El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este lunes que los militares involucrados en la represión que dejó más de una veintena de muertos entre manifestantes que protestaban contra el golpe de estado del año pasado no podrán evadir su responsabilidad.
"Quiero decirles de manera muy sincera a las Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia, que como Gobierno y Estado boliviano estamos obligados a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes en la pasada gestión", dijo Arce durante un discurso en un acto militar, según la agencia de noticias Sputnik.
El mandatario, que presidió la graduación de oficiales de alto rango de la Armada, hizo así su primera alusión a un comunicado del alto mando castrense, de fines de noviembre, que declaraba "desconcierto" militar por la decisión judicial de procesar a un general de la Fuerza Aérea por una de las masacres cometidas en 2019.
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Arce dijo que las Fuerzas Armadas, y en general todas las instituciones del Estado, deben colaborar a la investigación que realiza actualmente un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las masacres que siguieron al golpe contra el Gobierno de Evo Morales.
Según Arce, que cumple un mes en la Presidencia, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que se instaló tras la salida de Morales, "lamentablemente mal utilizó a las Fuerzas Armadas enfrentándolas al pueblo boliviano".
Al actuar los militares al servicio de "intereses de grupos de personas que buscaban el poder para beneficiarse y enriquecerse de manera ilícita", se produjeron las masacres que conmovieron al país y al mundo, sostuvo Arce. "Por eso está en Bolivia la CIDH, que tiene la misión fundamental de investigar", remarcó.
Arce agregó que mediante las elecciones de octubre pasado, ganadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el pueblo puso fin a la transición para "superar los momentos de pesadilla vividos durante el Gobierno" y "trabajar en paz y armonía para superar la crisis".
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Pocos días antes del cambio de Ejecutivo, el parlamento boliviano,controlado por el MAS, pidió a la Fiscalía General que iniciara un juicio de responsabilidades a Áñez y juicios penales ordinarios a su gabinete y a jefes militares y policiales por las masacres políticas que ahora investiga la CIDH.
Estos juicios se sustentarían no solo en la violencia misma sino también en un decreto de Áñez y su gabinete que autorizó el uso de fuerza militar contra las protestas, eximiendo a los uniformados de eventuales responsabilidades penales.
Los expertos del organismo internacional iniciaron su investigación el 23 de noviembre, 15 días después de la asunción de Arce, y tienen previsto presentar su informe en un plazo de seis meses.
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