El exprocurador general de México Jesús Murillo Karam fue detenido este viernes “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”, informó en un comunicado la Fiscalía General. Murillo fue funcionario durante el sexenio de la presidencia de Enrique Peña Nieto cuando se perpetró la desaparición de 43 estudiantes normalistas, en septiembre de 2014, un caso que conmocionó al país y sobre el que aún quedan verdades por revelar.
Tras la detención, la Fiscalía informó que el personal policíaco “cumplió la orden de aprehensión solicitada y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México”. La decisión llegó tras la difusión de las conclusiones preliminares del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que dio a conocer ayer el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión, Alejandro Encina.
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En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, Estado de Guerrero del suroeste mexicano, detuvieron y atacaron a los 43 estudiantes Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que se dirigían hacia la Ciudad de México. La investigación sobre esos hechos estuvo a cargo de Murillo Karam y es señalado por ser el creador de lo que la administración de Peña Nieto dio a conocer como “la verdad histórica”.
Según esa investigación, los jóvenes fueron interceptados y entregados al cartel Guerreros Unidos para quemarlos en el basurero de Colula, en Guerrero. Familiares, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales siempre se resistieron a aceptar esa versión y exigieron que se investigaran otras hipótesis.
Por ejemplo, desde el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la información dada por las líneas telefónicas de los estudiantes da la “certeza de que los teléfonos y chips de los normalistas fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”, lo que corrobora que hay pruebas suficientes para descartar la versión oficial.
Ayer, Encina leyó las conclusiones del informe preliminar de la Comisión -que funciona desde diciembre de 2018 por disposición del presidente, Andrés Manuel López Obrador- que da por tierra las versiones promovidas por el Gobierno anterior y reconoce las responsabilidades del Estado por acción y omisión. “El análisis de los hechos permite confirmar: que la desaparición de los 43 estudiantes (…) constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. También, indicó: “Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad los hechos”.
En tanto, en el informe sostiene: “La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
En la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, los estudiantes rurales pretendían asistir a la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968, un hecho también de trascendencia histórica en el que aún existen dudas sobre la cantidad de muertes y desapariciones.
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