El número de emigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala interceptados en la frontera de Estados Unidos disminuyó 71% desde agosto de 2021, afirmó hoy una funcionaria gubernamental estadounidense, cuando el Gobierno anunció inversiones por otros 950 millones de dólares para frenar la inmigración.
"Esta tendencia nos anima, sabemos que no es estática, pero podemos confirmar una caída de 71% desde agosto de 2021" y en los últimos ocho meses hubo una disminución "mes a mes", afirmó una funcionaria que pidió el anonimato en un diálogo telefónico con la prensa, según la agencia de noticias AFP.
En julio de ese año, la vicepresidenta Kamala Harris lanzó una estrategia para luchar contra las causas de la emigración en Centroamérica, de donde procedía la mayoría de quienes buscaban llegar a Estados Unidos.
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Desde entonces su número disminuyó al tiempo que aumentaba el de emigrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití, para quienes el presidente Joe Biden pactó con México una nueva política en virtud de la cual dejará entrar a 30.000 por mes.
Los requisitos son que las personas presenten una solicitud desde el país donde se encuentren, cuenten con un patrocinador en Estados Unidos y lleguen por avión.
En cualquier caso, por el momento, Estados Unidos bloquea a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera si no disponen de la documentación requerida para entrar.
Según datos oficiales, en agosto de 2021 las autoridades interceptaron en la frontera a 91.925 emigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala y a 35.995 en septiembre de 2022, el último mes del que se dispone de cifras que no incluyan a mexicanos.
La funcionaria atribuye el descenso de las llegadas de Centroamérica a la reanudación de programas humanitarios, el aumento de visas de trabajadores temporales, la "excelente cooperación de expulsión" con esos países y la lucha contra las redes del tráfico de personas".
Biden, quien propuso una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes que no se concretó, decidió combatir las olas de migrantes abordando sus "causas fundamentales", una tarea que encomendó a su vicepresidenta para fomentar una política que rompiera con la línea dura de su predecesor, el republicano Donald Trump.
"El Congreso debe arreglar nuestro sistema migratorio roto" y "debe proporcionar los fondos", insistió hoy Harris al comienzo de una mesa redonda con la Alianza para Centroamérica, que reúne a líderes del sector público y privado.
La inmigración es uno de los temas que preocupan a los estadounidenses y el caballo de batalla del Partido Republicano, que acusa a Biden de haber perdido "el control efectivo" en la frontera con México.
Harris anunció nuevos compromisos de inversión del sector privado en Centroamérica por valor de 950 millones de dólares, que elevan el total a 4.200 millones desde mayo de 2021, cuando lanzó un plan para que las empresas se impliquen en "atajar" la inmigración mediante oportunidades económicas.
Según la vicepresidenta, "hasta ahora más de un millón de personas han podido incorporarse a la economía financiera formal, incluidas 65.000 que ahora tienen cuentas bancarias".
La vicepresidenta anunció asimismo el lanzamiento de una nueva fase de la asociación público-privada, que bautizó Centroamérica Adelante.
En esta etapa, Washington apoyará inversiones, por ejemplo, identificando proyectos de energías limpias o con asistencia técnica, ayudará a financiar iniciativas y respaldará programas que capaciten a jóvenes.
Con información de Télam
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