha ganado las elecciones y esto siempre se daba en pactos de no agresión entre distintos partidos o facciones de la clase dominante y el poder económico panameño”. Martinellí rompió con esto intentado entrar en el territorio de otros sectores económicos, como poderoso empresario de cadenas supermercados, agudizando esa pugna que se expresa en diferentes poderes del Estado, según explicó el ex candidato panameño,  también profesor y economista.

El gobierno de Mulino ha sido recibido cálidamente por el gobierno de Estados Unidos. El Secretario de Estado, Antony Blinken llamó por teléfono al flamante presidente electo, para felicitarlo y acordar la cooperación entre ambos gobiernos sobre desarrollo económico, lucha contra el narcotráfico y migración. Tres de los principales temas que el gobierno norteño predica como urgentes para trabajar con los países de la región.

Mientras tanto el conteo de votos dejó una buena noticia: la candidata de libre postulación, Maribel Gordón, parida al calor de los últimos ciclos de protesta superó el techo de votos que históricamente han logrado las opciones populares en un país que nunca tuvo un gobierno de izquierda. “Luchar sirve”, parece ser el mensaje que deja este movimiento popular que crece y se articula en un país de reducidas dimensiones territoriales pero de gran importancia en la geopolítica por su rol en el intercambio de mercancías entre el océano pacifico y el atlántico, así como su reconocido rol de paraíso fiscal.