(Por Gonzalo Ruiz Tovar) La oposición de derecha de Perú apuntó esta semana contra la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien, por una infracción constitucional revelada por la Contraloría, busca sacar de la línea de sucesión en caso de que el presidente Pedro Castillo sea destituido o renuncie.
Boluarte fue objeto el miércoles de una denuncia constitucional que podría inhabilitarla por 10 años para cargos públicos, y de una moción en el Congreso que podría sacarla del cargo de ministra de Inclusión Social, que ocupa en paralelo con la vicepresidencia.
Según comentó a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, Castillo, contra quien también se abrió una investigación fiscal por presunta corrupción, tendrá que diseñar una estrategia de defensa, pues en ese cuadro “no hay quien lo salve” de que su eventual reemplazo sea un duro adversario.
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De acuerdo con la Contraloría, Boluarte firmó papeles como presidenta del Club Apurímac, pese a que la Constitución les prohíbe a los ministros ser gestores de intereses propios o de terceros, ejercer actividades lucrativas o intervenir en la dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas.
Boluarte admite que firmó esos documentos por razones burocráticas, pero asegura que no sacó provecho económico.
La funcionaria, abogada de 60 años, renunció a la presidencia del club cuando llegó a la vicepresidencia de la República y al Ministerio, pero el relevo no fue inmediato.
Para la congresista de derecha radical Norma Yarrow, autora de la denuncia constitucional, el castigo debe incluir la inhabilitación, lo que alimenta especulaciones de que el objetivo real es sacar a la vicepresidenta del camino.
Constitucionalistas independientes, como Omar Cairo, admiten que la infracción puede ser causal para que Boluarte deje el gabinete, pero señalan que no debería alcanzar a su función como vicepresidenta. Constitucionalistas de derecha, como Óscar Urviola, estiman por el contrario que hay motivo.
En ese marco, Santa Cruz consideró que el proceso puede extenderse por mucho tiempo y llegar finalmente al Tribunal Constitucional, seis de cuyos siete magistrados fueron nombrados recientemente por una inesperada y criticada alianza entre la derecha radical y un sector del oficialismo.
En paralelo con la demanda de Yarrow, el congresista más activo contra el Gobierno, el ultraderechista Jorge Montoya, presentó una moción de interpelación para que Boluarte dé explicaciones al Congreso, lo que podría ser un primer paso para que el Legislativo la destituya como ministra y la debilite políticamente.
Según el cuestionario de la interpelación, Boluarte tendrá que explicar también por qué tardó en renunciar a un puesto estatal de segundo nivel que tenía cuando se presentó como candidata y por qué no informó en ese momento que tenía ocho familiares trabajando para el Estado.
Para Montoya, Castillo debería sacar a su ministra y, de paso, renunciar, pues “hay tantas nubes negras que da vergüenza tener un mandatario con esas acusaciones”. “Debería retirarse de la presidencia y con eso solucionamos un problema tremendo”, enfatizó.
Boluarte, empero, descarta renunciar y denuncia intereses: “Los que estamos en el Gobierno sabemos que desde el momento que ganamos las elecciones todas las voces y tambores han estado detrás de la vacancia (la destitución de Castillo) y ésta (la presunta infracción) ha sido el pretexto perfecto para la derecha para seguir atacando al presidente”.
El “descubrimiento” de la presunta infracción coincidió con una nueva ofensiva desde diversos frentes contra Castillo, que incluye una investigación formal ordenada por el fiscal general, Pablo Sánchez, por el presunto involucramiento del gobernante en actos de corrupción con la adjudicación de obras.
Es la primera vez en la historia peruana que la Fiscalía investiga a un presidente en funciones. El ente acusador considera que hay elementos fuertes que comprometen al mandatario, un profesor rural de izquierda de 52 años que llegó al poder en julio pasado.
La oposición parlamentaria ya intentó en dos ocasiones destituir a Castillo, pero en ambas estuvo lejos de reunir los 87 votos (de 130) necesarios. Esta semana, dos congresistas de derecha, Diego Bazán y Roselli Amuruz, presentaron un proyecto de ley para bajar el número de votos requeridos a 78.
Si se diera un cambio en la correlación de fuerzas que permitiera la destitución del jefe de Estado, la llamada a reemplazarlo sería Boluarte, cuyo paso por la política antes de ser elegida vicepresidenta y nombrada ministra se limitaba a candidaturas derrotadas para la alcaldía de un distrito en Lima en 2018 y para el Congreso en 2020.
La vicepresidenta, que ha estado al frente de la cartera de Inclusión desde que comenzó el Gobierno, no pertenece a ningún partido, pues fue expulsada del oficialista Perú Libre por presuntamente estar en contra del fundador y máximo líder de ese colectivo marxista leninista, Vladimir Cerrón.
Si Boluarte no pudiera reemplazar a un hipotéticamente destituido Castillo, el cargo pasaría a quien en ese momento presida el Congreso. Medios locales han documentado que el objetivo de los tres partidos de derecha radical, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, es que el beneficiado sea uno de los suyos o un aliado.
La actual presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, quien según las encuestas tiene elevados índices de impopularidad, pertenece al partido centroderechista Acción Popular, pero internamente está en un sector que comulga con las fuerzas más conservadoras, por lo que los analistas la consideran una aliada de éstas.
No obstante, para finales de julio debe haber cambios en la junta directiva y no se sabe si Alva será reelegida, lo que abre interrogantes respecto a la línea sucesoria.
Para Santa Cruz, es posible que en ese marco las fuerzas conservadoras estén “ofreciendo algunas concesiones a cambio de apoyo” para alguien afín a sus intereses.
Con información de Télam
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