Dos años de extrema derecha en Italia, bajo el mando de Giorgia Meloni: sus consecuencias

Llegada al poder el 22 octubre de 2022, ya hace dos años que Giorgia Meloni dirige Italia dentro de una coalición que incluye a la Liga Norte y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Su admiración por Mussolini, su rechazo a los migrantes y sus discursos ultraconservadores sobre la familia han logrado captar el temor de los italianos con un mensaje impregnado de nostalgia por la época fascista del país. ¿Cuáles son las consecuencias tras dos años con la extrema derecha en el poder? A continuación, un repaso de las principales medidas y proyectos impulsados por Meloni.

La obsesión migratoria elevada a nivel europeo

Esto ya se había anticipado. El nacionalismo de Meloni fue clave en su campaña, en un contexto de creciente xenofobia en muchas democracias europeas. Una de sus promesas principales fue el bloqueo marítimo frente al norte de África para frenar por completo la inmigración. Sin embargo, pronto tuvo que ajustar sus expectativas. Con un país que envejece y necesita mano de obra, el espejismo de una nación cerrada no se concretó. Bajo la presión de los grandes empresarios, Meloni se vio obligada a otorgar hasta 450.000 permisos de residencia adicionales para 2025. Esto la llevó a cambiar de estrategia: en lugar de detener ella misma a los migrantes, optó por delegar esta tarea a países del norte de África. Así, la externalización de las fronteras se convirtió en una prioridad de su gobierno. Un ejemplo de esto fue el acuerdo firmado en junio de 2023 con Túnez, mediante el cual el presidente Kaïs Saïed se comprometió a frenar la inmigración subsahariana a cambio de millones de euros. Esta política ha resultado en graves violaciones de derechos humanos, como denunció la ONU.

Además, Meloni ha dotado a las fuerzas italianas de herramientas legales para criminalizar tanto a los migrantes como a las ONG que los ayudan. El "Decreto de Inmigración" de 2023 eliminó la "protección especial", un permiso humanitario creado en 2020 que impedía la deportación de personas bien integradas en Italia aunque no fueran refugiadas. El decreto también endurece las penas para los traficantes y aquellos que apoyan la inmigración ilegal, incluyendo las asociaciones humanitarias. En 2022, ya había limitado la actividad de las ONG en varios puertos del sur de Italia.

A su vez, el decreto exige la creación de centros de "repatriación" en cada región para agilizar las deportaciones. Aunque por ahora existen pocos, organizaciones como Amnistía Internacional ya denuncian las terribles condiciones de detención que "violan la dignidad de los migrantes", muchos de ellos refugiados de guerra o pertenecientes a minorías sexuales. Este modelo de deportación también está siendo exportado. A finales de 2023, se firmó un acuerdo con Albania para construir centros de detención donde se mantendrá a solicitantes de asilo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha mostrado su apoyo a estas políticas, anunciando que la Comisión presentará "nuevas propuestas legislativas" para facilitar las deportaciones y optimizar los procesos de retorno.

“Dios, familia, patria”

Con este lema de tintes neofascistas, Meloni ha impuesto su ideología ultraconservadora, afectando especialmente los derechos de las mujeres. En un país con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa (1,2 hijos por mujer), la primera ministra ha hecho de este tema una de sus principales prioridades. "No digo que los extranjeros no deban tener hijos, pero debemos crear las condiciones para que los italianos se reproduzcan", afirmó Carlo Ciccioli, líder de Fratelli d'Italia. Esta visión promueve la maternidad como un deber nacional, restringiendo los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Aunque una prohibición total del aborto es inviable dentro de la legislación europea, Meloni ha trabajado para limitar este derecho. En abril de 2024, el Senado aprobó una enmienda que permite a los grupos antiabortistas acceder a las clínicas públicas para presionar a las mujeres que desean abortar. En un país donde más del 60% de los médicos ya se acogen a la objeción de conciencia, el derecho al aborto está más amenazado que nunca.

