Todos los grupos parlamentarios de izquierda de la Asamblea Nacional y del Senado convocaron a la prensa esta semana en el Palacio Borbón para presentar el texto que pondría en marcha el proceso que desembocaría en un referéndum. Para esta primera gran batalla del otoño europeo, una quincena de parlamentarios estaban presentes apretados en la pequeña sala de prensa de la Asamblea Nacional, entre ellos el presidente de la Comisión de Finanzas, Eric Coquerel (LFI), la presidenta del grupo insumiso, Mathilde Panot, y el jefe de los socialistas, Olivier Faure, quien en la primera semana de septiembre, propuso un impuesto sobre los superbeneficios en la universidad de verano de su partido en la ciudad de Blois (Loir-et-Cher).
Para esperar conseguir un referéndum, se sabe que el proceso será largo y difícil. A pesar de ello, el “Referéndum de iniciativa compartida” (RIP) sigue siendo una de las pocas opciones para la Nueva Unión Popular, Ecologista y Social (Nupes) afín de forzar al gobierno a introducir un impuesto a los superbeneficios. "Presentamos enmiendas en este sentido durante el examen de los textos al principio de la sesión parlamentaria, pero la respuesta del ejecutivo fue inequívoca: no, no y no", dijo Faure.
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"Sin embargo, nos enfrentamos a una formidable injusticia que quiere que los franceses paguen mientras se premia a los ricos", agregó. En la exposición de motivos del texto presentado este miércoles, los diputados de izquierda recuerdan que en 2020, en plena recesión mundial, "el grupo Sanofi vio aumentar sus beneficios un 338 % respecto a 2019", o que "los beneficios de Total Energie en el primer semestre de 2022 aumentaron un 122% respecto de 2021". El gobierno francés va a contramano de otros países europeos que votaron gravar con impuestos las superganancias de empresas como en Italia, Alemania, España, Hungría y Rumania.
Los beneficios de los gigantes energéticos estallaron gracias al aumento de los precios del petróleo y el gas: 18.000 millones de dólares para el británico Shell en el segundo trimestre, 3.800 millones para el italiano Eni, 5.700 millones para el francés Total Energies...Al mismo tiempo, esta explosión de precios hunde a millones de hogares en la precariedad y acarrea importantes gastos a los Estados: 236.000 millones de euros en la Unión Europea entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 sin tener en cuenta a Portugal y Hungría, según el instituto Bruegel.
"Está claro que los grandes grupos petroleros no han hecho nada para merecer precios del petróleo tan elevados, es la invasión de Ucrania por Putin lo que está en el origen del problema", afirma en una entrevista a AFP el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. El economista milita por un impuesto sobre estos enormes beneficios desde el grupo de reflexión ICRICT, que cuenta también con el prestigioso economista francés, Thomas Piketty.
¿Qué empresas serán gravadas ?
Sólo las empresas con un volumen de negocio superior a 750 millones de euros se verían afectadas
El texto, cuyo título pide la "creación de una contribución adicional sobre los beneficios excepcionales de las grandes empresas”, consiste únicamente en hacer pagar a las empresas que facturen más de 750 millones de euros "y cuyo resultado imponible del año en cuestión sea superior o igual a 1,25 veces el resultado imponible medio de los años 2017, 2018 y 2019″. Es una forma de atacar exclusivamente a las grandes empresas, casi siempre multinacionales, y eximir a las muy pequeñas y medianas. La escala de la contribución sería progresiva: 20% para los superbeneficios entre 1,25 y 1,5 veces la media de la renta imponible de los ejercicios 2017 a 2019, 25% entre 1,5 y 1,75 veces, 33% más allá.
La "contribución" sólo sería temporal, ya que los parlamentarios prevén una aplicación hasta el 31 de diciembre de 2025. Una situación excepcional requiere una medida excepcional", dijo la diputada socialista Christine Pirès-Beaune, “no estamos aquí para añadir un nuevo impuesto a las empresas eternamente”. Con este impuesto, la Nupes espera recuperar entre 15.000 y 20.000 millones de euros para garantizar una "justa redistribución económica y social de la riqueza creada", reforzar "los servicios públicos locales", proporcionar "una mejor protección contra los efectos de las crisis" y financiar "las grandes inversiones necesarias para la bifurcación ecológica y energética".
240 firmantes parlamentarios
Hasta ahora, 240 parlamentarios han firmado el texto. Se ha alcanzado así la primera etapa, que consiste en reunir una décima parte de los parlamentarios (185 diputados y senadores de 925). El Consejo Constitucional tendrá ahora un mes para dar su conformidad. De ser así, se iniciaría una fase de nueve meses para recabar el apoyo de 4,87 millones de franceses. En 2019, varios parlamentarios se rompieron los dientes en este escenario durante el referéndum destinado a impedir la privatización de “Aeropuertos de París”. Los promotores sólo consiguieron reunir 1,09 millones de firmas. Pero este texto, es diferente", dice Pirès-Beaune, “Se trata de un tema que interesa a todos y que afecta a la vida cotidiana de los franceses”.
Consciente de que será difícil alcanzar la cifra de 4,87 millones de votantes, Olivier Faure apuesta a una promesa de campaña del presidente Macron: éste había dicho que quería bajar el umbral a un millón de inscriptos en las listas electorales. "Nos comprometemos a encontrar más de un millón de firmas para este referéndum y esperamos que al menos Macron cumpla esta promesa” sostuvo Olivier Faure.
Marcha del 16 de octubre
Tres de los cuatro partidos de la NUPES (LFI, PS y EELV) convocan una "marcha contra el alto costo de vida y la inacción climática" el 16 de octubre, de momento sin el PCF ni los sindicatos.
Lanzada por Jean-Luc Mélenchon, esta movilización reunirá a varias organizaciones y asociaciones políticas de izquierda. Pero los sindicatos y el Partido Comunista Francés no han querido sumarse hasta ahora a este llamado común. Los organizadores de la marcha tienen la esperanza de que sus filas crezcan para el 16 de octubre. "Estamos abiertos, las organizaciones asociativas y sindicales pueden unirse a nosotros poco a poco", dijo a la AFP la diputada de LFI Aurélie Trouvé, presidenta del parlamento de la Nupes, que dirige las negociaciones. Las asociaciones ecologistas Oxfam, Attac y Amigos de la Tierra están estudiando unirse al movimiento.
"Esta iniciativa nacional se inscribe en la continuidad de las movilizaciones emprendidas por los sindicatos y las asociaciones, incluidas las jornadas nacionales de acción del 22 y 29 de septiembre y la movilización por el clima del 23 de septiembre", señalaron en un comunicado. "Los precios se disparan y cada vez es más difícil llegar a fin de mes”.
Pero el Gobierno macronista se niega a aumentar los salarios, a congelar los alquileres o a congelar los precios ante el elevado costo de vida"…"Peor aún, está planeando nuevos ataques al sistema de pensiones y al seguro de desempleo y están organizando la destrucción de los servicios públicos, en particular los de educación y sanidad." Además, sigue el comunicado, "el planeta arde y el agua escasea, pero el gobierno, ya condenado por su inacción medioambiental, lleva a cabo una política antieconómica, esta situación no puede continuar".
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