“Cómo alguien puede ser tan irresponsable”, fue la reflexión de Joe Biden. El periodista Scott Pelley, del programa estadounidense 55 minutos, le había preguntado qué se le había cruzado por la cabeza cuando supo que en la casa de su antecesor, Donald Trump, se habían encontrado cientos de archivos clasificados. Hace una semana, él mismo se encuentra atrapado en esa misma telaraña: documentos -algunos con la nomenclatura “top secret”- fueron hallados en una vieja oficina que utilizó cuando fue vicepresidente -entre 2009 a 2017- y, también, en una de sus residencias. Con información a cuenta gotas, los medios intentan atar cabos sueltos y descifrar los mensajes de la Casa Blanca.
El 2022 fue duro para el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Biden: la guerra en Ucrania le impactó -como a todo el mundo- en el sector económico y para julio de este año acumuló un 9,1 de inflación, una de las más altas en 41 años. Con problemas financieros, alimenticios, laborales y energéticos, un sondeo del diario New York Times, llegó a que el 85 por ciento de la población se manifestara insatisfecha con la dirección del país, independientemente de su partido político.
Con ese panorama llegó a las elecciones de medio mandato, que se hacen cada segundo martes de noviembre, a la mitad de cada mandato presidencial y funcionan como una suerte de referéndum. Los números avizoraban un panorama sombrío para el demócrata. Sin embargo, la marea roja republicana nunca llegó e, incluso, su principal contrincante Trump siquiera llegó a hacer cosquillas. Biden retuvo un empate en el Senado -donde su partido lidera- y una derrota al filo en la Cámara de Representantes.
Para este comienzo de año, Biden, entonces podría haberse regodeado del hecho de que los opositores debieron votar 15 veces -en una contienda no vista en 164 años- para ponerse de acuerdo en quién lideraría la Cámara Baja. O del hecho de que la inflación comenzó a bajar o de que Trump no cosecha los seguidores que presumía.
Un problema recurrente
Sin embargo, hace una semana su destino comenzó a torcerse: el 9 de enero la cadena CBS News dio a conocer la noticia de que varios documentos clasificados de la época de Biden como vicepresidente habían sido descubiertos el 2 de noviembre, sólo seis días antes de la contienda electoral. Estaban en su antigua oficina privada en la ciudad de Washington y, también, en su casa. Y no se sabe si hay más.
Según los abogados de la Casa Blanca, este conjunto inicial de documentos fue encontrado por los abogados personales del presidente cuando estaban cerrando la oficina del centro de Washington que Biden utilizaba como parte de su trabajo con la Universidad de Pensilvania, no autorizada para almacenar material clasificado. Para ese entonces, CNN informó que, tras el descubrimiento, los abogados del mandatario se pusieron inmediatamente en contacto con la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés), que empezó a investigar el asunto. El equipo de Biden cooperó con la NARA y, en noviembre, la instituciónremitió un informe al Departamento de Justicia para que continuara con la pesquisa.
Según se puede ver en una crónica detallada por la CNN, entre el 10 y el 15 de enero, la información pasó a darse a cuenta gotas y de manera confusa.
"Me sorprendió saber que había registros del Gobierno que fueron llevados a esa oficina", fue la primera manifestación de Biden sobre el tema ante la pregunta de un periodista en una rueda de prensa en Ciudad de México, donde asistió a una cumbre con los líderes de México y Canadá. El equipo legal de la Casa Blanca alegó lo mismo, aunque la CNN supo conocer que entre los diez documentos encontrados se incluyen memorándums de los servicios de inteligencia estadounidenses y material informativo sobre temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido.
Mientras, la investigación es realizada por el fiscal de Chicago designado por Trump, John Lausch Jr, designado por el secretario de Justicia, Marrick Garland.
El 11 de enero, la Casa Blanca se negó a responder preguntas sobre el tema. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, no quiso decir quién llevó los documentos a la oficina ni si se encontraron otros documentos. Tampoco pudo decir si se estaba realizando una auditoría para localizar otros posibles documentos ni cuándo se había informado al presidente del descubrimiento de los documentos. Ese mismo día a la noche se supo había más documentación hallada durante un allanamiento a las dos residencias del mandatario en Delaware (situadas en Rehoboth Beach y Wilmington), una pequeña isla sobre el Atlántico, entre Nueva Yersey y Virginia.
MÁS INFO
Más tarde, por boca del ministro de Justicia Garland, se conocería que un segundo lote de documentos secretos había sido encontrado el 20 de diciembre. Aunque en un principio no se especificó en dónde estaban, la prensa dio a conocer que estaban en un garaje. "No es como si estuvieran en la calle", desdramatizó Biden cuando un periodista le preguntó por qué guardaba material clasificado junto a un auto deportivo.
Garland, por su parte, hizo lo suyo y nombró como fiscal especial del caso a Robert Hur, que fue nombrado fiscal federal en Maryland por Trump, en 2017, y ocupó el cargo hasta su dimisión en 2021. La CNN, en tanto, informó el jueves que la subdirectora de protocolo del Pentágono, Kathy Chung, fue entrevistada como parte de la investigación del Departamento de Justicia. Chung trabajó anteriormente como asistente ejecutiva de Biden mientras era vicepresidente.
¿Eso es todo? Claro que no. Al día siguiente, el 14 de enero, desde el Gobierno se informó el hallazgo de cinco páginas más. Las nuevas páginas fueron encontradas cuando un abogado de la Casa Blanca fue a Wilmington para facilitar el traslado del documento clasificado. En un intento por aclarar el panorama habló, entonces, el abogado personal de Biden, Bob Bauer.
Aunque hablar, es una forma de decirlo. Escribió en un comunicado la razón por la que la información se da por partes como si fuera un rompecabezas para armar: "Los abogados personales del presidente han intentado equilibrar la importancia de la transparencia pública cuando procede con las normas establecidas y las limitaciones necesarias para proteger la integridad de la investigación".
Según aclaró, "estas consideraciones requieren evitar la divulgación pública de detalles relevantes para la investigación mientras está en curso" y sumó que dar a conocer más sobre el caso podría "complicar la capacidad de las autoridades que llevan a cabo la revisión para obtener información fácilmente, y de forma no comprometida".
"Al igual que todos los presidentes a lo largo de décadas de historia moderna, su residencia personal es personal", dijo la oficina del abogado en un comunicado este lunes por la mañana. "Pero al asumir el cargo, el presidente Biden restableció la norma y la tradición de mantener registros de visitantes de la Casa Blanca, incluida su publicación periódica, después de que la administración anterior pusiera fin a los mismos". Podrá llamar la atención -o no-, lo cierto es que la Casa Blanca corroboró que ese registro no existe.
Por el momento, entonces, se espera que el Gobierno responda al pedido Republicando de entregar toda la información relativa a la investigación.
Como broche -que no cierra la historia- este lunes, la Casa Blanca confirmó que "no hay registro" de visitas en las residencias de Biden.
Cerrar sesión