La decisión de enviar inmigrantes que solicitan asilo en el Reino Unido a Ruanda, parte de un controvertido plan oficial, fue declarada hoy "ilegal" por el Tribunal de Apelación, lo que marca un giro significativo en la prolongada batalla legal entre defensores de los derechos humanos y el Gobierno británico.
Tres magistrados del tribunal revocaron un fallo anterior por considerar que Ruanda no puede ser considerado "un país seguro", en una decisión tomada por mayoría.
"El resultado es que se revoca la decisión del Tribunal Superior de que Ruanda era un tercer país seguro y, a menos y hasta que se corrijan las deficiencias en su proceso de asilo, la expulsión de los solicitantes de asilo será ilegal", afirmó el presidente del tribunal, Ian Burnett.
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Los magistrados precisaron "que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta política", considerando que "esa es una cuestión que compete exclusivamente al Gobierno".
El primer ministro Rishi Sunak -nieto de inmigrantes indios- se mostró en desacuerdo con el fallo y anunció que lo apelará ante la Corte Suprema.
"Si bien respeto a la corte, fundamentalmente no estoy de acuerdo con sus conclusiones", afirmó.
Según el líder británico, el gobierno de Ruanda brindó las garantías necesarias para que no exista un riesgo real de que los solicitantes de asilo reubicados allí sean traslados luego a terceros países.
El Gobierno de Ruanda también informó que "está en desacuerdo" con el fallo, al argumentar que es uno de los "países más seguros del mundo".
Con este plan, el Gobierno británico quiere enviar a solicitantes de asilo al país del este de África, en parte para disuadir los cruces de inmigrantes irregulares por el Canal de la Mancha.
Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch (HRW), criticó ante los medios británicos la estrategia del Gobierno, al insistir en que la ministra del Interior, Suella Braverman, debería necesitar arreglar el sistema migratorio "roto y descuidado".
Por su parte, la directora de la Fundación Asylum Aid, Alison Pickup, expresó su satisfacción con la decisión de la Corte de Apelaciones.
"Estamos encantados de que el Tribunal de Apelación haya confirmado el argumento de que Ruanda no es un país seguro para los solicitantes de asilo", manifestó y agregó que el Gobierno debe asegurarse de dar más tiempo a los solicitantes de asilo cuando lo necesiten.
El año pasado se batió un récord de 45.728 personas cruzando el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias, un incremento del 60% en comparación con el año anterior, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y la presión adicional sobre los servicios esenciales del Reino Unido .
A pesar de las promesas del Gobierno de frenar la Inmigración irregular y sancionar a los traficantes de personas, incluso con el polémico plan de deportación a Ruanda, las estadísticas sugieren que la mayoría de las personas que llegan al país probablemente tendrán solicitudes de asilo válidas.
La ministra del Interior defendió el plan al hacer hincapié en la necesidad de acciones para prevenir un sistema que incentiva a las personas a "arriesgar sus vidas y pagar a los traficantes".
El controvertido plan, anunciado en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, fue inicialmente bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligando a abortar el despegue del primer avión en junio del año pasado.
Desde entonces es resistido con varios recursos judiciales en el Reino Unido, por lo que hasta ahora nadie fue deportado.
Con información de Télam
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