Marine Le Pen se consolidó como una de las figuras principales de la política francesa en las últimas dos décadas. Hija de Jean-Marie Le Pen, asumió la dirección del primer partido de extrema derecha en Francia, el Rassemblement National (RN), tras suceder a su padre y bajo su liderazgo el peso político del partido no ha hecho más que crecer. En las últimas elecciones legislativas, RN alcanzó un histórico número de 125 diputados en la Asamblea Nacional, una cifra impensable hace apenas una década. El “cordón republicano” sanitario, que tan efectivo fue tiempo atrás, parece haber perdido eficacia mientras la ultraderechisata logró meter en agenda debates sobre inmigración, el Islam y la identidad nacional con su estrategia de "desdiabolización".
Sin embargo, la líder que armó carrera con el lema de ser "anti-sistema" se enfrenta ahora a la definición de un juicio por sospechas de haber desviado casi siete millones de euros de fondos públicos. La causa se circunscribe a sus años como eurodiputada (2004-2017) y, según la Fiscalía, el desfalco que hizo RN asciende a 6,8 millones de euros.
Un caso que lleva años
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La investigación comenzó en 2014, cuando la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibió informes sobre una posible malversación. En respuesta, Martin Schulz, entonces presidente del Parlamento Europeo, abrió una investigación administrativa sobre el RN, conocido en ese momento como Front National. En 2016, la justicia francesa tomó las riendas del caso, y ahora Marine Le Pen, junto con 24 colaboradores, enfrenta cargos. Las acusaciones giran en torno al uso de fondos europeos para financiar empleos ficticios de asistentes parlamentarios que, en realidad, habrían trabajado para el RN en Francia, no para el Parlamento Europeo.
Las pruebas recopiladas durante los allanamientos en la sede del partido son contundentes. En un correo, un eurodiputado expresaba su preocupación: “Lo que Marine nos pide equivale a firmar por empleos ficticios”. “Solo saldremos adelante si logramos ahorros importantes gracias al Parlamento Europeo”, escribió también el ex tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, a Marine Le Pen en 2014. La Fiscalía describe un “sistema organizado” en el que Marine Le Pen desempeñaría un “rol central” con el objetivo de beneficiar financieramente al partido. Las penas asociadas a estos delitos incluyen hasta diez años de prisión, un millón de euros en multas y la inhabilitación política. Finalmente, el 13 de noviembre, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión, de los cuales dos serían en cumplimiento efectivo, además de una multa de 300.000 euros y cinco años de inhabilitación.
¿Un juicio político?
Aunque las pruebas parecen irrefutables, RN no se da por vencido. A la espera del fallo definitivo, previsto para principios de 2025, Le Pen busca reforzar su imagen de víctima de un sistema que la persigue. Inspirada en la estrategia de Donald Trump, denuncia una justicia parcial que intentaría sabotear su carrera política. “Lo único que le importa a la fiscalía es atacar a Marine Le Pen [...] para excluirla de la vida política y arruinar al partido”, declaró tras conocerse las solicitudes de la fiscalía. Por su parte, Sébastien Chenu, vicepresidente del RN, fue más tajante: “Esto es un fiscal al servicio de una misión política: impedir que Marine Le Pen se presente”.
Sin embargo, desde 2016, la ley francesa contempla la inhabilitación automática para cualquier cargo público condenado por malversación de fondos. Para Vincent Sizaire, magistrado y autor de Gouverner les juges, el caso es claro: “Esto es simplemente aplicar el principio básico de igualdad ante la ley. Si no se respeta, no estamos en una democracia”. Agrega: “Aquí vemos por parte de los dirigentes del RN métodos que se observan en toda Europa, especialmente en Italia o Hungría, donde claramente se trata de una estrategia de desestabilización e intimidación a magistrados específicamente señalados, con la esperanza de obtener un resultado favorable”.
Una justicia cuestonada
Más allá del caso específico, emerge una problemática de fondo. Según las últimas encuestas de IFOP, solo el 53% de los franceses confía en su sistema judicial. Hay que decir que la proliferación de escándalos de desvío de fondos y corrupción en las élites es una constante en el panorama francés. Además, los estudios muestran claramente cómo esta “delincuencia de guante blanco” suele ser ampliamente favorecida en los tribunales, obteniendo con mayor frecuencia reducciones o conmutaciones de penas. Según un informe del Observatorio de las Desigualdades, quienes ganan menos de 300 euros al mes tienen 3,2 veces más probabilidades de ser condenados a prisión efectiva que aquellos con ingresos superiores a 1.500 euros.
El impacto de este juicio en la política francesa será significativo. Una posible inhabilitación de Marine Le Pen llega en el momento de mayor fuerza del RN. Aunque existe la posibilidad de apelar, la aplicación inmediata de la pena de inhabilitación podría impedirle competir en 2027. Sin embargo, esto también podría reforzar el sentimiento de exclusión entre las personas cercanas al RN. Muchos consideran que lo que se busca es atacar a la figura de Marine Le Pen. Trump demostró con su elección que los escándalos no son necesariamente un obstáculo. Al contrario, los utiliza para fortalecer su imagen de contestatario y anti-establishment. Es seguro que Le Pen y su partido intentarán jugar en este terreno.
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