En 2010, España era una víctima más de la crisis financiera que se había desatado en 2008 a nivel mundial. Entre las respuestas que ensayó el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, luego, de Mariano Rajoy, estuvo la reforma laboral que desató una huelga general que se constituyó en una de las piedras fundamentales del Movimiento 15-M, más conocido como “los indignados”. La modificación de la normativa tuvo dos ejes clave: la flexibilización de los despidos y de la negociación colectiva, en lo que se conoce como “ultraactividad”, concepto que trajo a colación en medio de la campaña para las elecciones presidenciales en Argentina, el asesor económico de la precandidata de Juntos por el Cambio (JxP) Patricia Bullrich, Dante Sica. Cuáles fueron los ejes de la reforma y cuál su impacto.
En una entrevista con Ernesto Tenembaun, Sica hizo referencia a los planes en términos laborales en caso de que Bullrich llegue a la presidencia tras las elecciones de este año: “Suspender la ultraactividad temporalmente de los convenios colectivos de trabajo durante un tiempo para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas”, explicó el asesor económico. A continuación, citó como ejemplo la modificación que España hizo en 2010 -aunque más atrás en el tiempo hay otro ejemplo: la reforma laboral argentina del 2000, más conocida como la “Ley Banelco”- y explicó que la ultraactividad es un concepto que hay dentro de la ley de convenciones colectivas que, en realidad, es lo que las sostiene: es la negociación por rama y no por empresa, entonces, suspenderla implica que las empresas puedan no atenerse a las negociaciones generales.
La reforma laboral en España
Según el dato de la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas publicado por la BBC en junio de 2010, en ese último año (2009-2010) 200 mil empresas habían cerrado en España por la crisis. En ese contexto se empujó a la reforma laboral. Para defenderla, el ministro de Trabajo de entonces, Celestino Corbacho, dijo que "no se debe confundir la mayor flexibilidad que la reforma laboral de gobierno otorga a las empresas, para ser más competitivas en un entorno globalizado, con que se vayan a dañar los derechos de los trabajadores o se vaya hacia una mayor precariedad de los contratos".
"La reforma ayudará a resolver algunos de los problemas que arrastra el mercado de trabajo desde hace 20 años y contribuirá a dinamizar el mercado laboral, a crear empleo, a reducir la temporalidad y a acabar con la destrucción de puestos de trabajo", subrayó. Desde el sector empresario quedaron insatisfechos y pidieron medidas “más duras”. Para el presidente de la CEOE, la confederación empresarial, Gerardo Díaz Ferrán, es un “avance”, pero “no satisface las necesidades de la economía española”. PAGINA 12 Vale mencionar, en tanto, que en la votación el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y los catalanes de Convergencia i Unión (CiU), se abstuvieron.
Los puntos esenciales de la reforma, como ya fue mencionado fueron dos basados en la flexibilización, que perduraron diez años, incluida una rectificación hecha por el exmandatario del Partido Popular, Mariano Rajoy, en 2012: los despidos y las negociaciones colectivas.
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Ejes de la reforma laboral del España, en 2010 - 2012:
- Las empresas podían despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización por año trabajado. Lo podían cuando tuvieran pérdidas y, también, si preveían tenerlas, o ante una continuada caída de ingresos. Los sindicatos se opusieron y organizaron una huelga que tuvo poco éxito, reseñó el portal La Información.
- Daba a los jueces de lo laboral la herramienta necesaria para interpretarla en favor de la empresa. Hasta entonces, los empresarios acordaban con los sindicatos pagar 45 días de indemnización por año trabajado y 42 mensualidades de máximo, para no dilatar los despidos, pues los procesos se podían atascar en los juzgados eternamente, y durante ese tiempo los empresarios seguían pagando los salarios.
A esto, se sumaron más modificaciones de la ley de Zapatero: si un trabajador o trabajadora rechazaba un curso de formación en un plazo de hasta 30 días, podía ser sancionado. Además, se facilitaba el despido por ausencia en el puesto de trabajo; la ley rebajó también el índice de absentismo máximo que puede tener una empresa al 2,5%, lo cual aumentaba la posibilidad de los despidos objetivos. El índice de absentismo en España oscila alrededor del 6%. En ese momento fue cuando se introdujo que las empresas pudieran prescindir de los convenios colectivos sectoriales o del ramo. Son los convenios que fijan el salario base, los complementos y la retribución de las horas extra, así como la duración de la jornada y las medidas de conciliación. Con la Ley de Zapatero las empresas se podían descolgar de esas obligaciones temporalmente (por situaciones económicas), esto es lo que propuso Dante Sica.
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Las consecuencias
Según publicó el portal RTVE la reforma dejó como saldo un récord absoluto en la tasa de desempleo de España, el 22,85% con 5.273.600 personas desempleadas para el año siguiente, en 2011, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Pero no fue sólo eso: el contexto de crisis financiera golpeó de lleno en la economía con los precios de las viviendas, hacía ya unos años habían comenzado los desalojos y el descontento ya había empezado a generalizarse. De hecho, en 2009, ya se había creado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que organizó a miles de personas en situación de vulnerabilidad para evitar desalojos. Ese espacio hizo de base para la fundación de lo que luego se constituyó en el Movimiento de los Indignados al grito del “sí se puede”.
Desde allí y desde los sindicatos, el 29 de septiembre de 2012 se llevó a cabo una huelga general histórica. La crisis llevó a que Pablo Iglesias se convirtiera en una de las caras más visibles y, luego, en uno de los fundadores de Unidas Podemos. Ese partido político que llegó al país para trastocar el sistema bipartidista que subsistía desde llegada la democracia, en donde el Partido Socialista Obrero de España (PSOE) y el Partido Popular (PP) se intercalaban el poder en el Palacio de la Moncloa. La tasa de desempleo en el país para menores de 25 años había pasado los 50 puntos, por eso, entre otros puntos, el 15-M exigió la derogación de la reforma laboral. Reclamaban una regulación de las condiciones de los trabajadores ante un abaratamiento del despido, acabar con la temporalidad y ampliar los derechos laborales.
También abogaban por congelar la jubilación a los 65 años, repartir el trabajo a través del fomento de reducciones de jornada para bajar las cifras de desocupados, promover medidas de conciliación y un subsidio de 426 euros para los parados de larga duración. La mayoría de sus demandas quedaron en la nada, tras la llegada del PP al poder, que como se dijo perjudicaba todavía más a les trabajadores. Más de diez años después, con líderes y lideresas de ese movimiento en distintos estamentos del Gobierno, la reforma se hizo para atrás: el Gobierno de Pedro Sánchez, junto con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, derogó la reforma de 2012, y restableció entre otros puntos la ultraactividad de los convenios.
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