El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo anunció al ser reelegido: después de varias idas y venidas, retrasos, controversias y discusiones ásperas en ambas cámaras, el proyecto de ley de inmigración fue aprobado por la Asamblea Nacional el martes 19 de diciembre de 2023, por 349 votos a favor y 186 en contra. Para asegurarse la mayoría, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, tendió la mano al partido “Los Republicanos” (derecha conservadora) y retomó los principales reclamos de la extrema derecha.
En concreto, de los 170 diputados macronistas, 131 votaron a favor, 20 votaron en contra, entre ellos el presidente de la Comisión de Derecho, Sacha Houlié, y 17 se abstuvieron. En el grupo Modem (centrista aliado a Macron), 30 de los 51 diputados votaron a favor, 5 votaron en contra y 15 se abstuvieron. Dos diputados de Horizons (derecha aliados de Macron) votaron en contra. El grupo Liot (centrista independiente) se dividió, con 8 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones. Con 535 votos emitidos, la mayoría fijada en 268 no se hubiera alcanzado sin los votos de los 88 diputados (RN) de Marine Le Pen.
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Según el jurista Patrick Weil, “es la primera vez que el Reagrupamiento Nacional participa, con sus ideas o sus votos, en la adopción de una ley, influyendo en el contenido y contribuyendo a su adopción. En sí mismo, se trata de un punto de inflexión. Básicamente, este texto rompe con una serie de tradiciones y principios fundamentales. La principal desviación, en mi opinión, es el menoscabo del derecho de suelo, el principio según el cual una persona nacida en Francia de padres extranjeros tiene derecho a pertenecer a la comunidad nacional”.
Los artículos mas conflictivos de la ley
Endurecimiento del derecho de suelo
Actualmente, un niño/a nacido en Francia de padres extranjeros obtiene automáticamente la nacionalidad francesa al cumplir los 18 años, con dos condiciones: haber vivido en Francia de forma continua o intermitente durante al menos 5 años desde los 11 años y residir en Francia al cumplir los 18 años. No se requiere ninguna acción por parte del interesado para obtener la nacionalidad francesa, que se concede automáticamente.
Según la Ley de Inmigración votada, la obtención de la nacionalidad francesa a los 18 años ya no será automática. Los hijos de padres extranjeros tendrán que "demostrar su deseo" de obtener la nacionalidad francesa y hacer los trámites necesarios entre los 16 y los 18 años. No podrán obtenerla si han sido condenados por delitos.
Reagrupamiento familiar
Hasta ahora, los extranjeros que vivían legalmente en Francia podían traer a su familia (cónyuge e hijos menores) tras 18 meses de residencia legal en suelo francés. Ahora tendrán que esperar 24 meses. Si la persona está casada, su cónyuge deberá tener al menos 21 años, frente a los 18 actuales, para poder reunirse con ella.
Además, los miembros de la familia tendrán que cumplir ciertas condiciones para poder reunirse con ellos, como tener un buen nivel de francés, para lo que tendrán que pasar un examen. También dependerá de los recursos económicos de la persona que vive en Francia, que hasta ahora debían ser "estables", pero ahora tendrán que ser "estables, regulares y suficientes". La persona también deberá tener un seguro médico.
Acceso condicional a determinadas prestaciones sociales
El acceso a determinadas prestaciones sociales denominadas "no contributivas", es decir, aquellas a las que puede acceder cualquier persona que trabaje y resida en Francia, aunque nunca haya cotizado a la Seguridad Social, estará condicionado para los extranjeros no provenientes de la Unión Europea. Es decir, para beneficiarse de la ayuda personalizada a la vivienda (APL), las prestaciones familiares o la prestación personalizada de autonomía, los solicitantes deben demostrar que residen en Francia desde hace cinco años.
Estas prestaciones, cuyo valor está vinculado a una situación específica como el número de hijos a cargo o el nivel de ingresos, estaban antes a disposición de los extranjeros que residían legalmente de la misma forma que los franceses. Al dar prioridad a los franceses para estas prestaciones sociales, el Gobierno adopta el concepto de "prioridad nacional", una noción estrechamente asociada al Frente Nacional, que se convirtió en “Reagrupamiento Nacional” en 2018. Por eso Marine Le Pen, habló de "victoria ideológica" tras la aprobación del texto por el Parlamento.
Se deniega el acceso al alojamiento de urgencia a las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y a las que estén sujetas a una obligación de abandonar el país (OQTF)
Para Camille Gardesse, investigadora y profesora de la Escuela de Urbanismo de París, “esta ley supone una quiebra de la incondicionalidad del alojamiento". En un momento en el que cerca de tres mil niños duermen en la calle, la mayoría de ellos exiliados y solicitantes de asilo, esta ley confirma la discriminación estructural que ha llevado a Francia a acostumbrarse a ver familias durmiendo en la calle sólo porque no son blancas”.
