El 31 de agosto se cumplieron cinco años del derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil. El “impeachment” sirvió para desalojar del poder al Partido de los Trabajadores, avanzar con los juicios contra Lula da Silva, llevarlo a la cárcel, impedir que fuera candidato en las elecciones de 2018 y allanarle el camino a la presidencia a un desconocido Jair Bolsonaro.
Hay un elemento de la política brasileña que vale la pena recordar: inmersa en un mar de políticos corruptos, la presidenta Dilma Rousseff no fue destituida por nada que estuviera vinculado a actos de corrupción. Rousseff fue destituida por un tecnicismo en la elaboración del presupuesto, similar al que ya había sido utilizado por otros presidentes sin que tuviera consecuencias para ellos.
Desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2015 la oposición y los grandes medios de comunicación emprendieron una alocada carrera para socavar su presidencia utilizando encuestas para denostar su gestión, mientras que figuras importantes -como el expresidente Fernando Henrique Cardoso- planteaban que debía renunciar. Se generó un clima desfavorable a la presidencia que derivó en una ofensiva parlamentaria para derrocarla finalmente el 31 de agosto del mismo año.
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No hace falta entrar en los vericuetos de lo que fue el proceso de su destitución para comprender que el objetivo central del establishment brasileño junto al Poder Judicial y los grandes medios de comunicación era evitar la continuidad gubernamental del Partido de los Trabajadores. En octubre de 2002 Lula da Silva obtuvo la presidencia que logró revalidar en 2006. Lo siguió Dilma Rousseff en 2010 que también revalidó en 2014, y Lula se preparaba para triunfar en octubre 2018, gobernar hasta 2022 y coronar 20 años seguidos del Partido de los Trabajadores al frente del país. Y esto era intolerable para los sectores más poderosos que manejan el Brasil desde su independencia.
Una de las enseñanzas que deja la reciente historia brasileña es que acceder al gobierno no es equivalente a tener el poder. Esto lo han comprobado Manuel Zelaya en Honduras que fue derrocado en 2009, Fernando Lugo en Paraguay que destituido en 2012 por un golpe de Estado Parlamentario, Dilma Rousseff en Brasil y más recientemente Evo Morales en Bolivia en 2019.
Es en este contexto que a nivel regional se desarrolló el llamado “lawfare” como forma de articulación de los diferentes segmentos de poder para acabar con los gobiernos populares/progresistas.
Cinco años después de ser destituida, Dilma Rousseff explicó claramente los alcances de lo sucedido que excede el marco brasileño. “Es preciso entender el juego. Hubo un golpe parlamentario, jurídico y mediático; pero sobre todo un golpe del sector financiero. Un golpe neoliberal. No hubo una intervención militar clásica, sino la manipulación de las reglas legales”.
Todos los gobiernos llamados populares/progresistas tienen que lidiar día a día con quienes tienen el poder real mientras intentan mantenerse en el gobierno frente a poderosos intereses económicos, judiciales y mediáticos. ¿Se les puede torcer el brazo? Esa es la gran pregunta que subsiste en América Latina.
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