El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció en conferencia de prensa la puesta en marcha de un plan para "romper el orden constitucional" y evitar que asuma el próximo 14 de enero. La fórmula del Movimiento Semilla se impuso en las elecciones del 20 de agosto pasado por el 60 por ciento de los votos, pese al asedio judicial al que fue sometido desde la primera vuelta, en donde quedó en el segundo puesto.
“Un grupo de políticos corruptos se niega aceptar este resultado han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma”, dijo Arévalo. El actual diputado nacional apuntó contra jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana y miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República.
“Alertamos al pueblo de Guatemala que aún faltan 4 meses para la toma de posesión, 4 meses durante los cuales estas mafias políticas intentarán consumar el Golpe de Estado”, según reportó el portal Stereo 100. En esa línea, el presidente electo, hizo un llamado a la unidad "para derrotar a las fuerzas golpistas" que, dijo, pretenden mantener al país "sumergido en la corrupción, la impunidad y la pobreza", señaló el portal Publinews.
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Asedio judicial contra Semilla
Las elecciones en Guatemala se dieron en un escenario atravesado por el uso político de la Justicia, la proscripción de candidatos y candidatas y la denuncia constante contra lo que popularmente se conoce como "pacto de corruptos". Luego de la primera vuelta, el 25 de junio pasado, el partido perdedor Unidad Nacional por la Esperanza (UNE) con la excandidata a la presidencia Sandra Torres al frente intentó impugnar las elecciones y denunció irregularidades con intención de frenar el balotaje.
Además, el Ministerio Público a cargo de la cuestionada fiscal general Porras buscó suspender la candidatura de Semilla. La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó no oficializar los resultados hasta realizar un nuevo cotejo de actas y demoró el proceso, alimentó la incertidumbre.
La revisión de las actas por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó los resultados y autorizó la segunda vuelta. Al mismo tiempo, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche ordenó la suspensión de Semilla por una supuesta falsificación de firmas en la creación del partido. La CC frenó la orden judicial porque ningún partido puede ser cancelado en el transcurso de un proceso electoral y habilitó, de esta manera, el balotaje recién una semana después de los comicios. La policía y la Fiscalía allanaron las oficinas de Semilla y del TSE y alimentaron las protestas en defensa de Semilla.
Como si fuera poco, el 30 de agosto, la junta directiva del Congreso dejó sin facultades al grupo parlamentario del presidente electo, al acatar la suspensión del partido Semilla ordenada por el Juzgado Séptimo a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Esto significa que los diputados de Semilla -que ahora son cinco, pero que serán 23 en la próxima legislatura- no podrán presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda legislativa ni tener asesores, entre otras cuestiones.
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