El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, abrió una investigación contra los directores locales y responsables de las empresas de internet y redes sociales Google y Telegram por el supuesto accionar ilegal con desinformación cuando convocaron a sus usuarios a oponerse al proyecto de ley contra las fake news que se tramita en el Congreso. "La democracia está bajo ataque en Brasil", es uno de los mensajes que difundió la red social Telegram.
La decisión fue del juez supremo Alexandre de Moraes, que lleva adelante desde 2019 una megacausa sobre noticias falsas y atentado al estado de derecho que involucra al bolsonarismo y que ahora sumó a Telegram, mensajería digital con sede en Emiratos Arabes Unidos, y a la gigante estadounidense Google. En su decisión, Moraes señaló que la investigación se realizará "frente a los directores y demás responsables" de las empresas que "han participado en la campaña abusiva" contra el proyecto de ley 2630/2020 que se trata en el Congreso.
El pedido de la investigación fue realizado por la fiscalía general a raíz de un reclamo del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del derechista Partido Progresista, que apoyó al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y ahora está enfrentado con la ultraderecha por este proyecto de regular a las redes sociales por evitar que toleren mensajes de odio y violencia. Según el fallo, Moraes determinó que la Policía Federal actúe durante un período inicial de 60 días para que los mensajes publicados por las empresas en contra del proyecto sean preservados y sometidos a examen forense.
El magistrado, también, dio lugar para que se les tome declaración a los directivos de ambas empresas, que se posicionaron públicamente contra el proyecto de ley apoyado por parte de la oposición y la base parlamentaria del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las llamadas "big techs" y el bolsonarismo se opusieron a la regulación de las redes sociales en Brasil.
Pero Google fue más allá el 1 de mayo al poner en su página inicial un link contra el proyecto de ley y toda su plataforma estuvo direccionada a noticias contrarias a la iniciativa: "La ley sobre Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil", fue la frase que Google mantuvo durante la jornada para intentar sumar a sus usuarios contra.
Telegram, por su parte, envió a todos sus usuarios un mensaje afirmando que la ley "termina con la libertad de expresión". El mensaje de Telegram contenía distorsiones sobre el proyecto, por lo que el juez Moraes amenazó suspenderla del aire si la empresa no lo retiraba. El diputado Lira argumentó en su pedido que las plataformas incentivan a los usuarios a presionar a los diputados y promueven una "campaña de desinformación". El reclamo lo aceptó la vicefiscal general de la República, Lindora Araújo, que incluye en su pedido investigar delitos sobre derecho del consumidor y abuso de poder económico por posición dominante.
Según informó el portal brasileño Publica, Google fue el mayor anunciante político en las rede sociales Facebook e Instagram en contra del tratamiento del proyecto. Una investigación de la Agencia Pública, rastreó que la empresa gastó más de 95 mil dólares en anuncios entre el 30 de abril y el 6 de mayo. Como ejemplo, un video de 15 segundos difundido afirmaba que “la PL 2630 puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil” apareció más de 1 millón de veces para les usuaries brasileñes.
¿Qué dice el proyecto de ley 2630/2020?
El proyecto de ley, conocido como Fake News Bill, prevé la creación de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet y fue propuesto por el Senador Alessandro Vieira (PSDB-SE).
Sus principales puntos originales son: deber de las plataformas de vetar cuentas falsas; divulgación de informes trimestrales de transparencia sobre moderación de contenidos; creación del Consejo de Transparencia y Responsabilidad en Internet; posibilidad de que los proveedores creen una institución de autorregulación, certificada por el consejo; y multa de hasta el 10% de los ingresos del grupo económico en Brasil en caso de incumplimiento de la ley.
Con información de Télam
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