El Gobierno de Emmanuel Macron impuso este jueves la vuelta al trabajo del personal indispensable en una refinería, de las seis que están en huelga en Francia. Esta decisión fue impuesta -por segunda vez- con el propósito de hacerle frente a la extensión de un paro que provoca desde hace días un importante desabastecimiento de combustible en el país, en donde casi un tercio de las estaciones de servicio. Mientras la solidaridad entre las y los trabajadores de los distintos sectores crece, los sindicatos petroleros llamaron a una nueva medida de fuerza general para el próximo martes.
"El Gobierno asume su responsabilidad" e "inicia la requisa de personal para que se haga efectivo a las 14 (las 9 en la Argentina)" en un depósito próximo a la ciudad de Dunkerque, ubicada en el norte de Francia, indicó una fuente de la oficina de la primera ministra, Elisabeth Borne, según la agencia de noticias AFP.
Esta medida excepcional -aplicada este jueves- obliga a los empleados de una refinería del gigante TotalEnergies a trabajar bajo la amenaza de sanciones penales. La empresa propone un aumento salarial menor al reclamado, apenas un día después de que las autoridades la emplearan en un depósito de Esso-ExxonMobil. "Esto es una paralización del conflicto y una vez más están echando leña el fuego", dijo al diario Le Figaro un delegado sindical del depósito intervenido, que advirtió que el movimiento "se endurecerá" en todo el territorio.
Poco después, las requisas impuestas por el Gobierno para paliar el desabastecimiento de combustible provocado por la huelga en las refinerías tuvieron respuesta: un paro general que se realizará el próximo martes. Son cuatro las organizaciones gremiales convocantes a la huelga "por el alza de los salarios y en defensa del derecho de huelga", anunciaron en un comunicado la Confederación General del Trabajo (CGT), la Fuerza Obrera (FO) y las organizaciones juveniles de la Federación Independiente y Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media (FIDL), la Unión Nacional de Francia (UNEF) y el Movimiento Nacional de Secundaria (MNL), entre otras.
Algunos de los principales sindicatos de los empleados de ferrocarriles, del metro de París y de funcionarios ya urgieron a secundar el paro: "La ira crece, incluso en nuestras profesiones", advirtió la sección transportes de la CGT. "Pedimos a los gremios organizar asambleas generales el 18 y no descartamos ningún escenario para llevar adelante la acción", dijo el secretario general de la CGT-Ferriovarios, Laurent Brun.
De hecho, ya hicieron su respectivo anuncio desde el sector de los servicios públicos, según informó el diario local Le Monde: “Hacemos un llamado a la construcción con la plantilla de la más amplia participación posible en la jornada interprofesional de huelga y manifestaciones del martes 18 de octubre de 2022 por la defensa del derecho de huelga, el aumento de salarios y nuestros derechos a la jubilación”, dice el comunicado de la UFSE-CGT.
Se han presentado convocatorias para las tres vertientes de la función pública (Estatal, territorial y hospitalaria). Los tres brazos de la CGT-Servicio Público (Unión Federal de Sindicatos del Estado, Federación de Servicios Públicos, Federación de Salud y Acción Social) también confirmaron en el texto “su pleno apoyo a la huelga de los trabajadores de la industria petrolera” y “condenar las requisas” de los depósitos de combustible de TotalEnergies y ExxonMobil.
Al momento, casi un tercio de las estaciones de servicio francesas carecen de combustible, sobre todo en París y el norte del país, por el paro que mantienen desde fines de septiembre los trabajadores de seis de las siete refinerías del país en reclamo de un alza salarial.
Las largas colas que hacen los automovilistas para cargar nafta o diesel copan desde hace días las portadas de los medios franceses y proyectaron todas las miradas hacia el Gobierno de Macron que, pese a sus llamados iniciales al diálogo, acabó por intervenir ante las crecientes críticas de inacción. "Siempre se tiende a culpar al Gobierno. [Pero] no podemos remplazar a todo el mundo", se defendió anoche el mandatario en una entrevista en la cadena France 2, en la que llamó a la "responsabilidad" a TotalEnergies y a la central sindical CGT.
Obligar a los huelguistas a trabajar es una medida excepcional. El precedente más importante remonta a 2010, cuando el Gobierno del presidente conservador Nicolas Sarkozy la aplicó con trabajadores de refinerías en huelga contra una reforma previsional.
Según un sondeo de Elabe para la cadena BFMTV, la movilización de los empleados de TotalEnergies y Esso-ExxonMobil es respaldada por el 42% de la población, mientras que un 40% la desaprueba y el resto se dice indiferente.
Pese al anuncio de intervención gubernamental, los trabajadores de TotalEnergies decidieron prolongar la huelga en las refinerías del grupo tras rechazar la última propuesta hecha por la firma.
En tanto, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, llamó al gigante petrolero a "aumentar sus sueldos", después de lograr más de 10.000 millones de dólares de beneficios en el primer semestre de 2022, en parte por el alza de los precios de la energía. Minutos después, el grupo anunció en un comunicado una prima "excepcional" de un mes de sueldo a sus empleados en el mundo, que se sumará a un alza salarial del 6% para sus empleados en Francia en 2023.
Sin embargo, la CGT de TotalEnergies, a la cual se sumó ayer el gremio FO, reclama también un aumento salarial del 10% en 2022 -7% por la inflación y 3% por el reparto de la riqueza-, que fue rechazado por la dirección de la empresa, que solo está abierta a negociar los haberes del próximo año.
"No se negocia en los medios", afirmó el coordinador de la CGT en este grupo, Éric Sellini, para quien este "desprecio a las organizaciones y los huelguistas" por la dirección "no mejorará el clima reinante". El gremio anunció, además, un recurso de urgencia contra la intervención gubernamental de la víspera en el depósito de Esso-ExxonMobil, tras considerar que esta medida supuso un punto de inflexión.
La tensión social en aumento se da en un contexto de inflación y de llamados a ahorrar energía por la guerra en Ucrania. A esto se suma que el Gobierno prepara el terreno para aprobar una controvertida reforma previsional. El primer intento de Macron de retrasar la jubilación de 62 a 65 años generó protestas masivas en 2019 y 2020. Esta medida estará también en el punto de mira en la marcha que la oposición de izquierda organizó el domingo "contra la vida cara".
Con información de Télam.
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