El caso de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue calificado como "crimen de Estado" según las primeras conclusiones del informe sobre los hechos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, presentados en la tarde de este jueves en el Palacio Nacional. Al mismo tiempo, se indicaron dos conclusiones más: no hay indicios para afirmar que estén vivos y las autoridades de las tres órdenes de Gobierno (incluido el Ejército) pudieron actuar para impedir la "desaparición y asesinato" de estos.
Antes de hacerse público en conferencia de prensa, el informe fue presentado a las madres y los padres de los jóvenes estudiantes en un acto en el que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del Gobierno, junto al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz. Este último remarcó que el día de los hechos las autoridades federales conocieron la situación en tiempo real, razón por la cual pudieron actuar para evitar los delitos.
El presidente de la Comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, manifestó: “No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”. Y agregó: “Todas las autoridades estuvieron informadas de la toma de camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución que fueron objeto (los jóvenes), por lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción u omisión, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.
Al mismo tiempo, el informe resalta que las autoridades supieron desde la salida de los estudiantes de la Normal hasta la orden de desaparición luego de analizar los elementos de la investigación (expedientes, registros telefónicos y de mensajería, testimonios, archivos del Ejército, video grabaciones, etc). “Se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, sostienen firmemente. Incluso se comprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía un infiltrado en la Escuela -el soldado Julio César Patolzin-, también desaparecido.
Sobre Patolzin, señalan que realizaba informes, era el responsable de comunicar lo que ocurría en asambleas, acciones y los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre de aquel año. “Él estaba bajo el mando del teniente Marcos Macías Barbosa, comandante del 27 batallón. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día (26 de septiembre), desapareció junto a los estudiantes, sin que sus mandaos realizarán ninguna acción ara ir a la búsqueda, como lo establecen los protocolos, que de haberse aplicado no sólo se habría protegido y garantizar integridad del soldado, sino de todos los estudiantes”, subrayó Encinas.
El caso de "Los 43"
La desaparición forzada de Iguala -caso Ayotzinapa y caso Iguala-, coloquialmente conocido como "Los 43", refiere a una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes en 2014, en México. En aquella ocasión, policías municipales de Iguala, la policía estatal de Guerrero y militares del 27o. Batallón de Infantería persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dejando como consecuencia la desaparición de 43 estudiantes, el asesinato de 9 personas y cerca de 27 heridos.
Cabe destacar que la investigación sobre lo sucedido no ha concluido y, paralelamente, la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el caso continúa realizando indagatorias (cerca de 115 personas). Incluso ya hay órdenes de aprehensión contra 33 ex servidores públicos, de quienes se presume algún grado de responsabilidad en los hechos. “Estamos conscientes que aún tenemos tarea larga por delante, no estamos cerrando la investigación, sino que continúa hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables”, expresaron desde la Comisión.
Además se creó la "Verdad Histórica" para accionar contra el aparato organizado del poder y clarificar la verdad de los hechos tras la alteración de escenas del crimen, ocultamiento de vínculos de autoridades con grupos delictivos y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables. En medio del proceso, desde 2014, fallecieron 26 personas claves integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de la organización criminal, dos de Gente Nueva (otro grupo delictivo) y siete testigos o involucrados.
Por último cabe señalar que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, "en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición" descartando así la hipótesis de que habrían sido incinerados en un basural cercano. Se trata de una de las peores violaciones de derechos humanos en México, lo que generó una fuerte condena de ciudadanos/as y a nivel internacional.
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