La Policía de la moral de Irán volvió a las calles en el marco de una nueva campaña para controlar la vestimenta de las mujeres, incluido el uso del velo islámico (hiyab). Lo anunciaron las autoridades iraníes diez meses después de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida en septiembre por supuestamente llevar mal puesto el velo.
"A partir de hoy, la policía -realizando patrullas en coche y a pie- advertirá y sancionará a las personas que, por desgracia, desobedecen las órdenes y siguen sin respetar el código de vestimenta", advirtió el vocero de la policía Said Montazeralmahdi, citado por la agencia Tasnim.
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Montazeralmahdi recalcó que los agentes de este cuerpo retomarán la notificación y detención de mujeres que no usen el velo en público, antes de insistir en que la decisión llegó tras "demandas de la población e instituciones" para "expandir la seguridad pública" y "fortalecer los pilares de la familia". Asimismo, el vocero criticó a quienes "siguen insistiendo en romper las normas" y remarcó que "en caso de que no cumplan con las órdenes de la Policía, se adoptarán medidas legales y serán presentadas ante el sistema judicial".
"Se espera que todo el mundo, especialmente las inteligentes mujeres del país, de las que depende el futuro de este país, ayuden a la cohesión social y a la seguridad general de la sociedad manteniendo la santidad del velo y respetando las normas aceptadas", expresó.
Este anuncio se produce diez meses después de la muerte, el 16 de septiembre de 2022, de la joven kurda iraní de 22 años Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral que la acusaba de haber violado el código de vestimenta de la República Islámica, que obliga a las mujeres a llevar velo en público.
En los últimos días, fotos y videos -cuya autenticidad no pudo ser verificada según indicó la agencia de noticias AFP- fueron publicados en las redes sociales mostrando policías sancionando y arrestando a mujeres que no llevaban velo.
El diario reformista Shargh informó hoy que cuatro mujeres habían sido condenadas recientemente a "asistir a clases de psicología y limpiar hospitales". También "se les prohibió conducir durante dos años", tras ser declaradas culpables.
La muerte de Mahsa Amini desencadenó un gran movimiento de protesta con manifestaciones en varias ciudades en octubre y noviembre. Varios centenares de personas, entre ellas miembros de las fuerzas del orden, fueron abatidas y miles detenidas. Siete hombres fueron ejecutados por su participación en este movimiento.
Acusada por los manifestantes, la policía de la moral había desaparecido en buena parte de las calles iraníes en los últimos meses y cada vez más mujeres salían con la cabeza descubierta, sobre todo en Teherán y en las grandes ciudades.
Desde principios de año, las autoridades adoptaron una serie de iniciativas, que van desde el cierre de comercios, en particular restaurantes, hasta la instalación de cámaras para perseguir a las que desafían la prohibición.
A principios de julio, el jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, afirmó que los tribunales del país abordaron hasta ahora más de 20.000 casos relacionados con las protestas y sostuvo que se separaron los casos de los "arrepentidos" de aquellos que participaron en disturbios de cara a un proceso de amnistías por parte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.
Las autoridades iraníes eximieron a las fuerzas de seguridad de toda culpa sobre la muerte de Amini, si bien reconocieron ciertos excesos durante la represión de las protestas, que se saldaron con cerca de 500 muertos, según balances facilitados por varias organizaciones no gubernamentales.
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