Fianza para los estudiantes extranjeros
En virtud de la Ley de inmigración, los estudiantes extranjeros deberán depositar una "fianza de retorno", cuyo importe se fijará por decreto, y que les dará acceso a un permiso de residencia inicial que les permitirá estudiar en Francia. Esta fianza les será devuelta, salvo si incumplen una orden de expulsión.
Permisos de residencia
Se restablece el delito de residencia ilegal, abolido en 2012 por François Hollande. Todo extranjero que permanezca en Francia sin visado o con un visado caducado será sancionado con una multa de 3.750 euros y una prohibición adicional de entrada en el país de tres años. Al suprimir esta infracción en 2012, Francia se había adaptado a la legislación europea. Según Gérald Darmanin, ministro francés del Interior, la re-instauración de esta infracción facilitará la lucha contra la inmigración clandestina.
Regularización de los trabajadores indocumentados
Para hacer frente a las necesidades de mano de obra en determinados sectores, se regularizará a los trabajadores indocumentados en "empleos con escasez de personal", siempre que lleven residiendo en Francia al menos tres años y hayan ejercido una actividad remunerada durante al menos 12 meses consecutivos o no consecutivos en un periodo de dos años. Entre estos empleos escasos figuran la construcción, la restauración y la enfermería.
Los trabajadores indocumentados podrán ahora emprender el proceso de regularización por su cuenta, sin la aprobación de su empleador, lo que antes era imposible. La decisión de concederles o no este permiso corresponderá exclusivamente a los prefectos. Esta medida se pondrá a prueba hasta finales de 2026, y se reforzarán las sanciones contra los empleadores de trabajadores ilegales.
Este articulo fue bombardeado por la derecha y Le Pen, el único que tenia un cierto consenso entre los diferentes partidos, incluidos los de la izquierda.
Aunque la supresión de la AME (ayuda médica estatal) figuraba en la primera versión del texto y había sido votada por el Senado, fue abandonada finalmente frente a una enorme presión del ala “izquierda” del grupo macronista y de toda la izquierda...La AME permite a los extranjeros ilegales beneficiarse de una cobertura del 100% de la atención médica (466.000 personas reciben actualmente esta ayuda).
Los departamentos de izquierda resisten a la ley de inmigración
Los dirigentes de 32 consejos departamentales han anunciado su negativa a aplicar las nuevas condiciones fijadas para el pago de la prestación personalizada de autonomía. Al mismo tiempo, crecen los llamamientos en la izquierda para organizar un "contraataque". "Cuando una persona mayor es dependiente, la ayudaremos y no la dejaremos morir en la cama con la excusa de que tiene menos de cinco años de residencia en Francia” sostuvo Serge Rigal, presidente del departamento de Lot.
El diputado Stéphane Troussel, presidente socialista del departamento de Seine-Saint-Denis, pide que se ejerza una presión política "intensa y poderosa" para que Macron no promulgue la ley.
El Consejo Constitucional
Al día siguiente de la aprobación de la ley, el Presidente de la República anunció en la televisión que sometía la ley al Consejo Constitucional. Unos sesenta diputados de izquierda (insumisos, socialistas, ecologistas y comunistas) también recurrieron al Consejo pidiendo que se censure la ley en su totalidad. El macronista Sacha Houlié, presidente de la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional, plantea que una treintena de artículos de la ley podrían ser declarados “inconstitucionales”. El día de la votación, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, advirtió que "algunas medidas son manifiesta y claramente contrarias a la Constitución" en relación con el texto resultante de la comisión mixta (CMP). Se espera que el Consejo Constitucional se expedirá antes de fin de enero.
En suma, esta ley acumula medidas vejatorias que no tienen más sentido que ser vejatorias. Complicarán hasta el extremo la situación de los extranjeros con residencia legal, fomentarán la irregularidad entre los trabajadores de profesiones llamadas "deficitarias" y obstaculizarán la integración de los hijos de extranjeros con derecho a la nacionalidad francesa.
El 2023 se termina en Francia en una clara deriva derechista del gobierno que se expresó con la imposición de la reforma jubilatoria por decreto a pesar de la inmensa movilización de millones de franceses durante meses en la calle.
Esta ley, de ser promulgada, confirmará aun más el carácter discriminatorio del rumbo que está tomando el gobierno actual influenciado por una extrema derecha que se siente envalentonada en el parlamento y que no tiene complejos en desfilar por las calles, atacando físicamente a alcaldes, sedes de partidos de izquierda y proferir amenazas de muerte a militantes.
El presidente Macron, que fue elegido para bloquear al partido de Le Pen, pasará a la historia por haber no solo aceptado de que se trata de un partido “republicano” sino por haber legislado integrando su ideología xenófoba y discriminatoria, contraria a los principios de la República Francesa.
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