Meloni también ha restringido los derechos de las minorías sexuales. En su campaña, afirmó: "Sí a la familia natural; no a los lobbies LGBT". El gobierno ordenó a los municipios que dejaran de inscribir a los padres no biológicos de parejas homosexuales en los certificados de nacimiento de sus hijos. Esta medida dio lugar al polémico caso de Padua, donde, pese a la victoria de los padres en los tribunales, el estado civil de los hijos de parejas del mismo sexo fue cuestionado. "Esto es lo que produce la homofobia de Estado: un ataque a los cuerpos y sentimientos de los niños y sus familias", denunció Emma Bonino, antigua ministra de izquierda, en el diario Il Manifesto.

La tentación autoritaria

Meloni ha vuelto a poner sobre la mesa una antigua ambición de la derecha radical italiana: la reforma de la constitución de 1948. Lo que ella llama "la madre de todas las reformas" ya había sido intentado, sin éxito, por Silvio Berlusconi en 2006. De hecho, por temor a un retorno al fascismo, la constitución italiana había debilitado fuertemente al poder ejecutivo, haciéndolo totalmente dependiente del Parlamento. Meloni retoma la idea que Berlusconi había propuesto: un Ejecutivo mucho más fuerte, centrado en la figura del Primer Ministro (ella misma) y un Parlamento que funcione como mero aprobador de leyes.

La reforma modificaría dos artículos clave. Primero, el artículo 92, que prevé la designación del Primer Ministro italiano. Meloni quiere que sea elegido por voto directo universal por un período de 5 años. La elección del Parlamento se haría al mismo tiempo, garantizando el 55% de los escaños a la lista del nuevo Primer Ministro. Luego, se enfoca en el artículo 94. La propuesta contempla que, en caso de censura del gobierno por parte de la Asamblea (ya poco probable con el artículo 92), las cámaras se disolverían, disuadiendo de manera efectiva a los parlamentarios de oponerse al gobierno. Meloni justifica su propuesta con el argumento de la “gobernabilidad”, queriendo poner fin a una república parlamentaria que considera inestable. Aunque aún está en discusión en el parlamento, esta reforma preocupa a juristas y constitucionalistas del país, quienes advirtieron en una carta firmada por 180 expertos que “el Parlamento corre el riesgo de dejar de representar al país y convertirse en una mera herramienta del gobierno, destruyendo así la separación de poderes”. Sin esperar a esta reforma, Meloni ya ha gobernado principalmente mediante decretos-ley. Aunque este mecanismo solo debería usarse en casos de "necesidad y urgencia", Meloni lo ha utilizado 76 veces. Fue por decreto que, el 1 de mayo de 2023, eliminó la "renta de ciudadanía", una ayuda financiera instaurada en 2019 que había sacado de la pobreza a más de un millón de personas, especialmente en el sur del país.

Por último, las prácticas de Meloni en materia de libertad de prensa también generan inquietud. A pesar de que el periodismo italiano ya sufría por la concentración de medios y las demandas judiciales, el gobierno de extrema derecha ha acelerado esta tendencia. Alessandra Costante, secretaria general del sindicato nacional de periodistas, advirtió que "la intolerancia de los políticos italianos hacia la libertad de prensa ha empeorado". Varios periodistas, como los del diario Domani, que investigaron los vínculos entre el ministro de Defensa y la industria militar, han sido demandados. Estas demandas, aunque rara vez resultan en prisión, buscan intimidar a los periodistas debido a los elevados costos legales. Además, Meloni ha intervenido en la Rai, la radiotelevisión pública italiana, reemplazando a sus directivos con figuras cercanas a su partido, como Giampaolo Rossi. Programas críticos con el gobierno, como "Report" de Rai 3, han enfrentado múltiples demandas en el último año, en un intento por silenciar las voces disidentes.

Todavía en el poder hasta 2027, la primera ministra no ha terminado de generar adeptos. Si antes de su llegada al gobierno se la consideraba una extremista, Meloni ha logrado legitimar su posición, especialmente frente a la Unión Europea. Con habilidad, ha mantenido su retórica radical y reaccionaria mientras proyectaba una imagen de respetabilidad en el ámbito internacional, en parte gracias a las donaciones a Ucrania. Sin embargo, esta postura no debe hacernos olvidar los múltiples ataques que sigue perpetrando contra el Estado de derecho, las minorías y los periodistas.