En una nueva maniobra judicial contra ambos proyectos políticos, tanto Evo Morales como Rafael Correa fueron proscriptos y no podrán participar de los próximas elecciones en sus respectivos países. Ambos fallos judiciales se dieron casi en simultáneo.
El poder judicial de Ecuador confirmó, en última instancia, la condena a ocho años de cárcel contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017) por una causa de corrupción. La ratificación de la sentencia implica además la inhabilitación por 25 años para ejercer cargos públicos, lo que significa su final político, ya que aspiraba a participar en los comicios de febrero.
Un tribunal de la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) "por voto de mayoría (...) rechaza los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, y ratifica la sentencia por cohecho" dictada en abril contra Correa y una decena de excolaboradores, apuntó la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter.
Por su parte, el exmandatario, quien reside en Bélgica desde 2017 y fue juzgado en ausencia como permite la ley, se expresó por la misma red social: "Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia 'definitiva' para inhabilitarme como candidato".
"No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer", sentenció. La convocatoria a las elecciones generales de febrero está prevista para el 17 de septiembre y al siguiente día se abrirá la etapa de inscripción de candidaturas.
La CNJ aseguró que Correa y varios de sus excolaboradores recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas, entre las que en su momento fue mencionada la brasileña Odebrecht. Sin embargo, la Fiscalía desistió de investigar a la constructora.
La consumación del golpe en Bolivia
En paralelo, un tribunal constitucional de Bolivia determinó que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en las próximas elecciones del país, que tendrán lugar el próximo 18 de octubre. La decisión fue tomada por Alfredo Jaimes, un magistrado nombrado específicamente para romper el empate jurídico en el que había quedado la corte, cuya votación había culminado con cuatro votos a favor y cuatro en contra.
Inmediatamente, Morales criticó la medida a través de su cuenta de Twitter: “Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo”.
Aquellos que se inclinaron por la negativa basaron su decisión en el hecho que Morales no cuenta con dos años de permanencia en Bolivia previos a la elección ni domicilio en el país. Sebastián Michel, vocero del Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que el presidente constitucional de Bolivia no puede estar presente en el país porque “no tiene garantías constitucionales”.
El mandatario sufrió un golpe de Estado en noviembre del año pasado, luego de semanas de conflictos social derivados de un proceso electoral que la OEA determinó había sido fraudulento a su favor, sin pruebas contundentes. Primero voló a México y en diciembre llegó en Argentina, tras serle concedido refugio.
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