“¿Por qué Estados Unidos quiere que el conflicto ucraniano sea eterno?”, se pregunta el politólogo Scott Strgacich, en su artículo para The National Interest, una revista especializada en política exterior estadounidense.
Los motivos son varios. La venta de armamentos como uno de los puntales de la economía norteamericana es, probablemente, el más obvio. EEUU es el mayor exportador mundial (abastece al 40% del planeta) y los tres primeros gigantes en la fabricación de armas son de esa nacionalidad, según datos del Instituto Internacional de Estudios de Paz de Estocolmo (SIPRI). Es una industria próspera: los conflictos son contantes y el requerimiento de material bélico también. Por ejemplo, la Casa Blanca acaba de anunciar una venta de 1.100 millones de dólares en armas a Taiwán.
Hay además motivos geoestratégicos y -como se explicará más abajo-, multimillonarios negocios de empresas farmacéuticas y agroindustriales, la mayoría estadounidenses, aunque también hay algunas europeas.
Scott Strgacich fundamenta su temor en torno a la prolongación de la guerra en tres hechos. Primero, el constante flujo de “ayuda” de Washington a Kiev, claramente, no augura ningún horizonte de paz. Una estimación muy conservadora indica que ya han sido enviados unos 70 mil millones dólares en asistencia económica, militar y lo que hipócritamente se llama “ayuda humanitaria”. Sólo en esta última semana hubo tres anuncios. El 8 de septiembre, el canciller Anthony Blinken, de visita en Kiev, confirmó una ayuda militar de más de 2800 millones de dólares mientras, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la base militar que el Pentágono tiene en Ramstein (Alemania), anunció un paquete de armas pesadas y municiones por valor de 675 millones. Con anterioridad, el gobierno de Joe Biden había pedido al Congreso nuevos fondos (11.700 millones) para el gobierno de Volodimir Zelensky.
El segundo punto es la constatación empírica de que las guerras emprendidas por el Pentágono se eternizan. El tercero es que la Casa Blanca ha dado señales de querer institucionalizar abiertamente su intervención en la guerra de Ucrania, un giro peligrosísimo que cambiará de plano el escenario global.
Strgacich se basa en un artículo del Wall Street Journal donde se asegura que el Pentágono planea ponerle nombre a la operación militar de apoyo a Ucrania y designar a un general a cargo. “Darle un nombre a la operación es reconocer formalmente el esfuerzo de Estados Unidos en el interior del Pentágono como se hizo con Irak y Afganistán, cuando se bautizaron las misiones como Operación Libertad Iraquí, Operación Libertad Duradera y Operación Centinela de la Libertad".
Dice el Wall Street Journal: "La denominación de la formación y la asistencia es importante desde el punto de vista burocrático, ya que suele conllevar una financiación específica a largo plazo y la posibilidad de estipendios especiales, condecoraciones y premios para los miembros del servicio que participen. La selección de un general de dos o tres estrellas refleja la creación de un mando responsable de coordinar el esfuerzo, lo que supone un cambio con respecto al esfuerzo, en gran medida ad hoc, de proporcionar entrenamiento y asistencia a los ucranianos durante años".
Para el politólogo, el riesgo es que esta guerra se convierta, “a lo largo del tiempo, en una parte medular de la política exterior estadounidense, como ha ocurrido con muchas otras conflagraciones".
El saqueo de la agroindustria
Ucrania y Argentina -por el clima, fuentes de agua, cantidad de materia orgánica y otros factores- están dotadas con las más codiciadas y mejores tierras de cultivo del mundo.
Desde la disolución de la Unión Soviética y la conformación de la República de Ucrania, en 1991, Occidente buscó apropiarse de esa riqueza. Luego de los sucesos de la Plaza Maidán y el posterior golpe de Estado contra el entonces presidente Viktor Yanukovich (2013-2014), asumió el gobierno el empresario Petro Poroshenko un defensor a ultranza de la economía de mercado. Las enmiendas constitucionales de ese gobierno fueron el primer puntapié para una vasta privatización, extranjerización y concentración de la tierra.
Ya en el 2014, el partido de la izquierda alemana, Die Linke, denunció ante su Parlamento, el saqueo de tierras ucranianas. “Las autoridades anteriores de Ucrania se resistieron a una mayor liberalización de las leyes sobre el uso de las tierras, pero finalmente las ventas a multinacionales extranjeras fueron realizados a través del Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el grupo bancario alemán Bankengruppe KfW”, rezaba un comunicado de la oficina del diputado del Bundestag, Niema Movassat, de ese partido. Los parlamentarios exigían al gobierno alemán una explicación porque sospechaban que la tierra, en Ucrania, iba a ser usada para sembrar alimentos modificados genéticamente prohibidos en la Unión Europea.
La realidad hoy es que los pulpos de la agroindustria -Monsanto, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus y Dupont- controlan 17 de los 32 millones de hectáreas de la preciosa tierra ucraniana y, por otra parte, los fondos buitres BlackRock, Blackstone y Vanguard son los principales accionistas de la agroindustria en Ucrania.
No obstante, aún quieren más. Con la excusa de la “crisis alimentaria” y la destrucción de Ucrania a causa de la guerra, el 4 y 5 de julio pasado, se llevó a cabo, en Lugano (Suiza), la Conferencia sobre la Recuperación en Ucrania bajo los auspicios de la UE. Andy Robinson, economista y sociólogo egresado de la London School of Economics asegura que el resultado fue un “batería de medidas de desregulación y privatización sacadas del manual del viejo Consenso de Washington”, con el objetivo explícito de eliminar las restricciones a la venta de tierras a corporaciones extranjeras.
Oficialmente, la conferencia perseguía el “sueño de una nueva Ucrania, libre, democrática y europea” para lo cual, dice el documento final con todo cinismo, “es imprescindible reducir el tamaño del Estado mediante privatizaciones, mejorar la eficiencia regulatoria (desregular) y abrir los mercados (de capitales y libertad de inversión)”. En síntesis, se pide “fortalecer la economía de mercado mediante la reforma de la tierra con un nuevo plan que permita la venta de suelo agrícola a extranjeros”.
Para felicidad de los gigantes de la agroindustria y las instituciones financiera, Zelensky aprobó una nueva ley que permite la compra, a particulares o empresas, de hasta 10.000 hectáreas a partir de enero del 2024. Su implementación va a depender del resultado de un referéndum que se celebrará ese mismo año. Con la deuda abismal que han contraído (y seguirán contrayendo) ¿qué garantías tienen de que ese referendum no se convierta en una farsa?
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