Mantener o no el salario básico universal existente en Italia con el nombre de "Ingreso de Ciudadanía" se convirtió en uno de los ejes centrales del tramo final de la campaña para las elecciones con las que el domingo se renovará la totalidad del Parlamento como primer paso para la formación de un nuevo Gobierno. Con unos 2,6 millones de beneficiarios, el ingreso ayudó el año pasado a que 1 millón de personas no cayeran en la pobreza, según publicó en julio el instituto oficial de estadísticas Istat, lo que lo transforma en uno de los temas que más atención atrae. En tanto, el partido nacionalista extrema derecha "Hermanos de Italia", que lidera las encuestas, pretende abolirlo y sustituirlo.
Instituido en 2018 durante el Gobierno del entonces premier Giuseppe Conte, el ingreso otorga hasta 780 euros al mes a desocupados, según una escala variable de acuerdo a edad y núcleo familiar. Además, establece la inscripción en un registro nacional para recibir ofertas de trabajo, de las que solo puede rechazarse una para no perder el beneficio.
Con más de 1,5 millones de beneficiarios en el sur del país, el subsidio es una preocupación central para buena parte del electorado y su continuidad encuentra posiciones de todo tipo entre los principales partidos, desde la promesa de mantenerlo y ampliarlo hasta la abolición.
"Estamos hablando de un sistema de protección social que existe en todos los países. Nosotros, incluso, lo introdujimos tarde. Hay que reforzarlo", planteó durante la campaña el líder del partido Cinco Estrellas, el mismo Conte que estableció en programa durante su primer Gobierno. De la mano de sus repetidas idas al sur del país a explicar las virtudes del ingreso, la intención de voto para Conte creció en las encuestas de los últimos días, según analistas.
En ese marco, según el progresista Partido Democrático (PD), el instrumento debería ser "adecuadamente recalibrado" para dar más participación a las familias numerosas, con niños, niñas y adolescentes.
"El Ingreso de Ciudadanía es parte de nuestro programa electoral. Estamos por el fortalecimiento del programa en la parte que no funcionó, que es la que la vincula al mercado laboral y las posibilidades de empleo, y a favor de mantenerlo en lo que refiere a combatir la pobreza y la marginalidad", prometió esta semana el secretario general del PD, Enrico Letta esta semana. También desde la centroizquierda, para la Alianza Verde e Izquierda, sin embargo, la herramienta debe ser fortalecida con el objetivo estratégico de alcanzar una verdadera renta básica universal.
En su versión actual, el "Reddito dI Cittadinanza" se otorga por 18 meses, con la posibilidad de ser prorrogado por un período tras una pausa de un mes. Además de a los italianos y europeos residentes en Italia, alcanza también a todos los extracomunitarios con presencia regular en el país.
Desde la coalición de derecha que encabeza las encuestas, el partido nacionalista Hermanos de Italia quiere abolirlo y sustituirlo por lo que promete como "medidas más eficaces de inclusión social y políticas activas de formación e integración en el mundo del trabajo", sin mayor detalle. "Quien está en condiciones de trabajar será ayudado a encontrar un empleo. El instrumento debe estar disponible solo para quien esté imposibilitado de trabajar", planteó la líder de Hermanos de Italia Giorgia Meloni.
En cuanto a la también derechista Liga, la propuesta es fortalecer el ingreso para las personas no aptas para el trabajo, pero rediseñarlo con mayor participación de entes privados en el caso de los desocupados aptos para ser empleados. Fuerza Italia, el partido conservador del ex primer ministro Silvio Berlusconi, en tanto, propone la sustitución del ingreso por medidas más eficaces de inclusión social y políticas activas de formación e integración en el mundo del trabajo.
En cuanto al denominado "tercer polo" que forman Italia Viva y Acción, la herramienta debe ser eliminada después del primer rechazo de una oferta adecuada de empleo, y no después de la segunda como sucede ahora. Los dos partidos proponen un plazo de dos años para encontrar trabajo, transcurridos los cuales el importe de la prestación debe reducirse al menos en un tercio y el beneficiario debe ser asumido por los servicios sociales del Municipio.
"Es un instrumento pensado mal, que quiso alcanzar demasiados objetivos con un solo instrumento y que ha demostrado sus límites, dado que mucha gente sigue sin encontrar trabajo porque no se ha formado profesionalmente", criticó esta semana el líder de Acción, Carlo Calenda.
Con información de Télam
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