Aunque ya se habían desatado revueltas en Kanaky-Nueva Caledonia desde mayo de 2024, Francia enfrenta ahora un nuevo y amplio movimiento social en sus territorios de ultramar. Desde principios de septiembre, la Martinica, territorio francés en las Antillas, es escenario de fuertes movilizaciones populares. Manifestaciones, bloqueos a grandes cadenas, huelgas y violencia urbana se han extendido por la isla durante más de un mes.
Una movilización creciente basada en los precios
El colectivo detrás de este movimiento, la Reunión para la Protección de los Pueblos y Recursos Afrocaribeños (RPPRAC), lanzó un ultimátum a las autoridades francesas en julio. Exigían que los precios en la gran distribución en ultramar se alinearan con los de Francia continental antes del 1 de septiembre. En Martinica, los productos alimenticios son en promedio un 40% más caros que en la metrópoli, y en algunos casos las diferencias son aún mayores. El sitio de comparación Kiprix revelaba diferencias que iban del doble al triple para productos básicos como botellas de agua, pastas dentales, huevos, entre otros.
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Las convocatorias, compartidas masivamente en redes sociales, rápidamente ganaron fuerza en toda la isla, uniendo a sindicatos, partidos políticos y la sociedad civil. Los bloqueos a grandes cadenas, vistas como responsables de aprovecharse de los márgenes de ganancia, se multiplicaron, acompañados por huelgas. Vestidos de rojo, como señal de unión, las acciones no violentas se propagaron. Sin embargo, las tensiones crecieron rápidamente tras el envío de la unidad especial CRS 8 por parte de Francia, un grupo antidisturbios que no pisaba la isla desde 1959. Este movimiento fue percibido como una provocación: “La respuesta del Estado es echarle leña al fuego. No ofrecen soluciones, apoyan a los que se lucran con el alto costo de vida, esos parásitos que viven a costa nuestra, y como única respuesta, envían a la élite de la represión”, denunció Gabriel Jean-Marie, secretario general de la CGT Martinica, en una entrevista con Mediapart.
La semana pasada fue especialmente violenta. Tras la operación "Martinica isla muerta" del 9 de octubre, destinada a paralizar las actividades con bloqueos, se decretaron toque de queda y prohibición de manifestaciones. Los enfrentamientos duraron toda la noche y varios comercios de grandes cadenas fueron incendiados. Al día siguiente, el aeropuerto de Fort-de-France fue ocupado por manifestantes, cortando todas las conexiones aéreas.
Finalmente, el 16 de octubre se logró un primer acuerdo. Los distribuidores aceptaron bajar en promedio un 20% el precio de los productos más consumidos en la isla. Sin embargo, este resultado fue poco convincente, ya que no fue firmado por el RPPRAC, que llamó a continuar la movilización. Aunque la cuestión de los precios es central, hoy en día la lucha se inscribe en una crítica más amplia del sistema de dominación que pesa sobre la isla.
Un pasado colonial que sigue presente
El mercado martiniqués, heredado del sistema colonial, depende casi por completo de la metrópoli: el 80% de los productos son importados y sufren impuestos especialmente elevados. Además, dentro de la población local, persisten profundas divisiones. Como destaca Laetitia Limmois, periodista martiniquesa en Le Monde, “las movilizaciones denuncian todo el entramado económico de Martinica, que está en manos de los békés”. Los békés, término utilizado para describir a los descendientes blancos de colonos que residen en la isla, son una minoría extremadamente pequeña (1%), pero controlan la gran mayoría de la economía local. Un ejemplo claro es el Grupo Bernard Hayot, fundado en 1960 por una familia béké, que hoy posee 11 hipermercados Carrefour en Martinica, además de tiendas de deportes, automóviles y alcohol. En 2012, el gobierno multó al grupo con 68 millones de francos CFP por aplicar márgenes demasiado altos. “Vivimos en una sociedad donde los descendientes de esclavos tienen que ir a comprar a los descendientes de colonos”, resumió Limmois en el programa C à Vous.
En una isla donde la tasa de pobreza es el doble de la de Francia continental, el sentimiento de abandono y la falta de consideración están generalizados. En los años 90, el escándalo del clordecona impactó gravemente a las poblaciones locales. Este pesticida, reconocido como altamente cancerígeno y prohibido en Europa, se utilizó durante más de 20 años en las Antillas francesas. Símbolo de la pwofitasyon (explotación), término antillano que señala este sistema en el que la búsqueda del lucro lo destruye todo —humanos, trabajo y medio ambiente—. “En Martinica, la reivindicación por el alto costo de vida es apenas una parte de un problema mucho más grande”, declaró el escritor Patrick Chamoiseau, una de las voces más influyentes del Caribe, en una columna para Marianne. Él subraya la necesidad de muchos más combates, empezando por la lucha por una reconsideración de Francia hacia sus territorios de ultramar. Según Chamoiseau, la respuesta a esta crisis solo podrá lograrse con la emancipación de Martinica frente a “esta alianza de una matriz colonial residual, una hegemonía capitalista y una dependencia institucionalizada”.
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